Perspectiva_de_g_nero_de_la_violencia_hacia_la_mujer_en_el

Resumen

La presente investigación realiza una distinción de los aspectos punitivos de la política criminal paraguaya referidos a la protección contra la violencia hacia la mujer desde una perspectiva de género con los Estados miembros del Mercosur. Para cumplir con el objetivo propuesto se realizó una investigación con enfoque cualitativo, no experimental de tipo documental, como técnica de recolección de datos se utilizó el fichaje. Se identifica que el primer país miembro del Mercosur en sancionar como conducta punible el feminicidio es Argentina, el último Uruguay, tres de ellos sancionan como un agravante del homicidio y el resto por medio de un tipo penal autónomo. En cuanto a la exceptiva de pena mínima se destaca Venezuela, así también este último y Argentina disponen como elemento del tipo objetivo el odio y en Brasil hace alusión al menosprecio. Se concluye que, se da una excesiva utilización del derecho penal de emergencia en materia de violencia contra la mujer bajo la justificación de la discriminación positiva.

Palabras claves: política criminal, violencia, perspectiva de género, mujer, Mercosur.

Abstract

This investigation highlights the punitive aspects of Paraguay’s crime policy related to the protection of women against violence from a gender perspective in MERCOSUR’s member States. To get to the results, a qualitative research was conducted, which was non-experimental of documental type, the technique for data collection was with fact sheets. Argentina was identified as the first MERCOSUR country that punished femicide as punishable behavior, while Uruguay was the last one; three other member States consider femicide as an aggravating factor in homicide cases and the rest of the countries penalize femicide by means of an autonomous crime. Venezuela stands out in respect of the minimum penalty, and together with Argentina establish hatred as an objective element, while Brazil makes mention to disparagement. It can be concluded that there is an excessive use of criminal emergency law in terms of violence against women under the justification of positive discrimination.

Key words: crime policy, violence, gender perspective, women, Mercosur.

Ñemombyky

Ko investigación ohesa’ỹijo ha omyesakã porã mba’emba’épa umi lei guive ocastigakuaáva oĩva tetã paraguái léipe oñangerekóva kuñáre ani haguã ojejahéi hese, oñemaña género guive oĩvéva tetã Mercosur-pe. Oñeguahẽ haguã pe ohupytysévape ojejapókuri peteĩ investigación hérava enfoque cualitativo, no experimental, upevarã ohesa’ỹijo kuatiahai, ha ombyaty haguã umi dáto katu oiporu fichakuéra. Ojejuhu pe tetã osansiona ñepyrũva’ekue conducta feminicidio Mercosur-pe ha’eha Argentina, ha ipahaitépe Uruguay, mbohapy tetã ijapytéguikuéra osansiona agravante de homicidio ramo, ha hembyre katuomohenda tipo penal autónomo-ramo. Venezuela niko pe tetã omoĩ vevyivéva péna, upéicha avei Venezuela ha Argentina ojesareko mbarete ojejahéipa ra’e pochy rehe; ha Brasil-pe katu ojejesareko oĩpa ra’e ñemboyke ha jeporo’apo’i. Oñembyapu’ávo ojejuhu sapy’ánte ojeporu rasámaha derecho penal de emergencia ojejáhéiramo kuña rehe, kuña rekove oñemotenondeve va’erãha rérape.

Ñe’ẽ tee: política criminal, jejahéi, ñemaña géneroguive, kuña, Mercosur.

Introducción

El debate que surge a nivel nacional e internacional es la violencia desde una perspectiva de género, los países de la unión europea, así como países interamericanos, quienes demuestran su interés y preocupación en lo que hace a este fenómeno social, por el papel que en la actualidad desempeña la mujer en los diferentes estamentos sociales.

En ese contexto, es oportuno distinguir los aspectos punitivos de la política criminal paraguaya con la de los países miembros del Mercado Común del Sur, en adelante Mercosur, por la diversidad de instrumentos normativos suscriptos por ellos, de carácter internacional que se debe ver reflejada en cada legislación como parte de los acuerdos realizados, esto es con la finalidad de crear una atmósfera equitativa entre varones y mujeres en lo que hace a la participación activa en lo político, social, familiar, entre otros.

En esa línea de pensamiento, conforme al orden de prelación de leyes establecido en el art. 137 de la Constitución Nacional, se encuentran varios artículos que hacen referencia a la igualdad y la no discriminación tales como; art. 46 de la igualdad de las personas, art. 47 de las garantías de igualdad, art. 48 de la igualdad del hombre y la mujer, 60 de la protección contra la violencia, art. 88 de la no discriminación y art. 89 del trabajo de las mujeres; todos estos articulados buscan establecer tratos igualitarios entre varones y mujeres.

En relación al Sistema de Protección de Derechos Humanos de la Organización de la Naciones Unidas, en adelante ONU, se cuenta con los siguientes instrumentos, la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, en adelante CEDAW ratificado por Ley n.° 1215/89, el Protocolo Facultativo de la CEDAW ratificado por Ley n.° 1683/01; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Ley n.° 5/91 y su Protocolo Facultativo, Ley n.° 400/94; el Protocolo Facultativo de Derechos Civiles y Políticos, Ley n.° 596/91; el Pacto Internacional de Derecho Económicos, Sociales y Culturales, Ley n.° 4/92; Convención contra la Tortura y Otros Tratos y Penas crueles, Inhumanos o Degradantes, Ley n.° 69/90 y finalmente la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Ley n.° 3540/08.

Igualmente, se cuenta con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos, en adelante OEA con las siguientes normativas; La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer –Belem Do Pará− Ley n.° 605/07; Protocolo para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas especialmente de Mujeres y Niños, Ley n.° 2.396/04; Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo, Ley n.° 3.540/04; Convención Internacional sobre la eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, Ley n.° 2.128/03 y la Convención de la Organización Internación de Trabajo, en adelante OIT n.° 156, sobre la Igualdad de Oportunidades y de Trato entre Trabajadores y Trabajadoras: Trabajadoras con Responsabilidades Familiares, Ley n.° 3.338/07.

Así también, la legislación nacional tiene varios instrumentos que se utilizan con un enfoque de género entre ellas se encuentran; la Ley n.° 1.600/00, contra la Violencia Doméstica; la Ley n.° 1.160/96, Código Penal Paraguayo, la Ley n.° 3.440/08 que modifica la Ley n.° 1.160/96; la Ley n.° 01/92 de reforma parcial del Código Civil; Protocolo de Violencia Familiar con Perspectiva de Género y por último la Ley n.° 5.777/16 de Protección Integral a la Mujeres contra toda Forma de Violencia.

Entonces, sobre la base de los antecedentes citados que guardan relación en la lucha contra la violencia hacia las mujeres, se debe notar que, si bien los instrumentos constituyen una herramienta eficaz para incorporar la igualdad entre varones y mujeres, la política criminal ha centrado esfuerzo en utilizar un derecho penal de emergencia, cuya legitimación se encuentra en la racionalización de recursos económicos propios de un sistema neoliberal.

En esa linea, la tarea del profesional de derecho se ve encaminada constantemente en la lucha del deber ser, el ser humano como un ser racional tiene a tal efecto la facultad de autodeterminación, a este respecto, su evolución en la concepción de los valores genera cambios en las fuentes formales del derecho.

La diferencia de lo bueno y lo malo, lo correcto de lo incorrecto, lo justo de lo injusto, en el proceso de formación de las normas como fuente material no generan vinculación jurídica, pero que importa para un cambio en la visión política-jurídica, que en su madurez implican decisiones por parte de los aplicadores del derecho, así como en la legislación positiva.

Marco teórico

Género. Concepto

El Diccionario de la Real Academia Española (2021) define al género con diversas acepciones como ser el conjunto de seres que tienen uno o varios caracteres comunes, en referencia al arte, en cuanto a los diversos géneros de las obras de los autores, también hace referencias a la variedad de telas o tejidos o a el grupo que pertenece los seres humanos de cada sexo, entendido éste desde el punto de vista sociocultural o exclusivamente biológico.

Estas diversas acepciones de la lengua español en relación al término de género, difieren con la conceptualización anglosajona −gender− ya que la utilización de dicho vocablo trae implícita y en forma unívoca el sexo (Lamas, 1996).

Violencia

La Organización Mundial de la Salud, en adelante OMS (2002), define a la violencia como el uso intencional de la fuerza o poder contra otra u otras, con la finalidad de causar daño psíquico o físico.

Aproximación conceptual de violencia contra la mujer

Con respecto a la aproximación conceptual de violencia contra la mujer se tiene en consideración lo dispuesto por los organismos e instrumentos internacionales, así como la legislación nacional.

En tal sentido, las Naciones Unidas, en adelante NNUU, define como todos los actos de violencia de género que tenga como resultado un menoscabo físico, sexual o psicológico para la mujer. Estos hechos se pueden dar en el ámbito público o privado (OPS, 2021).

Así también, ONU Mujeres (2010) define a la violencia contra la mujer y las niñas como los actos de violencia basados en el género, que tengan o pueda tener como resultado un perjuicio o angustia psíquica, física o sexual, e inclusive la tentativa de tales actos, en que la ocurrencia se dé en el ámbito público o privado.

Por otro lado, si bien es cierto que la CEDAW es el primer instrumento normativo internacional de lucha contra la violencia hacia la mujer, no contiene una definición conceptual del tema.

Es por ello que en la Convención de Belém Do Pará, a raíz de la identificación del vacío en el mencionado instrumento se incluye la definición de la violencia contra la mujer en su art. 1 de como la conducta que cause la muerte, menoscabo o sufrimiento físico, sexual o mental, a una mujer por razón de su género (1995).

Así también, la Ley n.° 5777/16, en su art. 5°, de las definiciones inc. a) considera por violencia contra la mujer como las acciones u omisiones que cause la muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, mental, patrimonial o económico hacia la mujer, en razón de su género, ya sea en el ámbito público o privado, por la asimetría de poder.

En esa línea de pensamiento, se define a la violencia contra la mujer como la conducta, sea acción u omisión, tendiente a causar sufrimiento físico, psíquico, sexual o patrimonial por su condición de mujer, en el ámbito público o privado que tenga como base la desigualdad de las relaciones.

La definición de perspectiva de género

Para la ONU, la perspectiva de género es un conjunto de enfoques específicos y estratégicos, así como procesos técnicos e institucionales que se adoptan para alcanzar la igualdad de género.

De igual manera, el Fondo de la Naciones Unidas para la infancia, en adelante UNICEF, la define de la siguiente manera:

La perspectiva o visión de género es una categoría analítica que toma los estudios que surgen desde las diferentes vertientes académicas de los feminismos para, desde esa plataforma teórica, cuestionar los estereotipos y elaborar nuevos contenidos que permitan incidir en el imaginario colectivo de una sociedad al servicio de la igualdad y la equidad (Hendel, 2017, pág. 14).

Así también, el análisis de género consiste en verificar de manera sistemática la información referente a las diferencias de género y relaciones sociales, y de esa manera reconocer que las relaciones de poder que se dan entre los géneros, favorecen a los varones como grupo social (Barboza, Lourdes, 2017).

Igualmente, para Lamas, directora del feminista Grupo de Información en Reproducción Elegida, en adelante GIRE: «La perspectiva de género implica reconocer que una cosa es la diferencia sexual y otra cosa son las atribuciones, ideas, representaciones y prescripciones sociales que se construyen tomando como referencia a esa diferencia sexual» (1996, pág. 8).

De lo antes dicho se desprende que la perspectiva de género es una estrategia para visibilizar la diferencia asimétrica entre varones y mujeres a partir de la distribución de los roles establecidos hacia cada género por representaciones culturales y sociales.

Política criminal de los países miembros del Mercosur con relación a la perspectiva de género

A los efectos de realizar una contextualización el tema de estudio, se hace referencia al estudio realizado por la Asociación Civil Franco-Argentina denominada MUNDOSUR que visibiliza e impulsa cambios sociales y políticos para la construcción colectiva de sociedades inclusivas, participativas, diversas y democráticas en América Latina y el Caribe.

En relación a los ejes de trabajo se encuentra el género, para ese fin, realiza un mapeo referente al feminicidio o femicidio de enfoque cuantitativo.

En ese sentido, en el segundo informe presentado por el Mapeo Latinoamericano de Feminicidio, en adelante MLF, en el contexto de la Pandemia se sostiene que año tras años miles de mujeres son asesinadas por el solo hecho de pertenecer al género femenino, al respecto, al menos 3.287 mujeres han sido víctima en 2018, en consideración la información oficial para 15 países de América Latina y el Caribe (MUNDOSUR, 2020).

En este contexto, la cuarentena por el virus del Covid-19, a través de las medidas de aislamiento para evitar su propagación, contribuyó al aumento de los casos de violencia hacia las mujeres y del femicidio o feminicidio de los sectores más vulnerables de los países de la región.

El MLF es una herramienta única en su tipo ya que no existe a nivel regional ningún instrumento similar, que brinde los datos cuantitativos de los casos con la celeridad en que este instrumento lo realiza (MUNDOSUR, 2020).

Así también, compara los datos provenientes de los informes gubernamentales de los Estados latinoamericanos, siempre que estén disponibles a la información pública con los datos proporcionados por las 20 organizaciones territoriales de diferentes países del continente respectivo y que tiene por misión el relevamiento de este tipo de datos (MUNDOSUR, 2020).

Con respecto a la legislación de los países de la región se resalta la falta de homogeneidad, lo que constituye una dificultad para realizar un mapeo comparativo a escala regional (MUNDOSUR, 2020).

En ese orden de ideas y con relación a la figura del feminicidio, las legislaciones de los países latinoamericanos se dividen en aquellos que han optado por la incorporación del tipo penal de feminicidio o femicidio en el Código Penal, algunos los sancionaron leyes de protección integral y otros leyes especiales.

Al respecto, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Honduras, México, Panamá, Perú, República Dominicana y Perú, son 12 países que han incorporado el tipo penal de femicidio o feminicidio en su Código Penal.

En cambio, Paraguay, Costa Rica, el Salvador, Guatemala, Nicaragua y Venezuela son 6 seis países que han optado por sancionar leyes especiales para incorporarla.

Puerto Rico cuenta con una ley de violencia doméstica sin tipificar la conducta dentro de su sistema jurídico, en cambio Haití tipifica en su Código Penal la muerte del esposo/esposa, pero exculpa al cónyuge por el asesinato en caso de adulterio.

Finalmente, Cuba es el único país que no cuenta con normativas referente a la violencia ejercida en contra de la mujer.

Método

El tipo de investigación es documental en razón de que se consultaron libros, revistas jurídicas, normativas, doctrinas y un fallo de la Corte Suprema de Justicia paraguaya, para dicha búsqueda, se recurrió a fuentes de bases abiertas como el Observatorio de Violencia contra la Mujer dependiente del Ministerio de la Mujer −Paraguay−, y el Observatorio de Violencia de Género de América Latina y el Caribe, para acceder a las diferentes normativas referidas a la protección contra la violencia hacia la mujer.

Resultados

El feminicidio como política criminal de los Estados miembros del Mercosur en la lucha contra la violencia hacia la mujer

En cuanto a la política criminal internacional en la Reunión XXIII Especializada de Ministerios Públicos del Mercosur, realizada el 8 de junio de 2018, los Procuradores y Ministerios Públicos de la región, por medio de sus representantes se comprometen a crear instrumentos idóneos necesarios que contemplen lineamientos y criterio comunes de intervención interinstitucional para la investigación, sanción y reparación en los casos de feminicidio o femicidio y violencia contra la mujer y de esa manera a proteger su derecho y promover la igualdad de género (Mercosur, rempm.org, 2021).

Igualmente, en la reunión XXIV realizada en Montevideo-Uruguay, en fecha 18 de noviembre de 2018, realizan una declaración en la que manifiestan la necesidad de promover la igualdad de género en el ámbito institucional u o fomentar la participación igualitaria en eventos y foros en los que intervengan los Ministerio Públicos. Esta declaración se realiza en razón de que los estados partes son signatarios de la Convención de la Convención de las Naciones Unidas, referente a la eliminación de toda forma de violencia contra la mujer (Mercosur, rempm.org, 2021).

Así también, a la fecha la Convención Belém Do Pará cuenta con la ratificación de 32 países, que a partir de su firma asumen el compromiso político de luchas contra esta forma de violencia.

En ese orden de ideas, los Estados Miembros del Mercosur en su totalidad han ratificado esta Convención, que como se indicó con anterioridad llena el vacío de la CEDAW.

Tabla 1

Países miembros del Mercosur que han ratificado la Convención Belém Do Pará.

Fuente: Unidad Legal Regional de la Oficina del ANCUR (2014).

Los tipos de violencia previstos en la Convención son la violencia física, psicológica y sexual.

La ONU en su Conferencia IV sobre mujeres, celebrada en Beijín en el año 1995, reconoce que la violencia contra la mujer es un freno para la igualdad de desarrollo y la paz (Duarte, 2010).

En esa línea de pensamiento, la forma más grave de manifestación de la violencia hacia la mujer es el feminicidio o femicidio, el primero fue el término adoptado por la legislación nacional paraguaya, que si bien es cierto no son términos opuestos, en su acepción terminológica tienen una connotación distinta.

Los Estados miembros del Mercosur han optado por usar de manera indistinta estos términos en sus respectivas legislaciones, ya sea por una ley especial o un tipo penal autónomo o incorporándose al Código Penal como un agravante del homicidio.

Tabla 2

Sanción del tipo penal de feminicidio en los Estados miembros del Mercosur.

El primer país miembros del Mercosur en sancionar esta forma de violencia es Argentina, en el año 2012, este país no hace mención al término de feminicidio o femicidio, sino más bien modifica el art. 80 del Código Penal y lo introduce como un agravante del homicidio.

Le sigue Bolivia, por medio de la sanción de la Ley n.° 348/13 que garantiza a las mujeres una vida sin violencia, introduce esta figura como tipo penal autónomo optando por el término feminicidio.

En el caso de Venezuela, en el 2015 también sanciona su Ley de Protección Integral, pero opta por el término de femicidio.

La República Federativa de Brasil; al igual que la Argentina ubica al homicidio cometido contra la mujer desde una perspectiva de género como un tipo cualificado en el Código Penal, pero utiliza el término feminicidio para diferenciarlo de los demás agravantes.

En relación a la expectativa de pena es Argentina quien prevé en su sistema penal la reclusión o prisión perpetua, en cambio dispone que en caso de darse atenuante la pena a ser aplicada oscilaría entre 8 a 25 años de prisión o reclusión.

En el caso de la pena privativa de libertad máxima, tanto Bolivia, Brasil , Paraguay y Uruguay disponen de 30 años, en el caso de Venezuela la pena máxima es de 25 años.

Con respecto a la pena mínima para este crimen, Paraguay es el Estado con menor expectativa −10 años− sin embargo, Venezuela y Argentina establece una pena privativa de libertad mínima de 20 años.

En relación a los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal de feminicidio u homicidio agravado por razones de género, se describe a continuación:

Tabla 3

Descripción del tipo penal de feminicidio u homicidio agravado por razones de género.

La Corte Suprema de Justicia de Paraguay, Sala Penal, por medio del Acuerdo y Sentencia n.° 853/21 en el Expediente caratulado: «Recurso de casación interpuesto por el defensor público Oscar Chamorro en representación de Hugo Aguayo Guariare en la causa: Hugo Aguayo Guariare s/ H.P. c/ la vida, Feminicidio en Tobati», sostuvo con respecto a los elementos objetivos y subjetivo del tipo penal de feminicidio:

En relación a lo esgrimido por el apelante sobre las exigencias en caso de Feminicidio de acreditar positivamente los elementos objetivos del tipo penal y la voluntad de realizarlos se complemente el fallo del Tribunal de Apelaciones con los siguientes argumentos:

Los incisos b y c del art. 50 de la Ley n.° 5777/16, de Protección Integral a las mujeres contra toda forma de violencia tratan casos en los que existe una relación interpersonal entre la víctima y su agresor, hecho punible denominado en la doctrina como feminicidio del tipo activo o directo, de modalidad penal intima o familiar, esta denominación surge como alternativa al término neutro de “homicidio” con el fin de visibilizar y reconocer la discriminación y violencia sistemática contra la mujer en su forma más extrema, cuyo epílogo tiene lugar con la muerte de la misma.

El art. 50 establece cuales son las circunstancias del hecho de poner fin a la vida de una mujer que deban ser consideradas para que la conducta configure hecho punible de feminicidio, determinado así que no todo homicidio de una mujer es feminicidio, sino solo aquel que ocurre cuando se da alguna de las circunstancias descriptas en el tipo a, b, c, d, e, y f del tipo penal. Por lo que no se tratan de incidentes aislados que ocurren en forma repentina e intempestiva, sino más bien del último acto continúo de violencia.

Llegado a este punto es menester realizar algunas precisiones dogmáticas sobre el caso objeto de estudio: el que matare a una mujer por odio hacia ellas, tal como afirma el Ad quem al responder el agravio, resulta la conducta lógica del hecho punible del homicidio de una mujer por su condición de tal (art. 50 de la Ley n.° 5.777/16). Sin embargo, se debe señalar que el tipo penal autónomo de feminicidio inserto en la legislación paraguaya, no observa una tipología de odio o no requiere un odio manifiesto hacia la mujer (misoginia), sino que la conducta de matar a una mujer se produzca en un contexto de violencia estructural, materializada a través de pautas o costumbre sociales que reglan a la mujer a una posición de subordinación y desigualdad. Razón por la que el contexto situacional en el que se produce el hecho es el que debe servir como indicio, para valorar si la muerte de la mujer se dio por su condición de tal, permitiendo así una probanza más acertada entorno al dolo del ilícito.

Observada la Ley especial n.° 5777/16, corresponde precisar que tuvo como motivo principal: prevenir, sancionar y erradicar todo tipo de violencia contra la mujer por su condición de tal; siendo esa la finalidad de la norma, por lo que debe ser analizada en ese contexto y de manera sistemática: legislación nacional penal, ley especial y normativa internacional bajo la premisa del vínculo existente entre violencia contra las mujeres y la discriminación, siendo esto reconocido por la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención Belem Do Pará). El Comité de la CEDAW y la Recomendación General n.° 35 y Las 100 Reglas de Brasilia.

Desde esta perspectiva, cuando el tipo penal establece la conducta del que mata a una mujer por su condición de tal, está haciendo referencia únicamente al dolo del feminicidio. Este en su sentido normativo, supone que el sujeto activo tenga conocimiento que está matando a una mujer por un factor que objetivamente está asociado a su género y que, a pesar de ello, decida desplegar el ataque contra la vida. Igualmente, el riesgo contra la igualdad material de las mujeres está incorporado en el tipo objetivo, por lo que no hay justificación jurídica para extenderlo a tipo subjetivo.

Bajo esta contextualización la interpretación del tipo penal de feminicidio realizado por la Corte Suprema de Justicia paraguaya, afirma que esta figura incorporada por la Ley n.° 5.777/16, no precisa del elemento de odio al género femenino, sino más bien la representación del sujeto, que el ataque realizado al objeto material es una mujer ‒dolo de hecho‒, y que la lesión al bien jurídico se produjo en un ambiente de violencia de acuerdo a lo establecido en los inc. a, b, c, d, e y f del art. 50 y no como un hecho aislado.

Ahora bien, se debe tener presente que existe una teoría que refiere a los delitos de odio o crímenes de odio desarrollado por exponentes del Derecho Penal, para ello se hace fundamental recurrir a esta rama para analizar el concepto que da este término compuesto. Sobre el punto de entiende por odio como «la antipatía y aversión hacia algo o hacia alguien cuyo mal se desea» (Camara Arroyo, 2017, pág. 147).

Se debe tener presente que el odio es un término popular en el argumento criminológico, el cual es utilizado para clasificar conductas desviadas cuyo componente común es la hostilidad sobre ciertos grupos colectivo ‒raza, género, etc.‒ (Osorio, 2017).

La problemática de este tipo de delitos reside, justamente, en establecer el motivo del odio y que no se le está sancionado al autor por su forma de ser, sino más bien por el desvalor adicional de su conducta. Para ello es fundamental categorizar el delito de odio según la estructura del tipo penal ‒agravante, amenaza, lesión‒ (Osorio, 2017).

Para la Organización para la Seguridad y la Cooperación Europea (2021) los delitos de odio tienen dos componentes básicos: un delito y una motivación prejuiciosa. De lo que se colige que no necesariamente el término de odio deba describir como un componente del tipo penal.

Eso se da como acertadamente lo sostuvo la Corte Suprema de Justicia Paraguaya al referirse al odio en la dimensión subjetiva del autor, ya que de referirse el tipo penal de feminicidio a este término incurriría en la objetivación de lo subjetivo. Sobre el punto señala Camara Arroyo (2017):

Desde una perspectiva subjetiva, refiriéndonos a hechos delictivos de eminente carga tendencial puede asegurarse que todas las conductas calificadas como discurso del odio persigan la creación de un clima social de hostilidad –esto es, supongan un «peligro real y cierto»– contra aquellas personas que pertenezcan a un determinado grupo; como desde una perspectiva objetiva, tampoco es posible afirmar que todo discurso del odio sea idóneo para conseguir tales fines.

La interpretación en sentido opuesto –la actual– amplía las puertas a una masiva criminalización de determinados aspectos de la realidad social que, por mucho que nos resulten desagradables a los que no pensemos de la misma forma, quedan amparados por la libertad de expresión.

En este sentido, como trataré de exponer, prescindir de determinados elementos subjetivos en los delitos de odio supone dirigirnos hacia un automatismo inflexible en la aplicación de la norma. No es algo nuevo en las últimas reformas penales y en su exégesis jurisprudencial: se trata de un «curioso» proceso legislativo e interpretativo, que podría denominarse «objetivación de lo subjetivo y subjetivización de lo objetivo».

Es frecuente que las más recientes líneas jurisprudenciales traten de prescindir de los elementos subjetivos específicos de los tipos penales más allá del dolo genérico (p. 200).

En el caso del tipo agravado de homicidio previsto en la legislación argentina el art. 80 inc. 4° requiere: «el odio por placer, codicia, odio racial, religioso, de género o a la orientación sexual, identidad de género o su expresión».

La principal problemática que se da en la legislación argentina es la posibilidad de hacer extensiva la interpretación del odio por razón de género, que como bien se ha dicho corresponde a la dimensión subjetiva del autor, no obstan la dialéctica dispuesta en el art. 80 ‒modificado‒ del Código Penal Argentino trae como disyuntiva la posibilidad de aplicar la normativa a hechos cometidos por mujeres hacia el varón que traiga aparejada una connotación de género, a diferencia de la demás legislaciones, lo que promueve en contrapartida la garantía del principio de igualdad.

Misma connotación ‒en lo que refiere al elemento objetivo del odio‒ sucede con legislación venezolana en su art. 57 indica: «el que intencionalmente cause la muerte de una mujer motivado por odio o desprecio a la condición de ser mujer». No obstante, en ella se describe como objeto material a la mujer por tanto la normativa es aplicable sólo al sexo femenino a diferencia de la argentina. También incluye el elemento adicional del dolo.

En el caso de la legislación brasilera el apartado I indica el: «menosprecio o discriminación de la condición de la mujer», que según la definición de la Real Academia Española (2022) significa en su primera acepción «poco aprecio, poca estimación» y en su segunda acepción «desprecio» término que se equipara al odio al tratarse de una animadversión. Misma situación se ve en la normativa uruguaya que refiere «odio, desprecio y menosprecio».

En la legislación boliviana al igual que la nacional el elemento subjetivo se compone por el dolo de hecho, es decir la representación en la mente del autor que el objeto material sobre el cual recae la acción es una mujer.

Todas ellas tienen en común como elemento del tipo objetivo el vínculo familiar en el que se da en este tipo de hecho.

Otras decisiones político criminal referente a los Estados miembros del Mercosur es la sanción de la Ley n.° 27.501/19, que modifica la Ley n.° 26.845/09 «de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres» e incorpora como modalidad de violencia a la mujer el acoso callejero, en Argentina.

Al respecto, el art. 1 de la Ley modificatoria a la Ley n.° 26.845/09 dispone:

Incorpórese al art. 6° de la Ley 26.485, de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, como inciso g) el siguiente: Violencia contra las mujeres en el espacio público: aquella ejercida contra las mujeres por una o más personas, en lugares públicos o de acceso público, como medios de transporte o centros comerciales, a través de conductas o expresiones verbales o no verbales, con connotación sexual, que afecten o dañen su dignidad, integridad, libertad, libre circulación o permanencia y/o generen un ambiente hostil u ofensivo.

En tal sentido, el acoso callejero como forma de violencia contra la mujer no se encuentra definido o tipificado en la legislación paraguaya, no obstante, sobre la base de la forma de violencia establecida en el art. 6 de la Ley n.° 5.777/16, se lo contextualiza como una violencia sexual. Sobre este aspecto, identificar la definición dada en la legislación argentina, en el C.P. paraguayo, en su art. 132 refiere a los actos exhibicionistas, como aquello actos obscenos que ofendan el pudor de las personas, también en el art. 122, se encuentra tipificada la amenaza que se describe a partir de un hecho punible contra la integridad sexual.

En Brasil, una distinción se da en la tipificación como crimen de la medida protectora de urgencia, con una pena privativa de libertad de hasta dos años. En referencia a ello, la legislación nacional cuenta con la Ley n.° 4.711/12 «que sanciona el desacato a un orden judicial», al respecto, el art. 1 dispone la misma expectativa de pena que la legislación brasilera, para el que incumpliera una orden escrita dictada en forma legal por una autoridad judicial competente y prevé el aumento de la pena hasta cinco años en caso de darse los agravantes como el apercibimiento o cuando se facilitare o posibilitare la comisión de otros hechos punibles.

En cuanto a Bolivia, en materia procesal penal el 3 de mayo de 2019, se promulgó la Ley n.° 1173 «Ley de abreviación de los plazos procesal penal y de fortalecimiento de lucha integral contra la violencia hacia niñas, niños, adolescentes y mujeres», con el objeto de procurar una pronta y oportuna resolución de conflictos penales que permita evitar un retardo procesal, así como el abuso de la detención preventiva y, con ello lograr una tutela efectiva de las víctimas. A este efecto, se modifica el art. 23 del Código de Procedimiento Penal Ley n.° 1970 del 25 de marzo de 1999, que establece la suspensión condicional del procedimiento, este artículo hace referencia a delitos que tengan como máximo legal de pena privativa de libertad hasta seis años.

En Paraguay este instituto se encuentra regulado en el art. 21 y 308 del Código Procesal Penal, −este último cuando hubiera imputación− y refiere a la posibilidad de la suspensión a prueba de la ejecución de la condena, que a tenor de los dispuesto en al art. 44 del C.P. la pena privativa de libertad a ser impuesta debe ser hasta dos años.

Sin embargo, Bolivia prohíbe el indulto presidencial cuando un sujeto sea condenado por feminicidio.

En Uruguay, los hijos de personas fallecidas como consecuencia de hechos de violencia doméstica reciben una asistencia económica por parte del Banco de Previsión Social de conformidad a lo previsto en la Ley n.° 18.850/11.

Finalmente, en Venezuela se sancionaron conductas punibles en el ámbito laboral por medio de la Ley n.° 38.236/05. Al respecto, el incumplimiento por parte de los empleadores o empleadoras de las normas referentes a la seguridad y salubridad en el área de trabajo, los hará pasibles de sanciones administrativas, civiles o penales, según sea el caso de acuerdo a lo dispuesto en el art.116.

En ese entendimiento, el art. 131 de la citada ley establece una sanción de pena privativa de libertad por la muerte del trabajador o trabajadora en caso de violación graves y muy graves de la normativa legal en materia de seguridad y salud en el trabajo, el empleador o empleadora o sus representantes, serán sancionados con pena de prisión de ocho a diez años.

También, el inc. 8 del art. 5 estipula que se deben tomar las medidas adecuadas para evitar cualquier forma de acoso sexual y establecer una política destinada a erradicar la de los lugares de trabajo.

En este aspecto en el C.P. como ya se expuso, se encuentra sancionado el acoso sexual cuyo componente objetivo hace alusión a la relación de dependencia. También, el art. 205 del mismo cuerpo legal tipifica la exposición a personas en lugares de trabajo peligroso.

No obstante, se debe tener presente que la Ley n.° 5.508/15 «promoción, protección de la maternidad y apoyo a la lactancia materna» y la Ley n.° 3.338/07, que aprueba la Convención de la OIT n.° 156, referentes a la igualdad de oportunidades y de trato entre trabajadores y trabajadoras con responsabilidades familiares, se traduce en una verdadera acción positiva con un enfoque de género.

Conclusión

Se debe denotar que la sanción de la figura de feminicidio en definitiva, se vio influenciada por los países miembros del Mercosur, ya que Paraguay fue el penúltimo Estado en sancionar esta conducta típica.

En ese contexto, tanto Argentina, Brasil y Uruguay han optado por sancionar el feminicidio como un agravante del tipo del homicidio, en cambio Bolivia, Venezuela y Paraguay lo han hecho como un tipo penal autónomo a través de una ley especial. También, cabe destacar que Venezuela es el país con expectativa de pena mínima más alta–veinte años–, en los demás países el mínimo oscila de entre 10 a 15 años.

Se puede afirmar que, la tendencia para establecer la igualdad de género entre varones y mujeres se da por medio del derecho penal, es decir sancionando nuevos tipos penales con expectativas de pena elevadas, provocando el uso irracional de la fuerza del Estado y cortando la libertad del actual enemigo del sistema en materia de violencia de género −el varón− sin que con ello, se cumpla con el principio de prevención general, la readaptación y la protección a la sociedad.

En Paraguay la pena mínima establecida para este tipo penal es de diez años, que no puede ser interpretado para la mera disuasión de la conducta, ya que la ambigüedad del principio de proporcionalidad de la prisión preventiva –pena mínima, duración máxima del proceso y dos años− sumado a la interpretación de la Corte Suprema de Justicia del Paraguay, Sala Penal, constituye per se un adelantamiento de la punibilidad, característica propia del derecho penal del enemigo, entre otras, como considerar que la pena mínima es desproporcionadamente alta en comparación con el homicidio establecido en el art. 105 del C. P. que es de −cinco años− sumado a ello, una especial disminución de garantías al varón en estas circunstancias.

En ese orden de ideas, reconocer la asimetría existente entre varones y mujeres, por componentes eminentemente culturales es una realidad con la que se vive por lo que, se hace necesario tomar decisiones políticas inteligentes, por medio la utilización de la perspectiva de género en los instrumentos normativos con que se cuenta, sin necesidad de sancionar en el ámbito penal nuevas normativas referentes a este fenómeno social.

No se puede culpar al varón de los patrones culturales heredados, ya que no son sólo ellos los responsables de estas prácticas, que no en pocas ocasiones se ve realizada por las congéneres en las familias, estableciendo permisos u prohibiciones a sus miembros según el sexo, incluso en la repartición de los que haceres del hogar.

Finalmente, uno de los factores más importantes es el acceso a la justicia de las mujeres, en este caso el sector vulnerable y no se encuentra garantizado por la sanción de la figura del feminicidio, comprendida como la expresión extrema de la violencia que significa una debilidad o la implementación de estrategias insuficientes por parte del Estado en la protección eficaz de los derechos de la mujer.

Recomendación

Disminuir el marco penal mínimo del tipo penal de feminicidio, en razón a la desproporcionalidad con el tipo de homicidio, el cual se sugiere redactar como sigue:
art. 50 Feminicidio: El que matará a una mujer por su condición de tal y bajo cualquiera de las siguientes circunstancias, será castigado con pena privativa de libertad de seis a treinta años, cuando:
a) El autor mantenga o hubiere mantenido con la víctima una relación conyugal, de convivencia, pareja, noviazgo o afectividad en cualquier tiempo;
b) Exista un vínculo de parentesco entre la víctima y el autor, dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad;
c) La muerte ocurra como resultado de haberse cometido con anterioridad un ciclo de violencia física, sexual, psicológica o patrimonial contra la víctima, independientemente de que los hechos hayan sido denunciados o no;
d) La víctima se hubiere encontrado en una situación de subordinación o dependencia respecto del autor, o este se hubiere aprovechado de la situación de vulnerabilidad física o psíquica de la víctima para cometer el hecho;
e) Con anterioridad el autor haya cometido contra la víctima hechos punibles contra la autonomía sexual; o,
f) El hecho haya sido motivado por la negación de la víctima a establecer o restablecer una relación de pareja permanente o casual.

Referencias

H.A.E, 4.026 (Tribunak Oral en lo Criminal n.° 16 31 de Mayo de 2013).

Acevedo, D. (2012). Violencia laboral, género y salud. Trabajadoras y trabajadores. Red de Revistas

Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal, 167-177.

Americanos, O. d. (14 de Agosto de 1995). Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar

y Erradicar la Violencia contra la Mujer. Convención Belém Do Pará. Belém Do Pará, Pará, Brasil.

Americanos, O. d. (2020). La violencia de género en línea contra las mujeres y niñas. Canadá: OAS Cataloging-in-Publication Data.

Barboza, Lourdes. (Junio de 2017). Protocolo de Acción Interisntitucional .Ante la muerte violenta, tentativa de muerte y violencia de alto riesgo contra mujeres, realizada por su pareja o expareja. Asunción, Asunción, Paraguay: Copipunto S.A.

Biblioteca y Archivo Centra del Congreso de la Nación. (06 de Diciembre de 2021). bacngov.py. Obtenido de bacn.gov.py:https://www.bacn.gov.py/conoce-tu-ley/8916/violencia- domestica-ley-n-160000-

Brasil, C. N. (15 de Mayo de 2001). Ley n.° 10224/01 “Que modifica Ley 2.848 (Código Penal) del 7 de diciembre de 1940 y tipifica como delito el acoso sexual y otros actos”. Ley n.° 10224/01 “Que modifica Ley 2.848 (Código Penal) del 7 de diciembre de 1940 y tipifica como delito el acoso sexual y otros actos”. Brasilia, Brasil.

Cámara Arroyo, S. (2017). El concepto de delitos de odio y su comisión a través del discurso. Especial referencia al conflicto con la libertad de expresión. Anuario de derecho penal y ciencias penales, 139-225

Cámara de Diputados. (8 de Diciembre de 2021). http://odd.senado.gov.py/. Obtenido de http:// odd.senado.gov.py/: http://odd.senado.gov.py/archivos/file/MHCD%20Nro%201818.pdf

Caribe, O. d. (1 de Noviembre de 2021). oig.cepal.org. Obtenido de oig.cepal.org: https://oig. cepal.org/es/laws/1/country/brasil-7

Corte Suprema de Justicia. (7 de Diciembre de 2021). www.pj.gov.py. Obtenido de www.pj.gov. py: https://www.pj.gov.py/contenido/328-100-reglas-de-brasilia/328

Cruz, M. (25 de Octubre de 2017). Un abordaje de la noción de feminicidio desde una perspectiva

psicoanalítica como recurso para mejorar la aplicación de la Revista ajayu de psicología,

214-251.

Facultad de Derecho, Universidad Nacional de Rosario. (29 de Noviembre de 2021). fder.

unr.edu.ar. Obtenido de fder.unr.edu.ar: https://www.fder.unr.edu.ar/2019/06/05/a-25-

anos-de-la-convencion-de-belem-do-para/

Flecha, A., Puigvert, L., & Redondo, G. (diciembre de 2005). Socialización prevenetiva de la violencia de género. Revistas- Feminismo, 6(8), 107-120.

Hendel, L. (Mayo de 2017). Perspectiva de género. Buenos Aires: GOMO.

Hernandez Sampieri, R. (2014). Metodilogía de la investigación. México: Interamericana Editores S.A.

Instituto Interamericano de Derechos Humanos. (2009). Acceso a la Justicias y Derechos Humanos

en Paraguay. Acceso a la Justicias y Derechos Humanos en Paraguay, Módulo

autoformativo. Asunción, Paraguay.

Lamas, M. (1996). Prespectiva de Género. Revista de Educación y Cultura, 1-15.

Mercosur, C. d. (12 de Octubre de 2021). rempm.org. Obtenido de rempm.org: https://

www.rempm.org/archivos/Reuniones/23/Especializada/Anexo_VI._Declaraci%C3%

B3n_Violencia_basada_en_G%C3%A9nero_XXIII_REMPM12062018104632.pdf

Mercosur, C. d. (12 de Octurbe de 2021). rempm.org. Obtenido de rempm.org: https://www. rempm.org/rempm.php

MERCOSUR, C. d. (12 de Octubre de 2021). rempm.org. Obtenido de rempm.org: https://www. rempm.org/archivos/Reuniones/24/Especializada/anexo_v_declaraciones_aprobadas/ declaracion-Genero.pdf

Ministerio Público, M. d. (30 de Setiembre de 2015). Protocolo para la investigación de la violencia contra la mujer en el ámbito familiar desde una perspectiva de género. Protocolo para la

investigación de la violencia contra la mujer en el ámbito familiar desde una perspectiva

de género. Asunción, Asunción, Paraguay: Cyan, Proyectos Editoriales, S.A.

Mujeres, O. (22 de Octubre de 2021). unwomen.org. Obtenido de unwomen.org: https://www. unwomen.org/es/what-we-do/ending-violence-against-women/faqs/types-of-violence

MUNDOSUR. (27-07-21 de julio de 2020). https://mundosur.org/feminicidios/. Obtenido de

https://mundosur.org/feminicidios/: https://mundosur.org/wp-content/uploads/2021/03/ Segundo-Informe-MLF.pdf

Nacional, G. (27/07/21 de Julio de 2021). gov.py. Obtenido de gov.py: https://www.stp.gov.py/pnd/

wp-content/uploads/2014/12/pnd2030.pdf

Ochoa Mangdo, E., Modoz Gúrpide, A., & Muelas, N. V. (2009). Diagnóstico y tratamiento de la dependencia del alcohol. Medicina y seguridad del trabajo, 26-40.

Organización de la Naciones Unidas, O. (24 de Noviembre de 2021). un.org. Obtenido de un.org:

https://www.un.org/es/observances/international-days-and-weeks

Ossorio, M. (2010). Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Buenos Aires:

Editorial Heliasta SRL.

Osorio, J. L. F. (2017). El odio como delito. Revista electrónica deficiencia penal y criminología, 19, 1-52.

Paraguay, C. d. (29 de Diciembre de 2016). Ley n.° 5.777/16 “De Protección Integral a las Mujeres,

contra toda forma de Violencia”. Ley n.° 5.777/16 “De Protección Integral a las Mujeres,

contra toda forma de Violencia”. Asunción, Asunción, Paraguay: Gaceta Oficial de la República del Paraguay.

Penha”, L. n. (Junio de 2006). oig.cepal.org. Obtenido de oig.cepal.org: https://oig.cepal.org/

sites/default/files/2006_bra_leymariadapenha.pdf

Plurinacional, A. L. (9 de Marzo de 2013). Ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre

de violencia. Ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. La

Paz, Bolivia.

PROMUVI Mujer. (Junio de 2017). Protocolo de Acción Interinstucional .Protocolo de Acción Interinstucional. Ante la muerte violenta, tentativa de muerte y violencia de alto riesgo contra las mujeres realizadas por su pareja o expareja. Asunción, Paraguay: Copipunto S.A.

Real Academia Española. (8 de diciembre de 2021). rae.es. Recuperado el 8 de diciembre de

2021, de rae.es: https://www.rae.es/drae2001/g%C3%A9nero

Salud, O. M. (2002). Informe mundial sobre violencia y salud. Ginebra: Tushita Graphic Visión.

Salud, O. M. (18 de noviembre de 2019). who.int/es/. Recuperado el 15 de julio de 2021,

de who.int/es/: https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/mental-disorders

Salud, O. M. (04 de agosto de 2021). who.int. Obtenido de who.int: https://www.who.int/ substance_abuse/terminology/lexicon_alcohol_drugs_spanish.pdf

Salud, O. P. (20 de Octubre de 2021). paho.org. Obtenido de paho.org: https://www.paho.org/es/

temas/violencia-contra-mujer

Sánchez Santander, J. M. (14 de Octubre de 2021). derechopenalonline.com. Obtenido de derechopenalonline.com:https://derechopenalonline.com/violencia-de-genero-delitos- de-genero-en-el-codigo-penal-argentino-estandares-para-una-correcta-reaccion-punitiva- del-estado/

Secretaría de Género, Poder Judicial . (6 de Diciembre de 2021). www.pj.gov.py. Obtenido de

www.pj.gov.py:https://www.pj.gov.py/images/contenido/secretariadegenero/ marcolegal/LEY-3338-2007.pdf

Estados Miembros del Mercosur	Forma extrema de violencia hacia la mujer	Cuerpo normativo	Expectativa de pena
Argentina	Homicidio agravado art. 80 modificado por Ley n.° 26.791/12	Código Penal Argentino	Reclusión perpetua o prisión perpetua. En caso de mediar circunstancias atenuantes se podrá aplicar reclusión o prisión de 8 a 25 años.
Bolivia	Feminicidio art. 252 bis Ley n.° 348/13	Ley de Protección Integral	Pena privativa de libertad de 30 años sin derecho a indulto
Brasil	Homicidio agravado ‘Feminicidio art 21 modificado por Ley n.° 13.104/15	Código Penal Brasilero	Pena privativa de libertad de 12 a 30 años
Paraguay	Feminicidio art. 50 de las Ley n.° 5.777/16	Ley de Protección Integral	Pena privativa de libertad 10 a 30 años
Venezuela	Femicidio art. 57 de la Ley 40.548/14	Ley de Protección Integral	Pena privativa de libertad 20 a 25 años
Uruguay	Homicidio agravado art. 312 modifiacado por Ley n.° 19. 538/17	Código Penal Uruguayo	Pena privativa de libertad de 15 a 30 años.

Países	Año
Argentina	09.04.1996 (ratificación)
Bolivia	26.10.1994 (ratificación)
Brasil	16.11.1995 (ratificación)
Paraguay	29.09.1995 (ratificación)
Uruguay	04.01.1996 (ratificación)
Venezuela	16.01.1995 (ratificación)