INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES  
ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA REFORMA DEL  
PROCESO PENAL EN PARAGUAY  
por Christian Marcelo Bernal Duarte*  
1
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Introducción  
La sanción del nuevo Código Procesal Penal en julio de 1998, Ley 1286,  
fue el resultado de un arduo trabajo orientado a superar el procedimiento inqui-  
sitivo caracterizado por la vulneración de los derechos y garantías de las perso-  
nas sometidas a un proceso judicial, que imperó tanto en el Paraguay como en  
otras países de Latinoamérica.  
La nueva norma, fiel al modelo acusatorio, propone la simplificación de  
los requisitos formales, de los actos procesales, también la mayor libertad para  
la obtención de los medios probatorios y el acceso a la Justicia a todos los habi-  
1
tantes del Paraguay .  
Luego de largos años de inmovilidad y relativa aislación vividas en el Para-  
guay como resultado de sus circunstancias históricas, la idea de reformar la secular  
legislación procesal penal paraguaya, en el marco del proceso general de transforma-  
ciones institucionales, se hizo imprescindible. Como ejemplo de esta transformación  
valen mencionar las garantías procesales enunciadas en el título I del Código Pro-  
cesal Penal adoptado en el año 1999, que es un reflejo literal de los derechos funda-  
mentales enunciados en la Constitución Nacional del año 1992, es decir la reforma  
procesal refleja el espíritu de la Carta Magna como un todo coherente y armónico.  
2
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Antecedentes  
Las garantías procesales se presentan como límites al poder coercitivo es-  
tatal utilizado en el proceso penal para garantizar el acceso a la verdad. Estos  
límites impuestos en el proceso penal se fundan en la necesidad de respetar la  
dignidad del procesado y de cualquier ciudadano, que pueda verse afectada,  
como consecuencia de alguna actividad procesal.  
A raíz de los cambios ocurridos en Latinoamérica, específicamente en  
lo que respecta al proceso penal, distintos países de la región, como ser: Guate-  
mala, El Salvador, Colombia, Perú, Ecuador, Honduras, Chile, Bolivia, Costa  
*
1
Abogado. Magister. Agente Fiscal en lo Penal.  
.
Cfr. REVISTA JURÍDICA. Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción (UCA). t. I., Artículo: “Régimen de la  
Actividad Procesal Defectuosa en el Nuevo Código Procesal Penal” por el Dr. Marcos Kohn Gallardo, Ed. Ediciones y  
Arte S.R.L., Asunción, 1999, p. 73.  
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Rica y algunas provincias argentinas, iniciaron el proceso de reforma de enjui-  
ciamiento penal con diferentes niveles de avance que sirvieron de modelo para  
que el Ministerio Público del Paraguay, influenciado por las transformaciones  
ocurridas en los países de la región, inicie la estructuración del proceso penal  
2
paraguayo , en el marco de una tendencia hacia la restitución, consolidación y  
3
ampliación democrática .  
Es así que, desde el Ministerio Público, se impulsaron las bases de una  
reforma integral que contó con el apoyo de la Corte Suprema de Justicia del  
Paraguay, de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Integral (US-  
AID), del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales del  
Paraguay (INECIP) y de varios juristas nacionales.  
La redacción del anteproyecto referente a la legislación penal, en su parte  
general y especial, fue confiada al experto alemán profesor doctor Wolfang Shö-  
ne, que presentó el proyecto de un código de moderna estructura, cuyas disposi-  
ciones exigieron un adecuado análisis y tarea de difusión.  
En lo que respecta a los procedimientos, se conformó una comisión redac-  
tora con varios juristas nacionales que contó con el asesoramiento del consultor  
internacional doctor Alberto Binder, que tuvo por resultado la construcción teó-  
rica e intelectual de un proceso penal más garantista para el Paraguay.  
El anteproyecto fue publicado en el año 1994 y sometido a una intensa  
tarea de discusión y difusión ampliamente participativa. Así, se dictaron confe-  
rencias y se celebraron numerosos encuentros con especialistas extranjeros, se  
desarrollaron foros internacionales con intervención de los proyectistas, quienes  
coincidieron en destacar la conveniencia de los puntos centrales del trabajo.  
Cabe mencionar otro hito que afianzó el proceso de la reforma penal y pro-  
cesal penal iniciadas por el Paraguay, que fue la sanción en noviembre de 1997, de  
la Ley 1160, que puso en vigencia el nuevo Código Penal paraguayo. A este acon-  
tecimiento vale agregar que en el mes de marzo del año 1998, el anteproyecto del  
Código de Proceso Penal fue convertido en proyecto, previo un análisis realizado  
a través del intenso trabajo de una Comisión Revisora que estaba integrada por se-  
nadores y diputados además de los redactores y algunos expertos internacionales.  
El proyecto fue sancionado por la Cámara de Senadores como Ley 1286, el 26 de  
mayo de 1998 y fue publicada en fecha 8 de julio de 1998.  
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3
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Cfr. REVISTA PENA Y ESTADO. El Ministerio Público. Revista Latinoamericana de Política Criminal. Nº2. Inecip-  
Argentina, Editores del Puerto, Buenos Aires, 1997.  
Cfr. TORRES KIRMSER, José Raúl. Hacia una Reforma del Procedimiento Penal. Compilación de trabajos presentados  
en el marco del Seminario Internacional de Asunción en el ámbito del MERCOSUR .Julio, 1992.  
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La sanción de la Ley 1286/98 representó una inteligente combinación de  
utopías republicanas, provenientes de sectores latinoamericanos comprometidos  
con la democracia, sumadas a la buena visión de la dirigencia política paraguaya  
(acordes a las exigencias estructurales de centros mundiales de poder) y a cues-  
tiones coyunturales internas de nuestro proceso histórico que prestaron su apoyo  
a la promulgación del nuevo código.  
Es dable destacar que la modificación del proceso penal se dio en un  
contexto histórico coincidente con el término de un periodo presidencial y  
parlamentario, sin que se tenga en cuenta la necesidad de extender el plazo de  
promulgación para profundizar en las discusiones jurídicas, en especial en lo  
relacionado a los procesos iniciados con el Código de Procedimientos de 1890.  
Es así que el tema de la transición fue postergado en la creencia inteligencia de  
que las problemáticas surgidas puedan ser tratadas con suficiente tiempo para no  
cometer nuevos errores de reformas en nuestro sistema.  
Ante la ausencia de un proyecto en sede parlamentaria y la necesidad  
de tener medidas que faciliten la entrada en vigor del nuevo código, la Corte  
Suprema de Justicia constituyó una Oficina Técnica para estudiar y acompañar  
la problemática de la transición. La Oficina Técnica, sobre la base de traba-  
jos efectuados por INECIP (Instituto de Ciencias Penales del Paraguay), con el  
apoyo de asesores internacionales, de la cooperación internacional (AID) y en  
coordinación con la Fiscalía General del Estado generó un anteproyecto de ley  
de transición que fue presentado a la Corte Suprema de Justicia y fue sancionada  
4
por Ley 1444/99 .  
El Código Procesal Penal entró en vigencia el 1 de marzo de 2000; la tran-  
sición prevista para su aplicación se extendió desde el 9 de julio de 1999 hasta  
el 28 de febrero del 2003. Dividió dicho periodo en dos etapas; la primera de vi-  
gencia parcial, del 9 de julio de 1999 hasta el 29 de febrero de 2000, y la segunda  
de vigencia plena, desde el 1 de marzo de 2000 hasta el 28 de febrero de 2003,  
fecha a partir de la cual entró a regir para todo el territorio de la República del  
Paraguay el nuevo ordenamiento procesal penal.  
Muchos autores han analizado los problemas que vienen arrastrando los  
sistemas penales en América Latina, producto de esas anticuadas estructuras tan  
5
reiteradamente criticadas . Sin embargo, son pocos los que se han preocupado  
de señalar que las dificultades también derivan de una forma de “ser”, de un  
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5
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Cfr. REVISTA JURÍDICA. Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. t. I., op.cit. p. 89.  
Cfr. AMBOS, Kai Asan, Fauzi Chourk; A Reforma do Processo Penal No Brasil e na América Latina. Sao Paulo: Editora  
Método, 2001.  
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desajuste de pensamiento y modo de convivir que se enquistó en las sociedades  
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y a las que resulta difícil erradicar .  
Para lograr una adecuada transformación de la justicia penal y vencer los  
principales obstáculos que se le enfrentan, se debe reconocer en primer término  
que no se trata solamente de calificar como “inquisitivos” a los sistemas proce-  
sales de la mayoría de los países, dadas sus particulares características, sino que  
se debe admitir que llegó a constituirse un específico modo de “ situarse ante la  
7
realidad y considerarla” una verdadera mentalidad, una “cultura inquisitiva”  
que se enrizó en el devenir histórico de las naciones de esta parte del continente,  
como ocurrió en el Paraguay durante muchos años.  
Esa cultura presenta ciertos rasgos muy significativos y comunes: una  
mentalidad eminentemente formalista que conduce al excesivo ritualismo escri-  
to con preservación de las formas, como si esto produjese la solución del conflic-  
to. Jueces y demás sujetos del proceso utilizan un lenguaje alambicado y oscuro  
(con excusa del tecnicismo) que aleja a la administración de justicia de su propó-  
sito dentro de la comunidad, pero que sirve en alguna medida para justificar la  
8
necesidad de buscarse la asesoría de un abogado .  
También dentro de ese sistema, se encuentra una mentalidad burocrática,  
apegada a los trámites antes que al interés en resolver los conflictos, por lo que  
los escasos recursos no se utilizan de modo productivo sino de forma dispendio-  
sa e ineficiente. Asimismo, esa mentalidad se manifiesta con toda plenitud en la  
delegación de funciones, por la cual funcionarios judiciales de segundo orden  
asumen y cumplen funciones jurisdiccionales que no les son propias: escribien-  
tes u oficinistas que reciben declaraciones de los imputados, de testigos o peritos,  
o lo que es aún peor que hacen resoluciones escritas o toman decisiones para los  
que no están facultados ni autorizados.  
“La cultura inquisitiva conlleva que jueces y abogados tengan por lo general  
una actitud temerosa, pues les preocupa (muchas veces con razón, dado el criterio  
igualmente formal y burócrata de sus superiores jerárquicos) la violación de los  
ritos y formas que derivan en la observancia de las minucias y trámites del proceso,  
antes que en su verdadero cometido, como el de conseguir esa anhelada justicia”.  
6
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Cfr. BINDER, Alberto; “Estrategias para la reforma de la de la justicia penal”, en Justicia Penal y Estado de Derecho,  
publicación del Llanud y del Organismo Judicial de Guatemala con motivo del Congreso Regional celebrado entre el 5 y  
el 8 de marzo de 1992 en ciudad de Guatemala.  
7
8
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Cfr. HOUED, Mario A., Cecilia Sánchez y David Falla; Proceso Penal y derechos Fundamentales. Costa Rica-San José.  
Editora: Escuela Judicial, 1997.  
Cfr. BINDER, Alberto; ob.cit. Señala que: “la gente siente que necesita del abogado no solo para revolver su conflicto,  
sino también para que oficie como una suerte de “traductor” del complicado lenguaje judicial.  
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Es una obligación para el proceso penal moderno la superación de esa cla-  
se de mentalidad de “cultura inquisitiva”, que tiene anclado el desarrollo de la  
vida institucional de un país porque “así como no se puede modificar la cultura  
sin cambiar el sistema procesal, el cambio de este último no garantiza por sí solo  
una transformación social”. Por ello, se puede afirmar hoy día que la reforma en  
el ámbito de la justicia penal trasciende los alcances de una necesidad política  
9
para situarse además en el plano de una necesidad práctica y si aquella, tildada  
de modo reiterado como colapsada, inoperante y sin claros propósitos puede  
al fin vislumbrar un camino hacia su mejoramiento, bienvenidos sean todos los  
esfuerzos que se realicen en nuestras naciones.  
Son varios los cambios fundamentales introducidos en el proceso penal  
paraguayo, sobre la base de que la sociedad pueda transitar de lo tradicional  
hacia una nueva etapa con la democracia, respetando las garantías y derechos  
consagrados en la Constitución Nacional del año 1992, en consideración con  
los principios básicos de legalidad material, de reprochabilidad personal y de la  
proporcionalidad de las penas. Para estar en concordancia con el orden interna-  
cional asume la responsabilidad de los compromisos consagrados en los pactos  
internacionales ratificados por el Paraguay y de las declaraciones de las Nacio-  
nes Unidas con respecto a los derechos humanos.  
Esta adaptación a la realidad paraguaya recoge las corrientes de la moder-  
na política criminal internacional y utiliza como fuente del derecho comparado  
las legislaciones vigentes en el extranjero y, además, los proyectos de reforma en  
España y de la República Federal Alemana. Este pensamiento estuvo presente  
en la elaboración e implementación del Código Penal en el Paraguay. La adapta-  
ción a nuestra realidad se obtuvo mediante el análisis y comprobación personal  
de las situaciones reales de las condiciones sociales y económicas, como también  
de la idiosincrasia nacional, para reestructurar el sistema de sanciones y las me-  
1
0
didas de seguridad jurídica con el fin de obtener utilidad social .  
En materia procesal, la reforma también es notoria al abandonarse el sis-  
tema inquisitivo, cuyas características principales se mencionó más arriba, arri-  
bando así a un nuevo modelo de justicia de tipo acusatorio con nueva de gama de  
instituciones que redundan principalmente en las garantías del debido proceso.  
9
1
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Cfr. MAIER Julio. “Democracia y Administración de Justicia Penal en Iberoamérica” en Reformas Procesales en Amé-  
rica Latina. Editora: CPU, Santiago de Chile, 1993.  
0. REVISTA JURÍDICA. Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción (UCA), t.I., p.105. Editora: Ediciones y  
Arte S.R.L. Asunción, 1999.  
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El proceso de reforma judicial en el Paraguay se inicia con la aprobación  
de la Constitución Nacional del año 1992, en donde se perfila un nuevo sistema  
judicial congruente con los principios del sistema de gobierno republicano, so-  
cial y democrático de derecho como lo establece la Carta Magna. Este proceso  
se concreta a partir del 1 de marzo del año 2000, con la entrada en vigencia de  
un nuevo ordenamiento jurídico procesal que desarrolla y torna operativas las  
garantías y principios constitucionales.  
Entre los institutos y procedimientos más novedosos y significativos intro-  
1
1
ducidos con la reforma del Código de Procedimientos Penales se pueden citar :  
-
-
-
Asignación al Ministerio Público de importantes facultades en la investigación  
del delito y en la dirección funcional de la Policía, durante la etapa preparatoria.  
Introducción de mecanismos procesales que garanticen al ciudadano el ple-  
no derecho a disfrutar de una defensa efectiva.  
Incorporación del juicio oral como acto central del procedimiento.  
Aplicación de mecanismos de control relativos a la duración del proceso.  
-
-
Introducción de mecanismos de resolución alternativa al procedimiento or-  
dinario tales como las figuras del Criterio de Oportunidad, la Suspensión  
Condicional del Procedimiento, la Conciliación, el Procedimiento Abrevia-  
do y la Suspensión de la ejecución de la Condena.  
-
-
La excepcionalidad, proporcionalidad y limitación de la duración de las  
medidas cautelares.  
El establecimiento de procedimientos especiales en atención a la naturaleza  
del conflicto penal-jurídico para delitos de acción penal privada por ejemplo,  
en atención a la naturaleza de la sanción, juicio para la aplicación de las me-  
didas y a las características de la población implicada en el conflicto, como los  
procedimientos para los hechos relacionados con pueblos indígenas.  
Otra de las características resaltantes es la Etapa Preparatoria (art. 279  
CPP), cuya finalidad es totalmente distinta al sumario del sistema inquisitivo,  
ya que la etapa preparatoria o preliminar solo permite fundar la convicción del  
1
2
fiscal en lo que respecta a la acusación y no la convicción que funda la deci-  
1
1
1. Seguimiento de los Procesos de Reforma en América Latina. Informe Paraguay, (Cooperación Técnica Alemana-GTZ) y  
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo-PNDU), 2000.  
(
2. Cfr. REVISTA PENAL Y ESTADO. ob.cit  
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sión de aplicar o no coerción penal como respuesta al hecho. Esta diferencia del  
sentido de la búsqueda de la verdad que se verifica por en la Etapa Preparatoria,  
es fundamental que sea comprendida por la defensa a los efectos de que cumpla  
con su rol en el proceso.  
Cabe puntualizar que, en el nuevo proceso penal vigente, la escrituración  
tiene un significado diferente al sistema escrito del sistema inquisitivo. En efec-  
to, actualmente la escritura sirve como simple registro de ciertos actos procesales  
fundamentales llevados a cabo dentro del proceso. El nuevo proceso penal obliga  
a la oralidad, en la realización de ciertos actos, así como en la interposición de  
recursos y fundamentación de resoluciones (entre otros) que se substanciarán  
oralmente. Con ello, se establece una nueva lógica escriturista (Artículos 281 y  
2
83 del Código Procesal Penal paraguayo).  
La información almacenada vía escritura no puede ser utilizada como  
fuente de decisión, la misma surge de los debates orales con la presencia inme-  
diata de las partes: imputado, fiscal, defensa, juez y dicha convicción se encon-  
trará en los sujetos dentro de la relación procesal, que expondrán y defenderán  
sus posturas jurídicas en las audiencias o en escritos fundamentales que sean úti-  
les para garantizar que la resolución surja de la audiencia oral correspondiente.  
Por último, se puede agregar que de todo el mecanismo dado en la Etapa  
Preparatoria, surge la oralidad como medio de realización del proceso y cons-  
tituye un aspecto de su informalidad. Se resalta que esta etapa solo será públi-  
ca para las partes del proceso penal: imputado, defensa, etc., como ejemplo: la  
defensa debe estar en conocimiento de los posibles testigos que el Ministerio  
Público llame a declarar. También la Fiscalía tiene libre ámbito de realización  
de su investigación pudiendo trasladarse al lugar de los hechos, conversar con las  
personas afectadas, realizar croquis, preguntas y todo lo que sea necesario para  
argumentar su futura acusación contra la persona sospechosa de la realización  
de algún ilícito y sólo requerirá autorización para el acto investigativo que pre-  
tende realizar en los actos que requieran autorización judicial. Esta desformali-  
zación de la investigación se funda en criterios de eficiencia, eficacia y celeridad  
procesal.  
Otra de las innovaciones fundamentales en este nuevo proceso son las  
figuras jurídicas relacionados a las medidas cautelares y en especial a la prisión  
preventiva. Sobre el punto, es menester resaltar el art. 238 del CPP que fundado  
en cuestiones humanitarias establece que: “No se podrá decretar la prisión pre-  
ventiva de las personas mayores de setenta años, de las mujeres en los últimos  
meses de embarazo, de las madres durante la lactancia de sus hijos o de las per-  
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sonas afectadas por una enfermedad grave y terminal debidamente comprobada.  
En estos casos, si es imprescindible alguna medida cautelar de carácter personal,  
se decretará el arresto domiciliario”.  
Tampoco podrá aplicarse prisión preventiva en los delitos de acción penal  
privada listados en el Art. 17 incisos 1 al 14 del Código Penal paraguayo, cuando la  
pena prevista no sea privativa de libertad o cuando la privación de libertad aplicable  
como sanción sea inferior a un año (Art. 237 del Código Procesal Penal paraguayo).  
Con este nuevo concepto adoptado dentro de la figura de la prisión pre-  
ventiva queda demostrado el contexto sobre el cual fue abordada la reforma  
penal y procesal paraguaya: basada en el respeto a la dignidad humana y a los  
derechos inherentes a la persona.  
A la luz de este nuevo proceso, queda claro que en el sistema inquisitivo  
el encausado no era precisamente un sujeto portador de garantías y derechos,  
sino más bien un objeto de información que debía ser bien resguardado dentro  
de las rejas, para rescatar, en ocasiones, por medio de torturas, esa confesión tan  
anhelada por las autoridades.  
Podría decirse que la transición de un proceso inquisitivo al contexto acu-  
satorio se puede confrontar con ese cambio en el trato que se le otorga a la dig-  
nidad humana y que los medios coercitivos de las torturas demostraron ser insu-  
1
3
ficientes para superar la finalidad propia de su origen . Es así que se construyó  
el camino hacia un proceso penal más justo dentro del Paraguay, que brinde a  
las personas sometidas a un proceso penal, el amplio ejercicio de sus derechos y  
garantías establecidas en la Constitución y en las leyes.  
3
.
Juez Penal de Garantías  
Antes de referirse a la función jurisdiccional del nuevo juez penal, se debe  
tener muy claro que en el sistema de enjuiciamiento que se ha dejado atrás, la ad-  
ministración de justicia penal paraguaya, a lo largo de la historia, nunca produjo  
lo que doctrinalmente se conoce como “debido proceso judicial”. Esto es así,  
porque los principios de inmediación, concentración, continuidad y publicidad,  
no tenían cabida dentro del procedimiento inquisitivo.  
Vale decir que se llegó al punto de que esos principios rectores del proceso  
penal o del juicio fueron sistemáticamente violentados por una ley procesal in-  
1
3. Cfr. SCHONE, Wolfgang. Contribuciones al Orden Jurídico-Penal Paraguayo. Paraguay-Asunción: Editora Interconti-  
nental, 2000.  
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constitucional, que produjo como consecuencia, un descreimiento por parte del  
conjunto social hacia los administradores de justicia que resolvían los conflictos  
a puertas cerradas, sin valores de justicia.  
La nueva ley procesal penal permite la inserción del juez penal al modelo  
democrático de resolver los conflictos penales. En primer lugar, su función pri-  
mordial es resolver el conflicto que se le presenta despreocupándose de la investi-  
gación de los hechos punibles, que constituye función del Ministerio Público. En  
segundo lugar, el juez penal se constituye en garante de los principios, derechos  
y garantías de toda persona sospechada o investigada por la supuesta comisión  
de un hecho punible, o dicho en otras palabras, el juez penal debe constituirse en  
el último garante y refugio de los imputados.  
También estructuró el proceso en etapas, de las cuales la primera y la se-  
gunda (etapas preparatoria e intermedia) están a cargo de un juez penal (juez de  
control de garantías constitucionales), en tanto que la tercera etapa (de Juicio  
oral y público) estará a cargo de un Tribunal de Sentencia; todo esto para preser-  
var el Principio de Imparcialidad. Así, los jueces que controlan la investigación,  
la acusación del fiscal, la preparación del juicio, proporcionan sus conclusiones  
a un tribunal de jueces que no conoce nada del caso ni del acusado; para evitar  
que el propio juez que intervino en la etapa preparatoria y controló la legalidad  
de las pruebas sea el que juzgue y en definitiva, absuelva o condene.  
4
.
Concepto de Juzgado Penal  
Los Juzgados Penales serán los encargados de garantizar la observancia  
de los derechos del imputado durante la Etapa Preparatoria o de Investigación  
de los hechos punibles y de controlar la acusación del Ministerio Público y del  
querellante adhesivo. En la Etapa Preparatoria se espera que el juez penal asu-  
ma una posición de garante de los derechos del imputado, contra cualquier po-  
sibilidad de abusos o violaciones por parte de los acusadores o sus órganos auxi-  
liares; nunca debe asumir funciones persecutorias o de investigación. El nuevo  
Código Procesal Penal otorga a los jueces penales competencias materiales que  
les adoptar algunas decisiones, que a continuación se detallan:  
-
Las decisiones de naturaleza jurisdiccional que se deban tomar durante la  
etapa preparatoria.  
-
-
De la sustanciación y resolución del procedimiento en la etapa intermedia; y,  
De la sustanciación y resolución del procedimiento abreviado (Art. 42  
CPP).  
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5
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Etapa Preparatoria  
El Código Procesal Paraguayo expresa que: “La etapa preparatoria tendrá  
por objeto comprobar, mediante las diligencias conducentes al descubrimiento  
de la verdad, la existencia del hecho delictivo, individualizar a los autores y par-  
ticipantes, recolectar los elementos probatorios que permitan fundar, en su caso,  
la acusación fiscal o del querellantes así como la defensa del Imputado, y veri-  
ficar las condiciones personales, antecedentes y estado psíquico del imputado”  
(Art. 279. 1ª Parte, CPP).  
En esta etapa, el juez penal de Garantías debe controlar la investigación  
del Ministerio Público o del querellante adhesivo y, en su caso, las pruebas que  
serán aportadas por la defensa (Art. 282 CPP). Mientras que es el Ministerio  
Público quien dirige la investigación de los hechos punibles, a través de sus agen-  
tes fiscales y asistentes fiscales, junto a sus órganos auxiliares que son la Policía  
Nacional y la Policía Judicial, de necesaria creación.  
La Constitución Nacional otorga la titularidad de la acción penal pública al  
Ministerio Público. De ella deriva la facultad de dirigir la investigación de los he-  
chos punibles. A su vez, le faculta a presentar, ante los jueces penales, la acusación  
contra un ciudadano. Esta responsabilidad substancial del Ministerio Público es  
expresada con la carga de la prueba, por lo cual es responsable de probar en juicio  
oral y público los hechos que fundamenten su acusación (Art.53 C.P.P.).  
La Etapa Preparatoria no podrá durar más allá de seis meses de iniciada una in-  
vestigación. Se podrá solicitar una prórroga ordinaria y otra extraordinaria. La primera  
podrá ser concedida por el juez penal de Garantías, mientras que la prórroga extraordi-  
naria, sólo podrá ser admitida por el Tribunal de Apelación (Art.325 y 326 CPP).  
6
.
Síntesis de las funciones del Juez Penal en esta etapa  
En esta etapa, el juez penal de Garantías no tendrá intervención directa  
durante la investigación de los hechos punibles, su función se limitará al control  
de la investigación fiscal en cuanto al cumplimiento de las garantías y formali-  
dades legales, como ser la forma de obtener las evidencias que serán utilizadas el  
día del Juicio Oral y Público, la determinación de la medidas cautelares contra la  
persona del imputado o sus bienes, la determinación si existe mérito para dictar  
o no el Auto de Apertura a Juicio, o por el sobreseimiento provisional o defini-  
tivo, la aplicación de una salida alternativa concluyendo el procedimiento, etc.  
Todo ello sobre la base del respeto a las garantías del imputado y el de asegurar  
la prueba que producirá en el Juicio.  
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7
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Conclusión  
Una de las grandes conquistas con la adopción de esta nueva legislación  
fue la de imponer un procedimiento de búsqueda de la verdad dentro del proceso  
penal, fundada sobre el respeto de los derechos fundamentales, del debido proce-  
so, con un órgano acusador y otro decisor. Contrariamente al proceso inquisitivo  
que se caracterizaba por buscar la verdad de la noticia criminis en la detención  
de las personas y sobre las bases de la facultad investigativa e inquisidora del  
1
4
cual estaba investido el juez .  
Sobre la reforma en el procedimiento penal paraguayo debe tenerse en  
cuenta que si bien cada país tiene su propia experiencia, particularidades y pro-  
blemas, se ha dado en este terreno una uniformidad en la aplicación del sistema  
acusatorio.  
En consecuencia, muchas de las dificultades que pueden presentarse en  
el Paraguay no son privativas de esta nación sino que son características que se  
encuentran en todos los Estados de la gran patria latinoamericana, que han em-  
prendido el arduo sendero de la modernización y democratización de procesal  
1
5
penal .  
1
1
4. Cfr. REVISTA PENA Y ESTADO. ob.cit  
5. Cfr. HOUED, Mario A., Cecilia Sánchez y David Fallas, ob.cit.  
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