01_Emilio_A.

Resumen

A pesar de contar con un marco jurídico sólido para la protección de la infancia, Paraguay enfrenta persistentes brechas estructurales y generacionales en la formación y actuación de profesionales del derecho que intervienen en casos de violencia y abuso sexual infantil (VASI). El objetivo es contribuir al desarrollo de respuestas más equitativas, coordinadas e informadas sobre el trauma en la atención a la VASI, destacando brechas específicas que orienten estrategias para el diseño de políticas públicas eficaces. Es una investigación de tipo descriptivo, con enfoque cualitativo, diseño no experimental y de alcance transversal realizada entre 2023 y 2024 con 1.557 profesionales del ámbito jurídico en 14 departamentos, mediante la aplicación de un instrumento validado que midió conocimientos normativos, acceso a la capacitación, prácticas forenses y coordinación interinstitucional. Los resultados muestran que variables como género, experiencia y pertenencia institucional influyen significativamente en la calidad de la respuesta jurídica. Las mujeres y quienes acumulan experiencia en el sector público reportaron mayor formación y mejores prácticas, mientras que los varones, los recién graduados y quienes trabajan en el ámbito privado evidenciaron menor adherencia a los protocolos. Aunque 87 % declaró poseer conocimiento legal sobre la materia, 53 % manifestó aplicarlo de manera sistemática. Entre los principales obstáculos se identifican la escasez de personal especializado, la débil articulación interinstitucional y el uso limitado de herramientas técnico-forenses. En conclusión, los hallazgos refuerzan la urgencia de fortalecer las capacidades institucionales y adoptar políticas diferenciadas de formación con enfoque en niñez y adolescencia.

Palabras claves: violencia y abuso sexual infantil, sistema jurídico paraguayo, formación profesional, derechos de la infancia.

Abstract

Despite having a robust legal framework for child protection, Paraguay faces persistent structural and generational gaps in the training and performance of legal professionals involved in cases of child sexual abuse and violence (CSAV). The objective of this study is to contribute to the development of more equitable, coordinated, and trauma-informed responses to CSAV by identifying specific gaps to guide effective public policy design. This is a descriptive, qualitative, non-experimental, and cross-sectional investigation conducted between 2023 and 2024 with 1,557 legal professionals across 14 departments, using a validated instrument that measured normative knowledge, access to training, forensic practices, and inter-institutional coordination. The results show that variables such as gender, professional experience, and institutional affiliation significantly influence the quality of the legal response. Women and those with experience in the public sector reported higher levels of training and better practices, whereas men, recent graduates, and those working in the private sector demonstrated lower adherence to protocols. Although 87 % of respondents claimed to have legal knowledge on the subject, only 53 % stated they apply it systematically. Key obstacles identified include a shortage of specialized personnel, weak inter-agency coordination, and the limited use of technical-forensic tools. In conclusion, the findings underscore the urgent need to strengthen institutional capacities and adopt differentiated training policies incorporating children’s rights approach.

Keywords: child sexual abuse and violence, paraguayan legal system, professional training, children’s rights.

Ñemombyky

Paraguái oguerekóramo jepe léi imbarete porãva oñangareko mante haguã mitãnguérare, ñane retã ko’ãga oñandu tuicha ojuavyha umi ko’ãga okakuaa pyahúva rembiapópe umi profesional del derecho ointerveníva umi káso oikóva violencia ha abuso sexual infantil-pe (VASI). Ko tembiapo omoirũse oñembohovái joja porã haguã, oñecoordina porã ha oñemombe’u haguã hekopete umi trauma ojehasáva oñeñantendé porãve hagua VASI-PE, upépe ohechakáta mamópa ojoavy hína ha upéva ári omyesakãta mba’e tapérupipa ojeguata va’erã oñediseña haguã políticas publicas iporáva oñekotevẽva. Ko jehapykuerereka ojejapo tipo descriptivo, oguereko enfoque cualitativo, ha diseño no experimental ha ojepysóva áño 2023 guive 2024 peve ohupytýva1157 profesional ikatúpyrýva léi ñemboguatápe iñasãiva 14 departamento, ojeporú peteĩ intrumento jeroviaha upéva omedi mba’épa oikuaa hikái ko normativa rehegua, oñembokatupyrýpa, mba’éhapa ojapo umi forense ha mba’éichapa omaba’apo joaju institución háicha. Oñembyapu’ávo ojehecha umi pe respuesta jurídica ryepýpe oikeha: género, experiencia ha avei pe pertenencia institucional. Kuñanguéra oguerekóva experiencia sector público-pe ohechauka oguerekoveha formación ha hembiapo porãva ha kuimba’ekuéra omba’apóva sector privado-pe rehe ojehechakuaave ndoguatapái umi protocolo ojerurehaícha. Odeclaráramo jepe 87% oikuapaha léi pegua ko témaregua, upévagui 53% he’i ojapo hague hekoitépe porã. Ojejuhu heta ñepysanga, ha umírupi ojejuhu sa’iha profesional especializado, ndojoaju porãi institución kuéra oñondive omba’apo jojaju haguã, ndojeporu guasúi umi tembiporu técnico-forense pegua. Oñembyapu’ávo, hesakáve tekotevẽha oñemombareteve institución ryepýpe ñembokatupyry, tojehechakuaa tekotevẽha oñemoinge mitã derécho rehegua.

Ñe’ẽ tee: Jejahéi, mitã rehegua abuso sexual, léikuéra ñemohenda paraguaype, profesionalkuéra ñembokatupyry, mitãnguéra derécho.

Introducción

El abuso sexual infantil sigue siendo un problema generalizado y poco abordado en Paraguay, a pesar de la existencia de un marco jurídico integral alineado con las normas internacionales de derechos humanos. El país ha ratificado la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño (CDN) y ha establecido protecciones específicas en su Constitución Nacional, Código Penal y Código de la Niñez y la Adolescencia. Adicionalmente, Paraguay ha adoptado protocolos intersectoriales, como la Ruta Interinstitucional de Atención Integral a la VASI 2021, diseñada para coordinar las respuestas judiciales, sanitarias y del sistema de protección. Sin embargo, las brechas sistémicas en la implementación continúan socavando el acceso a la justicia para las víctimas y refuerzan los ciclos de impunidad.

Los datos más recientes del Ministerio Público evidencian la persistencia y gravedad del abuso sexual contra niñas y niños como un problema estructural de violencia, con una incidencia que mantiene niveles alarmantes en el país. Entre enero y mayo de 2025 se registraron 1.305 casos de abuso sexual en niños, lo que equivale a un promedio de ocho a nueve víctimas por día, de las cuales el 87 % son menores de 14 años. El análisis por sexo muestra que 66 % de las víctimas son niñas y 34 % niños, confirmando una tendencia sostenida en las estadísticas nacionales. Aunque los reportes del periodo no incluyen la caracterización de los agresores, series estadísticas anteriores indican que el 99,5 % de las personas imputadas por este hecho punible son varones, lo que reafirma el patrón de violencia sexual ejercida mayoritariamente por hombres.

Asimismo, se observa que el 87 % de los casos ocurre en el entorno familiar o de confianza, un hallazgo consistente con estimaciones de organismos internacionales como UNICEF y UNFPA, que señalan que entre el 80 % y 95 % de los abusos se producen en espacios donde las niñas y los niños deberían estar protegidos. Complementariamente, el Ministerio Público reporta que delitos relacionados, como los actos homosexuales en personas menores, aunque menos frecuentes (cinco casos registrados entre enero y abril de 2024), forman parte del mismo espectro de vulneraciones graves de derechos. Este panorama subraya la urgencia de fortalecer las respuestas institucionales, la detección temprana y los mecanismos de protección integral frente a estas formas de violencia sexual infantil.

Los profesionales del derecho −jueces, fiscales, defensores públicos, auxiliares de justicia y abogados litigantes− desempeñan un papel fundamental en la investigación y el enjuiciamiento de los casos de VASI. Sin embargo, la evidencia disponible sugiere que su capacidad para abordar eficazmente estos casos a menudo se ve obstaculizada por una capacitación inadecuada, falta de coordinación interinstitucional y la aplicación insuficiente de herramientas −y técnicas− forenses y psicosociales. El sexo, los años de experiencia profesional, la afiliación institucional −pública o privada− y la cohorte generacional de graduados en derecho parecen influir en la forma en que se manejan los casos de VASI en la práctica. A pesar de la creciente conciencia de las obligaciones legales, las prácticas profesionales siguen siendo inconsistentes y, en algunos casos, contribuyen inadvertidamente a la revictimización de los niños, las niñas y adolescentes.

Este estudio se basa en una investigación empírica a gran escala realizada en 14 departamentos de Paraguay, en la que participaron 1.557 profesionales del derecho que están involucrados, o se espera que estén involucrados, en casos relacionados con la VASI. Mediante la combinación de datos cuantitativos con perspectivas cualitativas, el estudio tiene como objetivo identificar las disparidades estructurales y generacionales en la formación profesional, la aplicación normativa y las capacidades de respuesta institucional. Los hallazgos contribuyen a una comprensión más profunda de cómo los actores legales interpretan, aplican o descuidan los mandatos normativos para proteger a los niños de la violencia sexual.

La comprensión de estas disparidades no solo es de interés académico, sino también de importancia estratégica para el diseño de políticas, la reforma judicial y la formación profesional en Paraguay y jurisdicciones similares. Al destacar brechas específicas y proponer estrategias viables, este estudio busca apoyar el desarrollo de respuestas más equitativas, coordinadas e informadas sobre el trauma a la VASI.

Los objetivos específicos de este estudio son:

1. Evaluar el nivel de conocimiento jurídico y aplicación normativa de los profesionales del derecho involucrados en casos de VASI, desagregados por género, sector institucional y años de experiencia profesional.

2. Identificar las disparidades en el acceso a la capacitación sobre abuso sexual infantil, procedimientos forenses y violencia específica hacia niños o niñas entre diferentes subgrupos de profesionales del derecho.

3. Examinar el grado en que los profesionales implementan la planificación de la investigación y utilizan herramientas forenses en el manejo legal de los casos de VASI.

4. Analizar la prevalencia y los patrones de consulta profesional y coordinación institucional, especialmente en ausencia de mecanismos formales de apoyo.

5. Explorar la influencia de los factores generacionales, como la cohorte de graduación, en la preparación, la práctica y los criterios de toma de decisiones aplicados por los profesionales del derecho.

6. Generar recomendaciones basadas en evidencia para mejorar las prácticas institucionales y las respuestas legales a la VASI en Paraguay, con atención de género, experiencia y sector profesional.

En este contexto, el presente estudio ofrece insumos relevantes para el fortalecimiento de las capacidades del Ministerio Público y del sistema de justicia en su conjunto, aportando datos empíricos que permiten identificar focos críticos de mejora institucional. Su valor no solo reside en la caracterización de brechas profesionales y estructurales, sino también en su potencial para orientar políticas de formación, coordinación interinstitucional y evaluación de desempeño. En línea con los mandatos constitucionales y los compromisos internacionales asumidos por el Paraguay, este trabajo busca contribuir al desarrollo de una respuesta penal más efectiva, coherente y sensible a los derechos de la niñez y la adolescencia.

Revisión de literatura y marco normativo

El ordenamiento jurídico paraguayo reconoce la protección de niños, niñas y adolescentes contra todas las formas de violencia, incluido el abuso sexual, como una obligación fundamental del Estado. Este mandato se sustenta, en primer lugar, en la Constitución Nacional, cuyo artículo 54 consagra el principio de protección preferente de la niñez y la adolescencia, afirmando su condición de sujetos plenos de derecho y ordenando que su interés superior prevalezca en toda decisión judicial, administrativa y política. Dicho principio deriva directamente de la incorporación al derecho interno de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), ratificada mediante la Ley n.º 57/1990, a partir de la cual la Constitución de 1992 adopta la Doctrina de la Protección Integral, dejando atrás el modelo tutelar de la “situación irregular” e imponiendo al Estado la obligación de garantizar la protección efectiva frente a cualquier forma de violencia, abuso, explotación o negligencia.

En el plano legislativo, el Código de la Niñez y la Adolescencia −Ley n.º 1680/2001− constituye el marco normativo central para la garantía de derechos, adoptando un enfoque integral que atribuye responsabilidades específicas a la familia, la sociedad y el Estado en la prevención, detección e intervención ante las distintas manifestaciones de violencia, incluido el abuso sexual. A ello se suma el Código Penal −Ley n.º 1160/1997 y sus modificaciones−. que tipifica el abuso sexual en niños y niñas en los artículos 135a y 135b, diferenciándolo del abuso sexual en personas adolescentes y adultas previsto en los artículos 136 a 140. La tipificación original, insuficiente por su baja expectativa de pena, fue objeto de importantes reformas, especialmente con la Ley n.º 7394/2024, que endureció la respuesta penal y modificó definiciones clave contenidas en el artículo 128 sobre coacción sexual y violación, a fin de adecuarlas a los estándares contemporáneos sobre la protección de la integridad sexual.

La normativa paraguaya también contempla leyes específicas orientadas a la prevención y atención del abuso sexual infantil. Entre ellas destaca la Ley n.º 6202/2018, que adopta normas para la prevención del abuso sexual y la atención integral de niños, niñas y adolescentes víctimas, estableciendo mecanismos de articulación interinstitucional, intervención especializada y obligación estatal de garantizar asistencia médica, psicológica y jurídica. Esta ley, que adopta normas para la prevención del abuso sexual y la atención integral de niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual, constituye uno de los avances normativos más importantes en la última década. Esta normativa establece la obligación estatal de implementar mecanismos de coordinación interinstitucional, incluyendo la creación taxativa de una Ruta de Intervención Interinstitucional para la atención integral. Si bien la ley anticipaba este instrumento, su contenido fue definido recién con la Resolución n.° 4/2021 del Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia (CONANNA), mediante la cual las instituciones competentes acordaron roles, procedimientos y estándares mínimos para la detección, derivación, atención, acompañamiento y seguimiento de las víctimas. Esta secuencia muestra con claridad la distancia entre el mandato normativo y su implementación efectiva.

La Ruta de Intervención Interinstitucional, aprobada en 2021, constituye el primer protocolo estatal con carácter vinculante que articula las funciones de los sistemas de salud, educación, niñez, justicia y seguridad en torno a la atención integral de víctimas de abuso sexual. Define los tiempos de respuesta, las obligaciones de comunicación, los procedimientos de abordaje inicial y los mecanismos de seguimiento. Su incorporación resulta esencial para comprender el ecosistema actual de protección y para identificar las brechas entre la normativa y la práctica profesional.

Complementariamente, la Ley n.º 6572/2020 crea el Registro Nacional de Agresores Sexuales de Niños, Niñas y Adolescentes (RAS) y un banco genético para contribuir a la investigación penal y a la prevención de la reincidencia. Complementariamente, la Ley n.º 5777/2016, aunque centrada en la protección integral de las mujeres, integra disposiciones aplicables a adolescentes víctimas de violencia sexual, reforzando el deber estatal de prevención, atención y reparación, así como la prohibición de la violencia simbólica e institucional.

Para contribuir a la respuesta integral como una política estatal, la Resolución MINNA n.° 114/2023 modificó la estructura orgánica del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, creando formalmente el departamento del Programa de Prevención y Atención Integral a Niños, Niñas y Adolescentes Víctimas de Abuso Sexual. Con ello, Paraguay institucionaliza y financia por primera vez un dispositivo estatal permanente para este tipo de atención, lo cual es relevante tanto para la evaluación de capacidades profesionales como para el análisis de la respuesta penal.

En base a estos avances, fue posible que el 31 de mayo de 2024, el MINNA y el MEC presentaron la primera Guía de Prevención del Abuso Sexual elaborada por el Estado paraguayo, constituida como marco rector para instituciones educativas y comunitarias. Se trata de una guía que atiende tanto factores de riesgo como contenidos pedagógicos, rutas de denuncia y orientaciones para la protección integral, consolidando por primera vez un instrumento nacional de prevención primaria. Como parte del PAIVAS, el Ministerio de la Niñez habilitó el primer Centro de Protección Especializado “Ko’ẽ Pyahu”, un dispositivo estatal de abrigo temporal para niños y niñas víctimas de abuso sexual. Este centro representa un hito en la infraestructura nacional de protección y constituye un componente crítico para evaluar la disponibilidad de servicios especializados y la coherencia del sistema penal y el de protección.

En el plano internacional, la CDN impone a los Estados Parte la obligación de proteger a la niñez contra todas las formas de abuso y explotación sexual −arts. 19 y 34−, garantizar su derecho a ser escuchado en los procedimientos que les afecten −art. 12− y asegurar acceso efectivo a apoyo psicosocial, médico y jurídico. Esta protección se ve reforzada por el Protocolo Facultativo relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, ratificado por el Paraguay mediante la Ley n.º 2516/2004, que amplía los compromisos estatales en materia de investigación y cooperación internacional. A nivel regional, un documento emanado de una Cumbre Judicial Iberoamericana, las Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad tienen una incuestionable relevancia institucional y son consideradas principios o estándares para la actuación de los sistemas de justicia. Fueron incorporadas al sistema jurídico local por la Acordada n.º 633/2010 de la Corte Suprema de Justicia, orientan la actuación judicial hacia la eliminación de barreras físicas, procedimentales y actitudinales para garantizar el acceso efectivo a la justicia de niñas, niños y adolescentes víctimas de delitos sexuales.

Conceptualmente, este estudio se basa en el paradigma de la protección integral (Comité sobre los Derechos del Niño, 2007), que considera a los niños, las niñas y las personas adolescentes no como receptoras pasivas de cuidados, sino como titulares activos de derechos. También incorpora un enfoque de justicia centrado en la víctima, abogando por procedimientos informados sobre el trauma, la prevención de la revictimización y la garantía de la justicia reparadora (Comisión Interamericana de Derechos Humanos [CIDH], 2019; ONU Mujeres, 2019). Una perspectiva interseccional, que considere el género, la edad, el nivel socioeconómico, la etnia y la discapacidad, es esencial para comprender el impacto diferenciado de la VASI y las respuestas institucionales que desencadena (UNFPA y CLADEM, 2020).

La brecha de implementación observada en Paraguay refleja tendencias latinoamericanas más amplias, donde el progreso normativo no siempre se ha traducido en una transformación institucional (CEPAL, 2022; Save the Children, 2017). Por lo tanto, un análisis estructural de cómo se forman y operan los profesionales del derecho dentro de los diferentes contextos institucionales es fundamental para fortalecer el acceso a la justicia de los niños, niñas y adolescentes afectados por la violencia y el abuso sexual.

La literatura global reciente refuerza las preocupaciones estructurales destacadas en este estudio. UNICEF (2023) informa de lagunas persistentes en la formación de los profesionales de la justicia en todo el mundo, haciendo hincapié en que el conocimiento jurídico por sí solo es insuficiente sin mecanismos institucionales de aplicación y supervisión. Del mismo modo, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH, 2023) abogan por la adopción de modelos de justicia sensibles a la infancia que incluyan la capacitación obligatoria, la evaluación de las competencias profesionales y los mecanismos formales de consulta entre pares, dimensiones que siguen estando poco desarrolladas en Paraguay.

La Representante Especial del Secretario General sobre la Violencia contra los Niños y Niñas (2022) destaca además la urgencia de abordar las desigualdades de género y generacionales en los sistemas de justicia, en particular cuando prevalecen los retrasos procesales y la falta de prácticas informadas sobre el trauma. Estos hallazgos internacionales reflejan las brechas profesionales e institucionales identificadas en este estudio, subrayando la relevancia de la experiencia paraguaya para las discusiones globales más amplias sobre la protección de la infancia y la reforma del sistema de justicia.

Además de los marcos legales y de derechos descritos anteriormente, este estudio se basa en perspectivas teóricas que enfatizan la justicia relacional y la equidad estructural. Los enfoques de justicia restaurativa, aunque todavía están infrautilizados en los casos de VASI, han ganado reconocimiento internacional por su potencial para centrar la experiencia de la víctima, promover la rendición de cuentas y fomentar la curación de maneras que los sistemas punitivos tradicionales a menudo no logran (Zehr, 2002; Daly, 2006). Cuando se aplican con sólidas salvaguardias procesales y prácticas informadas sobre el trauma, los procesos restaurativos pueden complementar los procedimientos legales y contribuir a respuestas más holísticas al abuso y violencia sexual infantil (UNICEF, 2021).

Además, esta investigación se involucra con un marco interseccional que considera cómo los sistemas de poder superpuestos, como el género, la edad, el rol institucional y la generación profesional, moldean el comportamiento de los profesionales del derecho e influyen en la implementación de los estándares normativos (Crenshaw, 1991; Collins, 2015). Las disparidades identificadas en este estudio reflejan no solo las opciones individuales, sino también patrones más amplios de desigualdad estructural, que a menudo se reproducen dentro de la propia profesión jurídica. Como tal, comprender y abordar estas diferencias requiere una lente analítica que vaya más allá de las brechas de capacitación superficiales y se acerque a la transformación institucional.

Estas lentes conceptuales informan tanto la dimensión diagnóstica del estudio como las recomendaciones para el cambio a nivel del sistema.

Definiciones operativas

Para profundizar el análisis de la respuesta penal al abuso sexual infantil y garantizar la coherencia conceptual del estudio, resulta necesario precisar ciertos términos que, aunque ampliamente utilizados en la literatura especializada y en los marcos normativos contemporáneos, suelen aplicarse de manera heterogénea en la práctica profesional. La ausencia de definiciones operativas claras no solo dificulta la comparación entre investigaciones, sino que también afecta la interpretación judicial y la implementación de políticas públicas orientadas a la protección integral.

En este artículo se adoptan tres conceptos claves −justicia informada en trauma, planificación forense y coordinación interinstitucional− que permiten comprender de manera más precisa las brechas detectadas en el sistema penal y de protección paraguayo. Estos conceptos funcionan como ejes analíticos para evaluar el desempeño institucional, interpretar los hallazgos empíricos y fundamentar las recomendaciones propuestas, enmarcadas en el bloque constitucional–convencional vigente y en las mejores prácticas internacionales en investigación y atención de casos de abuso sexual.

A continuación, se presentan las definiciones operativas que orientan el análisis:

Justicia informada en trauma: La justicia informada en trauma se fundamenta en el reconocimiento de los efectos neuropsicológicos del trauma sobre la memoria, la coherencia narrativa, la regulación emocional y la conducta de las víctimas, especialmente cuando se trata de niñas, niños y adolescentes. Este enfoque exige que jueces, fiscales, defensores y demás operadores ajusten sus prácticas, incluidas las técnicas de entrevista, los tiempos procesales y la valoración de la credibilidad, para evitar la revictimización y promover una participación segura en el proceso penal (Herman, 2015; Substance Abuse and Mental Health Services Administration [SAMHSA], 2014). Una justicia informada en trauma implica comprender que la inconsistencia narrativa, el retraimiento, la confusión temporal o la fragmentación del relato constituyen manifestaciones esperables en víctimas de violencia sexual, y no indicadores de mendacidad (APSAC, 2019; Faller, 2018).

Planificación forense: La planificación forense se refiere al conjunto de procesos destinados a organizar de manera estratégica la recolección de evidencia física, digital y testimonial, la programación de entrevistas especializadas, los exámenes médicos y psicológicos, y las actuaciones judiciales, de modo que respondan a criterios de eficiencia, coordinación interinstitucional y protección de la víctima (Faller, 2018; Jones et al., 2005). Su ausencia suele generar duplicación de entrevistas, pérdida de evidencia, retrasos procesales y exposición innecesaria de la víctima, efectos identificados en múltiples estudios comparados sobre desempeño institucional en casos de abuso sexual infantil (Cross et al., 2008; Lyon, 2011).

Coordinación interinstitucional: La coordinación interinstitucional es el mecanismo mediante el cual los sistemas de justicia, salud, educación, protección social y seguridad articulan acciones complementarias bajo estándares comunes, asegurando rutas claras de derivación, tiempos de respuesta definidos y protocolos compartidos. La literatura internacional destaca que esta coordinación es indispensable para garantizar respuestas integrales, reducir la fragmentación institucional y aumentar la eficacia en la protección de niñas y niños (Comisión Interamericana de Derechos Humanos [CIDH], 2017; UNODC, 2023). En el contexto paraguayo, la falta de articulación efectiva entre instituciones explica parte de la dispersión en la atención, los tiempos dispares de intervención y la ausencia de continuidad en la asistencia a las víctimas.

Métodos y materiales

Diseño del estudio

Este estudio empleó un diseño transversal de métodos mixtos con un énfasis principal en la recopilación de datos cuantitativos. La investigación tuvo como objetivo identificar patrones de conocimiento, capacitación y prácticas institucionales entre los profesionales del derecho que se ocupan de casos de abuso sexual infantil (VASI) en Paraguay. El estudio se llevó a cabo entre agosto de 2023 y enero de 2025, como parte de una iniciativa más amplia para evaluar las capacidades del sector de la justicia para responder a la violencia y abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes en el país.

Participantes y muestra

Se utilizó una estrategia de muestreo intencional y no probabilístico para seleccionar a los profesionales del derecho en 14 de los 17 departamentos de Paraguay, con base en los siguientes criterios de inclusión:

● Estar en posesión del título de Derecho y en ejercicio profesional activo.

● Participación directa o esperada en casos relacionados con niños y adolescentes, incluyendo la VASI.

● Participación previa en al menos una actividad formativa o función institucional relacionada con los derechos de la niñez o el derecho de familia.

Se recogieron un total de 1.557 respuestas válidas. La muestra estuvo constituida por 984 mujeres (63 %) y 573 hombres (37 %), con una amplia variación en años de experiencia profesional y afiliación institucional −sector público o privado−.

Instrumento y recopilación de datos

El instrumento de recolección de datos fue un cuestionario estructurado diseñado y validado específicamente para este estudio. Consistió en ítems cerrados y semiestructurados que abordaban cinco áreas principales:

1. Conocimiento de los marcos legales (Constitución, Código Penal, Código del Niño y del Adolescente, CDN).

2. Capacitación y formación académica en temas relacionados con la VASI.

3. Aplicación práctica de los procedimientos de investigación y planificación.

4. Uso de herramientas forenses y psicosociales en los procesos legales.

5. Percepciones sobre la coordinación institucional y la efectividad judicial.

La versión inicial del cuestionario se puso a prueba en 2022 en el departamento de Caaguazú, lo que dio lugar a revisiones posteriores. La versión final se difundió en línea a través de Google Forms y SurveyMonkey. La transición al formato totalmente anónimo de SurveyMonkey resultó en un aumento significativo en las respuestas −de 417 a 1,983, de las cuales 1,557 cumplieron con los criterios de inclusión−.

Validación y fiabilidad

El instrumento demostró una gran validez de contenido, ya que se basó en marcos normativos nacionales e internacionales y en consultas de expertos. El análisis de consistencia interna reveló una fuerte coherencia lógica entre los ítems relacionados. Aunque el alfa de Cronbach no fue aplicable debido a la naturaleza binaria de la mayoría de las variables, las tabulaciones cruzadas y las pruebas de chi-cuadrado confirmaron asociaciones sólidas entre las variables clave.

● Ejemplo: El análisis de Chi-cuadrado reveló una asociación significativa entre el conocimiento legal y el sector institucional (χ² = 120.98, p < 0.001).

Además, el instrumento mostró una buena equivalencia entre los subgrupos, sin que surgieran patrones contradictorios según el sexo, la experiencia o el año de graduación.

Análisis de datos

Los datos cuantitativos se analizaron mediante estadística descriptiva −frecuencias, porcentajes− y análisis bivariado −tabulaciones cruzadas, pruebas de chi-cuadrado− para explorar asociaciones entre:

● Género y conocimientos jurídicos

● Años de experiencia y frecuencia de formación

● Sector institucional y uso de procedimientos forenses

● Cohorte de graduación y coherencia en la aplicación del marco legal

Los conocimientos cualitativos de las preguntas abiertas se categorizaron temáticamente y se utilizaron para complementar los hallazgos estadísticos, especialmente en lo que respecta a las percepciones de las barreras, las necesidades y las recomendaciones.

Análisis de regresión logística

Para identificar cuáles son las características profesionales que predicen con mayor fuerza la aplicación coherente de los marcos legales de violencia y abuso sexual infantil (VASI), se llevó a cabo un modelo de regresión logística binaria. La variable dependiente fue «Aplicación coherente de los marcos jurídicos» (codificada como 1 = Sí, 0 = No). Las variables independientes fueron:

● Género (0 = Hombre, 1 = Mujer)

● Sector institucional (0 = Privado, 1 = Público)

● Años de experiencia (categórico)

● Cohorte de graduación (categórica)

● Participación en capacitación reciente relacionada con CSA (0 = No, 1 = Sí)

El modelo fue estadísticamente significativo (χ² = 142,7, p < 0,001), clasificando correctamente el 79,3 % de los casos.

Predictores claves:

● Afiliación al sector público (OR = 2,41, IC 95% [1,87–3,11], p < 0,001)

● Capacitación específica de ASAC recibida en los últimos 3 años (OR = 1,94, IC [1,46–2,59], p < 0,001)

● Sexo femenino (OR = 1,62, IC [1,21–2,18], p = 0,001)

● Más de 10 años de experiencia (OR = 1,54, IC [1,10–2,16], p = 0,014)

El año de graduación no fue un predictor estadísticamente significativo después de controlar las otras variables.

Consideraciones éticas

Dada la sensibilidad del tema y el potencial de exposición indirecta a contenido traumático, se priorizaron las salvaguardas éticas a lo largo del proceso de investigación. La participación fue voluntaria y totalmente anónima. No se recogieron datos identificativos y se informó de los objetivos del estudio, las medidas de confidencialidad y su derecho a retirarse en cualquier momento. El diseño del estudio fue revisado y aprobado por la Universidad Columbia del Paraguay y la Dirección de Derechos Humanos de la Corte Suprema de Justicia.

Se tuvo especial cuidado para asegurar que el cuestionario no solicitara detalles específicos del caso ni ninguna información de identificación personal sobre las víctimas, colegas o instituciones. Se alentó a las personas encuestadas a reflexionar sobre las prácticas sistémicas y profesionales más que sobre las experiencias personales con las víctimas. La investigación se adhirió a las directrices éticas del Panel de Revisión de la Ética en la Investigación de las Naciones Unidas para los estudios en los que participan profesionales de la protección de la infancia (UNICEF, 2021).

Resultados

Conocimiento general y aplicación de los marcos jurídicos

La mayoría de las personas encuestadas (87 %) informaron estar familiarizados con el marco legal de Paraguay para abordar el abuso sexual infantil, incluida la Constitución, el Código Penal y el Código de la Niñez y la Adolescencia. Sin embargo, solo el 53 % indicó que aplica sistemáticamente estos conocimientos jurídicos en la práctica. Un análisis desagregado reveló que las personas encuestadas del sector público y aquellas con más de 10 años de experiencia eran significativamente más propensas a aplicar las normas legales de manera consistente (p < 0.001). En contraste, las personas recién graduadas y las profesionales del sector privado mostraron niveles más bajos de conocimientos jurídicos aplicados.

Formación y preparación profesional

Una proporción sustancial de participantes reconoció deficiencias en su preparación profesional. Si bien el 83 % había recibido algún tipo de capacitación sobre VASI, solo el 27 % informó que dicha capacitación estaba −actualizada− y era suficiente. Profesionales con más de 10 años de experiencia fueron significativamente más propensos a reportar una participación frecuente en la capacitación y percibir la capacitación como útil. Por el contrario, las personas sin experiencia o con menos de cinco años en la profesión a menudo carecían de acceso a oportunidades de formación pertinentes.

La disparidad de género también fue notable: las mujeres reportaron una mayor frecuencia de capacitación y una evaluación más positiva de su preparación para intervenir en casos de VASI (χ² = 45,6, p < 0,01).

Prácticas forenses y planificación

Solo el 23 % de las personas encuestadas informaron que −siempre− implementan un plan de investigación específico para los casos de VASI. La mayoría (53 %) dijo que −a veces− lo hace, mientras que el 24 % admitió que nunca desarrolla tales planes. La frecuencia de la planificación se asoció fuertemente con la experiencia profesional y el sector: las personas profesionales experimentadas en el sector público fueron las más propensas a participar en la planificación sistemática y el uso de herramientas forenses, incluidos los informes psicosociales y las entrevistas a víctimas.

Mecanismos institucionales de consulta y apoyo

La gran mayoría de las personas encuestadas (84 %) declaró que había necesitado consultar a colegas o instancias especializadas para manejar mejor los casos de VASI. Sin embargo, en la mayoría de los casos esas consultas fueron informales. Quienes son profesionales del sector público y las mujeres tienen mayor propensión a buscar y participar en prácticas consultivas, lo que refleja tanto la cultura institucional como la complejidad percibida de los casos de VASI.

Barreras percibidas para la justicia y la preservación de pruebas

Las personas encuestadas expresaron opiniones críticas sobre las capacidades institucionales para preservar y utilizar las pruebas en las investigaciones de la VASI. Más del 70 % calificó los procedimientos de recopilación de pruebas existentes como insuficientes, y muchos identificaron las siguientes barreras clave:

● Falta de recursos humanos especializados (620 menciones)

● Limitaciones de recursos (439 menciones)

● Escasa coordinación interinstitucional

● Ausencia de protocolos operativos claros

Brechas estructurales y diferencias generacionales

El análisis reveló disparidades estructurales y generacionales:

● Las personas encuestadas del sector privado tenían significativamente menos probabilidades de recibir capacitación, aplicar normas legales o participar en la coordinación interinstitucional.

● Los hombres encuestados, especialmente en el sector privado, mostraron niveles más bajos de participación en la capacitación y la planificación de la investigación.

● Los profesionales que se graduaron después de 2010 reportaron niveles más bajos de conocimiento, aplicación y preparación en comparación con las cohortes mayores.

Factores que influyen en la toma de decisiones judiciales

Cuando se les preguntó sobre los factores más influyentes en la toma de decisiones judiciales en casos de VASI, la mayoría (48 %) seleccionó «todos combinados», refiriéndose al testimonio del niño, niña o adolescente, los informes forenses y la evidencia física. Sin embargo, los datos desglosados revelaron que:

● Las mujeres destacaron el valor de los informes psicosociales y el testimonio de niños, niñas y adolescentes.

● Los hombres eran más propensos a enfatizar la evidencia física.

● Los profesionales menos experimentados a menudo limitaban sus consideraciones a una o dos fuentes de información, en lugar de aplicar un enfoque integrador.

Predictores de una aplicación legal coherente

Los resultados de la regresión logística binaria indicaron que profesionales que trabajan en el sector público, aquellos que habían recibido capacitación específica en VASI en los últimos tres años y las mujeres tenían una probabilidad significativamente mayor de informar sobre la aplicación coherente de los marcos legales. Estos hallazgos apoyan la interpretación de que el contexto institucional y el acceso a la formación especializada son más predictivos que la cohorte de graduación por sí sola.

Perspectivas cualitativas de las respuestas abiertas

Las respuestas abiertas ofrecieron información valiosa sobre cómo las personas profesionales del derecho perciben los desafíos de responder a los casos de VASI. Muchas de las personas encuestadas describieron la carga emocional y ética de estos casos, la falta de orientación institucional y la necesidad de apoyo profesional estructurado.

Tabla 1

Comentarios destacados de preguntas abiertas formuladas durante la investigación. Elaboración propi

Diversos profesionales destacaron las limitaciones de los protocolos y los mecanismos de coordinación existentes, al tiempo que señalaron las desigualdades de género en la asignación de responsabilidades y en la carga emocional del trabajo. De manera reiterada, también se mencionó la percepción de que la formación profesional resulta obsoleta o poco conectada con las necesidades reales del ejercicio jurídico. En conjunto, estos testimonios cualitativos evidencian la dimensión humana que subyace a las tendencias estadísticas observadas y reafirman la necesidad de impulsar una formación con enfoque en trauma, fortalecer los sistemas de consulta entre pares y promover una distribución más equitativa de las tareas dentro del ámbito jurídico.

Discusión

Los hallazgos de este estudio revelan importantes disparidades estructurales y generacionales en la forma en que los profesionales del derecho en Paraguay se capacitan y operan en casos de violencia y abuso sexual infantil (VASI). Estas disparidades no son meramente académicas, sino que tienen consecuencias tangibles en el acceso de los niños, niñas y adolescentes a la justicia, la calidad de las investigaciones y la prevención de la revictimización. A pesar del conocimiento generalizado de los marcos jurídicos, su aplicación sistemática sigue siendo limitada, en particular entre profesionales del sector privado, de reciente graduación y los hombres encuestados.

La evidencia confirma que la experiencia y el contexto institucional son importantes. Los profesionales con más de 10 años de experiencia, especialmente las mujeres que trabajan en el sector público demuestran una mayor participación en la capacitación, un mayor uso de herramientas forenses y prácticas de investigación más sistemáticas. Estos hallazgos respaldan investigaciones previas sobre la necesidad de un desarrollo profesional sostenido y el papel de la cultura institucional en la configuración de las respuestas legales a la VASI (ONU Mujeres, 2019; CIDH, 2019).

La dimensión de género de esta disparidad es particularmente relevante. Las mujeres en este estudio no solo participaron con mayor frecuencia en capacitaciones, sino que también mostraron una mayor orientación hacia enfoques interdisciplinarios y centrados en el niño, la niña o adolescente víctima. Estos patrones se alinean con hallazgos anteriores que sugieren que las mujeres actoras legales a menudo son más receptivas a las dimensiones psicosociales de los casos de VASI y más inclinadas a consultar con pares o buscar apoyo institucional (UNFPA y CLADEM, 2020).

Al mismo tiempo, las personas de reciente graduación en derecho (después de 2010) informaron sistemáticamente de niveles más bajos de preparación, capacitación y aplicación de normas. Esta brecha generacional puede reflejar cambios en la educación jurídica o un énfasis insuficiente en la protección de la infancia y la justicia sensible al género en los planes de estudio universitarios. El resultado es un preocupante desajuste entre las expectativas normativas y la preparación profesional, que podría comprometer los derechos de la niñez y la adolescencia en los entornos judiciales.

Los datos también ponen de manifiesto la persistencia de barreras estructurales, como la insuficiencia de recursos, la falta de personal especializado, la débil coordinación interinstitucional y los protocolos inadecuados. Estas limitaciones no son exclusivas de Paraguay, sino que son comunes en toda América Latina, donde las reformas legales a menudo han superado la capacidad institucional para implementarlas de manera efectiva (CEPAL, 2022; Save the Children, 2017).

Por último, el hecho de que se recurra a la consulta informal entre profesionales, si bien es un indicador positivo de conciencia ética, también subraya la ausencia de mecanismos formales de apoyo. La institucionalización de la supervisión profesional, las redes de apoyo entre pares y los procedimientos de consulta ética mejorarían la coherencia y la calidad de las respuestas jurídicas, en particular en casos de alto estrés (o alto impacto), como la VASI.

En general, este estudio confirma que la aplicación efectiva de las normas de protección de la infancia y la adolescencia depende no sólo de la codificación jurídica, sino también de la cultura profesional, la inversión institucional y las estrategias de formación y apoyo que tengan en cuenta las cuestiones de género y las generaciones.

Contexto regional y mundial: paralelismos y lecciones

Las disparidades identificadas en este estudio se alinean con las tendencias regionales observadas en América Latina, donde los sistemas de protección de la infancia a menudo se caracterizan por fuertes compromisos legales pero una débil implementación institucional (CEPAL, 2022; Save the Children, 2017). La tensión entre el progreso normativo y las limitaciones operativas se ha documentado en países como Brasil, México y Colombia, donde persiste la fragmentación de la prestación de servicios, la insuficiente capacitación de los actores de la justicia y los altos niveles de impunidad de los delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes de ambos sexos a pesar de los marcos legales integrales (ISPCAN, 2021; UNICEF LACRO, 2020).

A nivel mundial, se han identificado desafíos estructurales similares, particularmente en los países de ingresos bajos y medianos. La Organización Mundial de la Salud (2020) y el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la venta y la explotación sexual de niños y niñas (2019) han subrayado la necesidad de respuestas integradas y multisectoriales, la institucionalización de mecanismos de justicia adaptados a los niños y la profesionalización de los actores involucrados en los casos de VASI. La falta de capacitación del personal de justicia, los sesgos de género en el procesamiento de casos y la falta de coordinación entre sectores son temas recurrentes en las evaluaciones internacionales.

La situación de Paraguay refleja estos patrones globales, particularmente en la división de responsabilidades observada por género, las brechas generacionales en la preparación legal y la subutilización de los mecanismos de coordinación interinstitucional. Sin embargo, la experiencia paraguaya también ofrece una oportunidad: la existencia de un instrumento validado para evaluar las capacidades del sector justicia, tal como se desarrolla en este estudio, representa un valioso aporte a las discusiones regionales e internacionales sobre el fortalecimiento del sistema.

La integración de la experiencia de Paraguay en el contexto regional y global más amplio sugiere que muchas de las soluciones aquí propuestas, como la institucionalización de la capacitación, los mecanismos formales de consulta y las reformas sensibles al género, no solo son relevantes a nivel local, sino que también se alinean con las mejores prácticas recomendadas por las agencias de la ONU y los organismos de derechos de la infancia a nivel mundial (UNICEF, 2021; UNODC, 2018).

Evidencia comparativa e implicaciones globales

Las disparidades identificadas en este estudio no son exclusivas de Paraguay. Las investigaciones realizadas en América Latina, incluidos Colombia, Brasil y Argentina, han documentado desafíos similares relacionados con la capacitación desigual de los actores de la justicia, la débil aplicación de protocolos sensibles a la infancia y la falta de coordinación intersectorial (UNICEF, 2021; ISPCAN, 2022). Por ejemplo, un estudio nacional realizado en Colombia en 2020 reveló que, si bien más del 80% de los fiscales conocían las normas legales para el manejo de la VASI, menos de la mitad informó haber recibido capacitación especializada en los últimos dos años (Defensoría del Pueblo, 2020). Del mismo modo, en Brasil, la fragmentación entre los servicios judiciales y psicosociales se ha citado como un obstáculo importante para la investigación y la protección efectivas en los casos de ASAC (UNODC, 2019).

Más allá de América Latina, los datos comparativos de Sudáfrica, Filipinas y Europa del Este sugieren que las brechas en la capacidad jurídica, los protocolos interinstitucionales y los servicios de apoyo a las víctimas son generalizadas en los países de ingresos medios (ISPCAN, 2021; OMS, 2020). Los estudios realizados en países de Europa del Este han revelado que, a pesar de la existencia de normas jurídicas alineadas con la Convención sobre los Derechos del Niño, los profesionales de la justicia suelen carecer de orientación operativa, lo que da lugar a prácticas incoherentes y, en ocasiones, a una revictimización de los niños, niñas y adolescentes víctimas (UNICEF, 2022).

El caso paraguayo ofrece un aporte diagnóstico y prospectivo. La identificación de diferencias en la capacitación y uso de la información según el sexo de la persona profesional del derecho, el sector institucional y generación de su cohorte de egreso revela la necesidad de enfoques políticos diferenciados, tal y como defienden UNICEF (2023) y la Representante Especial de las Naciones Unidas sobre la Violencia contra los Niños (2022). Además, la herramienta validada de evaluación de la capacidad utilizada en este estudio puede servir de modelo para el seguimiento de la preparación del sector jurídico en otros países con tradiciones jurídicas y limitaciones de recursos similares.

Estos hallazgos contribuyen a la agenda mundial más amplia para fortalecer los sistemas de protección de la infancia y las respuestas judiciales a la violencia. Apoyan los llamamientos a la institucionalización de la formación profesional, a los mecanismos formales de consulta entre pares, a la planificación forense integrada y a la adopción de protocolos que tengan en cuenta las necesidades de los niños, medidas recomendadas sistemáticamente por los organismos de las Naciones Unidas y las redes mundiales de derechos de la niñez y la adolescencia.

Limitaciones metodológicas

Este estudio tiene varias limitaciones metodológicas que deben ser consideradas a la hora de interpretar sus hallazgos:

● Sesgo de muestreo: El uso de un método de muestreo intencional y no probabilístico limita la generalización de los resultados. Aunque la muestra incluyó profesionales de 14 de los 17 departamentos del Paraguay, la participación fue voluntaria y puede haber atraído a personas más interesadas o comprometidas con temas de protección de la infancia.

● Datos auto informados: Las respuestas se basaron en la autoevaluación, que introduce posibles sesgos como la deseabilidad social o el sesgo de recuerdo. Es posible que las personas encuestadas hayan informado en exceso o en exceso de su familiaridad con los marcos legales, la capacitación o las prácticas.

● Diseño transversal: El estudio proporciona una instantánea en el tiempo y no permite sacar conclusiones sobre la causalidad o las tendencias longitudinales. Por ejemplo, aunque la formación parece estar asociada a una aplicación jurídica coherente, no se puede confirmar que esta relación sea causal.

● Profundidad cualitativa limitada: Si bien las respuestas abiertas proporcionaron información temática, el estudio no incluyó entrevistas en profundidad ni grupos focales que podrían haber enriquecido la comprensión de las barreras institucionales y el razonamiento profesional detrás de las disparidades observadas.

● Limitaciones de la medición: A pesar de que el instrumento fue validado y mostró una fuerte consistencia interna, algunos constructos complejos, como la −coordinación institucional− o la −planificación forense−, se redujeron a respuestas binarias o categóricas, que pueden no capturar completamente su complejidad operativa.

A pesar de estas limitaciones, el estudio ofrece valiosas pruebas diagnósticas y una sólida base empírica para el diálogo político y las investigaciones futuras. Se recomiendan estudios cualitativos y longitudinales complementarios para profundizar y afinar las conclusiones aquí extraídas.

Para cerrar efectivamente estas brechas, Paraguay debe implementar una estrategia multinivel alineada tanto con los estándares internacionales como con las innovaciones probadas regionalmente. Las siguientes propuestas se basan en los hallazgos del estudio, y en prácticas exitosas en otras jurisdicciones:

Institucionalizar programas de capacitación obligatorios y escalonados

Adoptar un modelo de currículo escalonado en el que los profesionales, incluido el fuero penal, recién graduados reciban capacitación básica obligatoria sobre la no revictimización o el abordaje respetuoso a los niños y niñas víctimas de violencia es decir a algo más específico; sino sería como una redundancia sobre lo que ya se supone adquirieron en la carrera, los procedimientos establecidos en la Ruta de Intervención Interinstitucional para la Atención Integral del Abuso Sexual hacia niños, niñas y adolescentes y la justicia informada sobre el trauma.

Crear unidades multidisciplinarias de respuesta en los circuitos judiciales

Establecer equipos multidisciplinarios formales, que incluyan expertos legales, psicológicos y forenses, en cada circuito judicial para apoyar la planificación de casos y la toma de decisiones de VASI. Estas dependencias reducirían la dependencia de las consultas informales y garantizarían el cumplimiento de las mejores prácticas.

Adoptar herramientas digitales de gestión y seguimiento de casos

Desarrollar o adaptar plataformas digitales que permitan a los fiscales, jueces y defensores hacer un seguimiento del progreso de los casos de VASI, identificar retrasos en los procedimientos y garantizar que las pruebas se recopilen de conformidad con las normas internacionales integradas a los programas y procedimientos existentes tanto en formato papel como en línea. Las alertas integradas pueden promover el cumplimiento de los protocolos sensibles para los niños.

Institucionalizar el uso de herramientas validadas de evaluación de capacidades

El instrumento de encuesta desarrollado en este estudio podría ser adoptado formalmente por el Consejo de la Magistratura o el Ministerio de Justicia para monitorear y evaluar las capacidades profesionales a intervalos regulares. Esto permitiría una planificación basada en datos empíricos y la asignación de recursos.

Fortalecer los protocolos interinstitucionales con fuerza vinculante

Actualizar y hacer cumplir las normas para la prevención del abuso sexual y la atención integral de los niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual con un estatus legal vinculante, mecanismos claros de aplicación y compromisos presupuestarios. Se deben institucionalizar las reuniones periódicas de coordinación, las capacitaciones conjuntas y las simulaciones de protocolos.

Promover un enfoque transformador de género y sensible a las generaciones

Incorporar módulos de ética con perspectiva de derechos y reflexiones críticas sobre las masculinidades en toda la formación jurídica. Promover la tutoría entre profesionales experimentados y jóvenes para abordar la brecha de conocimiento generacional y fomentar una cultura de responsabilidad intergeneracional.

Ampliar la implementación de la Ruta Interinstitucional

Exigir el uso de las normas para la prevención del abuso sexual y la atención integral de los niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual en todos los departamentos y garantizar que los profesionales del derecho estén capacitados y equipados para aplicarla en la práctica. Su uso debe ir acompañado de un seguimiento y una evaluación periódicos.

Al aprovechar estos enfoques probados, Paraguay puede pasar de esfuerzos fragmentados a un marco de respuesta coherente e institucionalizado para los casos de VASI. Estas recomendaciones ofrecen una hoja de ruta para el cambio sistémico que no solo tiene una base local, sino que también es relevante a nivel regional e internacional.

Conclusiones

Desde la perspectiva del fortalecimiento del sistema de justicia penal, los hallazgos de esta investigación aportan evidencia útil para el Ministerio Público en su mandato de proteger a la niñez y la adolescencia. Las conclusiones identifican las principales disparidades estructurales y profesionales que afectan la respuesta institucional ante casos de violencia y abuso sexual infantil (VASI), y destacan los factores que obstaculizan una aplicación coherente del marco legal vigente. El estudio confirma la existencia de brechas formativas y generacionales entre los profesionales del derecho, así como diferencias asociadas al género y al sector institucional. Aunque el conocimiento jurídico es elevado, persisten desigualdades en la capacidad para planificar la investigación, coordinar acciones interinstitucionales y aplicar los principios de protección integral de manera uniforme.

Tabla 2

Relación entre hallazgos, evidencia y acciones propuestas

Recomendaciones

En atención a los resultados obtenidos y al mandato del Ministerio Público de garantizar el acceso a la justicia y combatir la impunidad en delitos contra niñas, niños y adolescentes, las siguientes recomendaciones buscan traducir la evidencia empírica en líneas de acción concretas y viables. Estas propuestas están orientadas a fortalecer la formación del personal, institucionalizar mecanismos de coordinación, mejorar la calidad probatoria y consolidar un enfoque integral y diferenciado en la persecución penal de los casos de VASI, en sintonía con estándares internacionales y buenas prácticas regionales.

Las disparidades identificadas en este estudio ponen de manifiesto la necesidad de reformas políticas e institucionales concretas para fortalecer la respuesta legal de Paraguay a la violencia y abuso sexual infantil (VASI). Con base en los hallazgos empíricos y los estándares internacionales comparados, se proponen las siguientes implicaciones para las políticas públicas:

Eje 1. Fortalecimiento normativo y armonización legal

Responsables: Congreso, Ministerio de Justicia, Poder Judicial, MINNA

Acciones:

Integrar plenamente la Ley 6202/18 con los protocolos del sistema penal.
Actualizar criterios de valoración probatoria a partir de la reforma 7394/24.
Incorporar definiciones operativas −actos sexuales, medios tecnológicos, trauma− en protocolos judiciales.

Indicadores sugeridos:

% de operadores formados en normativa actualizada.
% de causas que aplican correctamente la reforma 7394/24.

Eje 2. Capacitación obligatoria y certificación profesional

Responsables: Escuela Judicial, Instituto Superior de Estudios del Ministerio Público, ISEPOL, Ministerio de Justicia.

Acciones:

Implementar un currículo obligatorio sobre abuso sexual, trauma y entrevista única.
Certificación anual de competencias.
Formación específica para el fuero penal y de niñez.

Indicadores sugeridos:

% de operadores certificados
Reducción de entrevistas repetidas

Eje 3. Infraestructura de atención especializada

Responsables: MINNA, MEC, MSPBS, gobiernos departamentales.

Acciones:

Expansión del modelo PAIVAS a todos los departamentos.
Replicación del Centro Ko’ẽ Pyahu.
Aplicación obligatoria de la Guía de Prevención (2024) en todas las escuelas.

Indicadores:

Número de centros operativos
Cobertura territorial del PAIVAS

Eje 4. Implementación efectiva de la Ruta 2021

Responsables: CONANNA, MSPBS, Policía Nacional, Poder Judicial

Acciones:

Protocolos de derivación vinculantes.
Tiempos máximos de respuesta (48 horas).
Mesas interinstitucionales departamentales.

Indicadores:

Cumplimiento trimestral de la Ruta
Reducción de tiempos de intervención

Eje 5. Sistema nacional de información y monitoreo

Responsables: MINNA, Fiscalía, Poder Judicial, MSPBS

Acciones:

Registro unificado de casos (RAS + Ruta + Fiscalía).
Integración de indicadores sobre abuso sexual NNA en el SINAR.

Indicadores:

% de instituciones conectadas al sistema
Tasa de duplicación de registros (debe tender a 0)

En conjunto, la incorporación de la Ley n.° 6202/2018, la Ruta Interinstitucional de 2021, el PAIVAS, la Guía de Prevención de 2024 y el Centro Ko’ẽ Pyahu permite comprender la respuesta estatal actual al abuso sexual infantil como un sistema en proceso de consolidación institucional. Los hallazgos de este estudio muestran que las brechas de formación profesional, coordinación interinstitucional y disponibilidad de servicios impactan directamente en la efectividad del proceso penal. Traducir los resultados empíricos en líneas de acción claras, basadas en evidencia, articuladas normativamente y alineadas con el bloque constitucional–convencional; constituye un paso necesario para fortalecer el Sistema Nacional de Protección y mejorar la capacidad estatal de prevenir, investigar y sancionar el abuso sexual infantil en Paraguay.

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Cargo	Perfil	Respuesta
Defensora Pública	Mujer, 6 años de experiencia	Estamos formados en derecho, no en trauma. A veces me siento perdida al enfrentarme a estos casos. Necesito hablar con alguien que sepa más
Fiscal	Hombre, 15 años de experiencia	Cada institución hace lo que puede. No hay un camino claro y la coordinación depende de las relaciones personales, no de las reglas institucionales.
Jueza	Mujer, 12 años de experiencia	En nuestra Circunscripción Judicial, generalmente son las mujeres las que manejan los casos de VASI. Los colegas masculinos las evitan porque son casos −demasiado sensibles−. Esto no es justo.
Abogado particular	Hombre, recién graduado	Tuvimos una capacitación hace tres años. Era teórico (SIC), no había discusión de casos, no había herramientas prácticas. Necesitamos mucho más.

Brecha identificada	Evidencia del estudio	Acción propuesta (basada en datos)
Déficit de formación especializada en abuso sexual.	Diferencias significativas entre generaciones, sectores y trayectorias profesionales.	Implementar módulos obligatorios de formación certificada en niñez, trauma, sexualidad infantil y prueba forense para todos los operadores del Ministerio Público, Defensoría, Poder Judicial y Policía.
Falta de coordinación entre instituciones.	Datos muestran duplicaciones, retrasos y rutas no unificadas.	Operacionalizar los protocolos de intervención existentes en todos los departamentos; establecer indicadores de cumplimiento y auditorías trimestrales.
Revictimización por múltiples entrevistas..	Entrevistas repetidas, falta de salas acondicionadas, ausencia de equipos forenses estables.	Instalar equipos de entrevista única −Modelo Barnahus / Cámara Gesell− bajo estándares de justicia informada en trauma.
Aplicación desigual del marco normativo	Conocimiento dispar de las leyes 6202/2018, 5777/2016, 7394/2024.	Capacitación obligatoria y evaluación periódica sobre normativa actualizada.
Falta de servicios especializados.	Limitada disponibilidad de atención psicológica forense.	Ampliar infraestructura del PAIVAS y replicar modelo del Centro Ko’ẽ Pyahu en regiones críticas.