Primer Comando Capital, telecriminología y sub registro delictivo.
Juan A. Martens, Rodrigo Estigarribia, Roque A. Orrego - pág 121-144
Es una compleja estructura criminal paulista, nacida a principios de los años
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0, en una penitenciaria estatal del interior del estado, diseminado actualmente en
presidios de los 27 estados, algunos bajo su control, imponiendo sus reglas tanto
fuera como dentro de los muros, que tiene como uno de sus principales objetivos “el
progreso material de sus miembros, a través del crimen” (Feltrán, 2018, p. 81), bajo
el lema de paz, justicia, libertad, igualdad y unión, entre los criminales, porque la
guerra es contra el sistema estatal (Paes Manso y Nunes Dias, 2018; Feltrán, 2018).
Sin embargo, algunas autoras como Biondi (2018) sostienen que la categoría de
crimen organizado es inapropiada para referirse al PCC, y lo define más bien como
movimiento, teniendo en cuenta sus características y formas de actuación y las
adhesiones que provoca.
“Según estimaciones del Ministerio Público brasileño, en 2018, tendría más de 30
mil integrantes bautizados en todos los estados de la Federación; y al menos otros dos
millones de hombres, mujeres, adolescentes, bautizados o no, son funcionarios de bajo
escalón de los mercados ilegales en el Brasil y están involucrados con el Comando en
los barrios populares, calles y favelas de todo el país (Feltrán, 2018, p. 17; 91), aunque
sea difícil confirmar estos datos porque pueden existir presos citados en las acusaciones
que no sean hermanos, y otros que no aparecen (Feltrán, 2018, p. 91).
Nació y se fortaleció en los presidios con un discurso de reivindicación
de derechos de los presos por las malas condiciones de cumplimiento; pronto
extendió sus dominios en los barrios de donde provienen o habitan sus miembros,
las quebradas, y en los países de producción de la principal materia prima de su
negocio: la cocaína y la marihuana, principalmente, Paraguay y Bolivia.
Desde 1998, su fortaleza reside en su capacidad de movilización a través de
teléfonos celulares (Jozino, 2017), la incorporación constante de nuevos adeptos, su
organización fraternal, y el reclamo de los derechos de los reclusos ante las pésimas
condiciones penitenciarias, caracterizadas por el abuso, la tortura y el hacinamiento
(Orrego, Martens, Molinas, Cabañas y Troche, 2018). De esta manera, las políticas
de encierro masivo que aplica Brasil y viene haciendo Paraguay generan potenciales
nuevos miembros; los traslados de sus jefes a otras unidades penitenciarias o estados
es aprovechado para captar nuevos miembros, y las malas condiciones de encierro y
los abusos es el argumento de la necesidad de una organización de criminosos para
defenderse de la máquina estatal opresora.
Otra fuente de su poder es que funciona como fraternidad, como una sociedad
secreta, −nadie es más que nadie−, antes que como una organización militar, como
lo presenta generalmente la prensa o algunas autoridades. Este igualitarismo es
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