Resumen

En los últimos años se acrecentó la cantidad de sucesos relacionados al narcotráfico en el Paraguay. Un escenario con potencialidad de gravedad, primordialmente, por las operaciones de grupos criminales transnacionales y el aumento generalizado de la violencia cotidiana. Ante la nefasta coyuntura brotó un conjunto de discursos que argumentaron el crecimiento del fenómeno debido a la ausencia del Estado, y sus respectivos agentes. A pesar de ello, es importante preguntarse ¿solo se podría atribuir al Estado, su presencia, o ausencia, como el único o el principal factor de crecimiento del crimen organizado y del mercado ilegal de las drogas en el Paraguay? Al respecto, se propuso discutir a tal línea explicativa mediante datos empíricos que mostraron las acciones estatales en los territorios rojos: ‒departamentos de Amambay, Canindeyú y Concepción‒. Para lograr el objetivo propuesto se realizó una investigación tipo documental, con un alcance descriptivo, como técnica de recolección de datos se realizó el análisis documental y el instrumento utilizado fue la ficha de contenido. En tal sentido se pude afirmar que se complejizó que el narcotráfico se halla en tales zonas a pesar de que sí ha existido una acción estatal observable a través de: a) la Policía Nacional b) agentes de la SENAD y c) unidades fiscales especializadas. El artículo, buscó desmitificar una idea aceptada, promoviendo e invitando, últimamente a otros razonamientos que consiguieran dar una mejor fundamentación de lo sucedido en lo que respecta al narcotráfico y su expansión en el Paraguay.

Palabras clave: Estado paraguayo, crecimiento del narcotráfico, acción estatal, desmitificación, crimen organizado.

Abstract

In recent years, the number of events related to drug trafficking in Paraguay has increased, which represents a potentially serious scenario, primarily due to the operations of transnational criminal groups and the generalized increase in daily violence. Faced with this unfortunate situation, a series of discourses argues that the growth of the phenomenon is due to the absence of the State and its respective agents. Nevertheless, it is important to ask the question: can only the State and its presence, or absence, be attributed as the sole and main factor in the growth of organized crime and the illegal drug market in Paraguay? In this regard, it was proposed to discuss this line of explanation by means of empirical data showing state actions in the so called red territories: the Departments of Amambay, Canindeyú and Concepción. In order to achieve the proposed objective, a documentary type of research was carried out, with a descriptive scope, documentary analysis was used as the data collection technique, and the instrument used was the content card. In this sense, it can be affirmed that drug trafficking has become more complex in these areas despite the fact that there has been observable state action through: a) the National Police, b) SENAD agents, c) specialized fiscal units. The article sought to demystify an accepted idea, ultimately promoting and inviting other reasoning that would provide a better basis for what has happened with regard to drug trafficking and its expansion in Paraguay.

Keywords: Paraguayan state, drug trafficking growth, state action, demystification, organized crime.

Ñemombyky

Ko’ãga rupi okakuaa kakuaave ohóvo káso oikóva oñembojáva narcotráfico-ha ko Paraguáipe. Ojehecha ivaivaiveha umi oikopáva ñande apytépe, oĩ rupi heta aty oku’éva mba’evairãnte ha ojepysóva ambue tetãre, ko’ãva ogueru opaichagua ñorãirõreko opa araite. Ko mba’e vaiete renondépe oñehendu opáichagua ñe’ẽ, oñehendu ombojáva kóva oikoha ndaiporigui Estado ha imba’apohárakuéra ndojapóiha mba’eve. Upeicharõ jepe, iporãite ñañeporandumi, ikatúpa jaitypaite opa mba’e Estado ári ojapoha térã ndojapoiha mba’eve, ha hese rupive okakakuaaha pe crimen organizado ha okakuaaveha mercado oñembohasaha droga ko Paraguáipe. Upévare, kóva rehe oñeñomongeta heta, oñemombe’u ha ojehechauka dato-kuéra rupi mba’e mba’épa ojapo oikóvo Estado umi tenda oikovehápe ko jepy’apy guasu: ‒Departamentos de Amambay, Canindeyú ha Concepción. Omyesakã porã haguã ko mba’e ojejapo peteĩ investigación ohesa’ỹijo kuatiakuéra ha omombe’úva ojejapóva, oñembyaty haguã dato-kuéra katu oñehesa’ỹijo kuatiakuéra ha pe tembiporu katu héra ficha de contenido. Kóva rupive ojejuhu hypy’ũveha umi tenda oku’ehárupi narcotráfico, oku’e ha omba’apóramo jepe umí rupi Estado, ko’ãva jahechakuaa a) la Policía Nacional b) agentes de la SENAD, c) unidades fiscales especializadas. Kóicha ko kuatiañe’ẽ oheka omyesakãvo ha omopeteĩvo opavavete omoneíva ha upéicha oporomokyre’ỹ ha oporohendu ojejuhu haguã ambue ñe’ẽ arandu oipytyvõtava oñemopyrenda porãve hagã opa mba’e oikóva narcotráfico apytépe ha ojepysóva tetã Paraguáire.

Ñe’ẽ tee: Estado paraguayo, narcotráfico jekakuaa, estado rembiapo, ñemyesakã, crimen organizado.

Introducción

En los últimos años acrecentó la cantidad de sucesos relacionados al narcotráfico en el Paraguay (Peris y Saffon, 2022). Sobresalieron en el 2021, dos incautaciones históricas de cocaína, en las ciudades de Amberes ‒Bélgica‒ y en Hamburgo ‒Alemania‒, que tuvieron como sus puntos de salida, terminales portuarias ubicadas en tierras guaraní (Deutsche Welle, 2021).

Hay que mencionar además, los informes de prensa sentenciaron que dicho país se halló en un profundo proceso de complejización en lo referente a las drogas ilícitas (Global Initiative Against Transnational Organized Crime, 2021). Un escenario con enorme potencialidad de gravedad, primordialmente, por las operaciones de grupos criminales transnacionales, destacándose el accionar del Primer Comando de la Capital, no solo en las denominadas «zonas rojas» de los Departamentos de: Amambay, Canindeyú y Concepción, incluso en interacciones cotidianas en las calles, cárceles, rutas y otras propiedades de toda la nación (Shuldiner, 2022).

En ese entendimiento, a pesar de la configuración actual, la relación del Paraguay con el narcotráfico no fue algo nuevo. Numerosos estudios la situaron en una de las principales productoras de marihuana (Moriconi y Peris, 2018). Fenómeno que tuvo su origen en el arribo del francés Auguste Ricord (1911-1985), a fines de la década de 1960, transformando el paso de mercaderías, bajo la lógica del contrabando al tráfico de sustancias ilegales.

Puesto que el negocio, posteriormente, gozó con un amplio crecimiento por la intromisión de jerarcas militares durante la época stronista y, luego de la caída del régimen no democrático, la instalación de patrones territoriales que manejaron la delincuencia del narcotráfico (Fest, 2022).

Consecuentemente, con la instalación de grupos criminales transnacionales, el país mantuvo la hegemonía marihuanera. Se sumó a ella, laboratorios clandestinos donde se genera la cocaína exportada al resto del mundo. Así, de una diligencia muy local y secundaria a comienzos de 1970, actualmente el narcotráfico se convirtió en una actividad más diversa y de alcance global (Peris, 2021).

Ante la nefasta y preocupante coyuntura, brotó en la opinión pública, sectores de gobierno y referentes técnicos-especializados, un conjunto de explicaciones que intentaron fundamentar sobre el porqué se magnificó el narcotráfico en el Paraguay. Tales discursos se radicaron a través de una razón política, argumentando que el crecimiento del fenómeno se debió a la ausencia del Estado, y sus respectivos agentes en las zonas conflictivas (Mejías, 2020).

En este contexto, en septiembre de 2022 por ejemplo, el congresista Enrique Riera, de la Asociación Nacional Republicana, en adelante ‒ANR‒, sostuvo que existieron «franjas liberadas» en las cuales el crimen organizado tuvo un amplio crecimiento (La Nación, 2022).

Igualmente, Hugo Vera, extitular de la Secretaría Nacional Antidrogas, en adelante ‒SENAD‒, subrayó el nulo ejercicio del gobierno, urgiendo que los responsables de turno reconozcan sus errores y realicen las correcciones para revertir la situación (La Nación, 2022).

Por último, el diario ABC Color uno de los medios de comunicación con mayor alcance y repercusión, en su edición del 27 de agosto de 2022 refirió: «En el Paraguay el crimen organizado tiene abiertas las puertas de entrada y de salida para el tráfico de drogas o de armas, esto se dio porque el Estado no pudo controlar los espacios por donde circularon dichas actividades» (2022).

De lo antes dicho, se puede apreciar tres discursos que versan acerca de del ámbito político, técnico y mediático, en los cuales se vio la constante de un supuesto Estado ausente y de la consecuente expansión del crimen organizado. En tal sentido, las zonas liberadas, el reconocimiento de errores y puertas de entrada y salida abiertas a criminales, todas las reflexiones giraron en virtud de un terreno no intervenido, el cual propició indirecta o directamente que el narcotráfico se haya asentado con mayor fuerza en el país.

Lo expuesto, inclusive ha gozado de una razón teórica. Aquella que versó sobre la debilidad oficial para cumplir con las tareas básicas de seguridad. Ya sea por una base fiscal pequeña, falta de modernización, carencia profesional sólido y desactualización de equipos, se han liberado ciertos mercados, áreas del territorios y criminales (Escalante, 2009).

Al no aparecer el orden nacional se generó el colapso de la legalidad, los ciudadanos buscaron medios alternativos para conseguir sus propósitos y, finalmente se ocasionó un mandato social distinto, el clandestino emergido desde la ilegalidad (Moriconi, 2011).

A pesar de lo citado y reflexionado, ¿solo se podría atribuir al Estado, su presencia o ausencia en este caso, como el único y el principal factor de crecimiento del crimen organizado y del mercado ilegal de las drogas en el Paraguay?

Al respecto, este trabajo científico se propuso discutir a tal línea explicativa. Mediante datos empíricos, que mostraron las acciones del Estado y sus agentes en los territorios rojos como son ‒departamentos de Amambay, Canindeyú y Concepción‒ que se complejizaron cuantitativamente.

Ya que el narcotráfico se halló en tales zonas a pesar de que sí ha existido una acción estatal, una manifestada en: a) La Policía Nacional, instalaciones y dependencias; b) agentes de la SENAD, c) unidades fiscales especializadas, y d) disponibilidad y ejecución presupuestario.

El artículo, en definitiva busca desmitificar una idea aceptada, promoviendo e invitando últimamente a otros razonamientos, que consiguieran dar una mejor fundamentación de lo sucedido entorno al: «narcotráfico y su expansión en el país».

Contextualización de la problemática

La premisa que se pretendió discutir en el presente trabajo fue que, ‒el aumento del narcotráfico en el Paraguay se debe exclusivamente a la ausencia del Estado y sus correspondientes agentes‒. Dicho de una manera alterna, la pesquisa intentó establecer, y comprobar que el Estado paraguayo, y sus representantes, sí estuvieron en áreas en las cuales el mercado ilegal de la droga se acrecentó y se complejizó y, por tal contexto, afirmar que la razón se halló solo en la carencia estatal no supondría un criterio válido en la comprensión del fenómeno.

Los territorios indagados se constituyeron en los departamentos de Amambay, Canindeyú y Concepción. Estas áreas geográficas, son fronterizas con el Estado Federal de Brasil, dado que son considerados como las «zonas calientes» en lo referente al narcotráfico del país.

La anterior idea encontró su fundamento empírico primeramente, por el índice de plantación marihuanera. De hecho, los departamentos estudiados se hallaron en la categoría ‒Región Norte‒ que, junto con San Pedro, Alto Paraguay y Boquerón, expusieron en los años 2019, 2020 y 2021 una superficie total de 14.265, 12.729 y 14.845 hectáreas cultivadas de marihuana, significando más del 90 % de lo localizado en toda la nación.

En segundo orden, los tres departamentos fijados no solo fueron los que mayor presencia de droga ilícita tuvieron en sus tierras, además, ostentaron una violencia extrema.

Así, en lo referente a la tasa de homicidio doloso por cada 100.000 habitantes, en Amambay fue de 78,4 en el 2019; 79,6 en el 2020; y de 69,8 en el 2021. En Concepción, en el 2019 se estableció en 15; 2020 en 17,7; y 2021 en 26,6. Por último en Canindeyú, 2019 en 16; 2020 en 9,4; y en el 2021 en 15. En todos los casos y periodos de tiempo analizados, estas regiones superaron ampliamente los promedios del país, definidos en 8 durante el 2019; 6,6 en el 2020, y 7,21 en el 2021.

En tercer lugar, en lo que refiere al sicariato, se constituyeron en los territorios en los cuales más se han generado este tipo de acontecimientos. En una sumatoria de 2019 a 2021, Amambay presentó 207 casos, Concepción, en segundo lugar con 20 sucesos y, en tercer lugar, Canindeyú con 15 acontecimientos (ver Tabla 3).

Así, los homicidios por encargo, conocidos como sicariato, encarnaron más de una tercera parte de los asesinatos en Paraguay solo durante el año 2021. Estos se volvieron habitual ‒pan de cada día‒ en Amambay, Canindeyú y Concepción, que a su vez fueron tradicionalmente ‒los pasos cruciales‒ en el traslado de marihuana y cocaína al Brasil (Mistler-Ferguson, 2022).

Conforme a los datos presentados, a) plantación de marihuana por hectárea, b) tasa de homicidio doloso por cada 100.000 habitantes, y c) sicariato, los departamentos seleccionados fueron justificados como los territorios adecuados para el estudio. Ellos se constituyeron en las áreas donde mayor droga ha circulado, pero incluso, la acción narco se mostró más cruel, activa y enfáticamente.

Método

Acorde a la contextualización antes dicha, la población estudiada comprende los departamentos de: Amambay, Concepción y Canindeyú. En ese entendimiento, se buscó cuantitativamente: a) el número miembros de la Policía Nacional designados, instalaciones y dependencias, b) la cifra de unidades fiscales especializadas, c) el total de agentes de la SENAD enviados al área del año 2021.

Estos datos se obtuvieron mediante el portal de «Acceso a la Información Pública» durante los meses de julio a septiembre de 2022.

Por tanto, los insumos exhibidos y analizados, fueron comparados con los datos a nivel nacional. Es de enfoque cualitativo, con diseño no experimental, pues, aunque se trabajó numéricamente, los mismos se consideraron con base a los datos recolectados por las instituciones estudiadas.

En cuanto al tipo de investigación fue documental, con un enfoque descriptivo, como técnica de recolección de datos se utilizó el análisis documental y el instrumento utilizado fue la ficha de contenido.

Análisis de los resultados

Miembros de la Policía Nacional asignados según las instalaciones y dependencias

Con relación a la figura de la Policía Nacional, en los departamentos analizados como primer punto a tratar, se registra un nivel medio en cuanto a la cantidad de policías designados.

De las 18 demarcaciones geográficas establecidas por el sistema de estadística del Ministerio del Interior, los departamentos de: Amambay, Concepción y Canindeyú se posicionan en los lugares n.° 8, 10 y 11, respectivamente.

En cambio, en Canindeyú existe un policía por cada 458 habitantes, en Concepción uno por cada 374 y en Amambay, uno por cada 334 personas. Las cantidades citadas se hallaron en el cociente promedio, pues en la Región Oriental la cifra se situó en alrededor de un vigilante por cada 410 habitantes.

Se destacaron además, Amambay y Canindeyú por la cantidad de ‒oficiales jefes‒ equivalentes a 60 y 41 oficial subalterno, mostrando que no solo existe una cantidad considerable de miembros con menor rango, sino también, se pudo personales con alta responsabilidad en el escalafón.

Al respecto, en Canindeyú se verificó en funciones a un ‒oficial superior‒, autoridad máxima de la estructura, mando que solamente se encontraron en 9 de las 18 delimitaciones territoriales.

Entonces, se puede afirmar que los tres departamentos cuentan con una cobertura aceptable en lo que respecta a la cantidad de miembros de la Policía Nacional, superando a otras jurisdicciones como: Guairá, Caazapá y Misiones, considerada también con una amplia actividad económica, social y demográfica. En definitiva, una presencia hasta importante atendiendo la coyuntura del país.

Sumando a lo anterior, y en segundo orden, se observó también a la Policía Nacional también en cuanto a la infraestructura montada en los terrenos investigados. Según los datos obtenidos, Concepción se posicionó en el puesto n.° 6, con un total de 67 dependencias.

En lo que concierne a Canindeyú y Amambay, se posicionaron en los puntos 9 y 10, con 57 y 48 instalaciones de control respectivamente. En ese entendimiento, sean comisarías, subcomisarías, puestos policiales o destacamento policial, se pudo observar una mayor presencia de esta institución en tales zonas. Si el número de efectivos estuvo en la parte media de la tabla y, en el caso de las construcciones de vigilancia, se ubicaron en la sección media-alta.

En términos amplios, la seguridad ciudadana y más aún en lo relacionado al narcotráfico, ambos se manifestaron bajo la lógica del control de los espacios. En efecto, el cuidado de la población no se aplicó en el marco de este trabajo y se logró únicamente por tareas del personal, ya que necesitó de obras físicas que lo contengan y permitan erigirse en autoridad y representante del monopolio de la fuerza legal del Estado ante la ciudadanía. Así, la infraestructura policial como indicador fue fundamental, pues, agregó al análisis respecto a la noción y presencia arquitectónica dentro de un área determinada.

De hecho en Amambay, con una superficie de 12.933 km², la cobertura policial fue de 269 km²; en Concepción, con 18.051 km², la cobertura fue de 269 km²; y en Canindeyú, con 14.667 km², se radicó en 257 km². Por lo tanto, el promedio de protección en la región Oriental se estipuló en 158 km², por cada dependencia de seguridad, dato macro que mostró comparativamente, un radio de acción aceptable de la entidad en los tres departamentos investigados.

Definitivamente, la Policía Nacional es un actor clave en la lucha interna, ya sea de manera preventiva y reactiva contra el negocio ilícito de las drogas en el Paraguay. En ese sentido, hasta se puede presentar como deficiente el número del personal policial o instalaciones designadas. Dicha situación fue una constante en todo el país, sin importar el lugar, ya que faltaron más agentes y dependencias, especialmente cuando se compara con otras regiones del mundo (Mohor, 2007).

Sin embargo, lo importante por subrayar es que estos tres departamentos sí cuentan con tales elementos de combates y compromiso en la contra del tráfico de sustancias estupefacientes. En resumen, en las ‒zonas rojas‒ la Policía Nacional del Estado paraguayo se encontró activa, a través de la presencia de oficiales o en infraestructura, en un nivel medio.

Cantidad de unidades fiscales especializadas

En lo que concierne a las unidades fiscales de lucha contra el narcotráfico, segunda variable versada sobre la presencia estatal, estas son dependientes del Ministerio Público cuya finalidad es investigar exclusivamente, hechos punibles de tráfico, tenencia y posesión de drogas o sustancias estupefacientes tipificados en la Ley n.° 1340/88. En tal sentido, la función principal fue desalentar o desarticular a las organizaciones dedicadas al tráfico internacional de drogas, venta y/o comercialización de sustancias estupefacientes en zonas urbanas y lugares concurridos por niños, adolescentes y jóvenes ‒escuelas, colegios, centro de recreaciones‒.

De la misma manera, se estipuló que estas entidades especializadas buscaron eliminar laboratorios clandestinos y destruir los cultivos de plantaciones de marihuanas en el interior del país, impidiendo la legitimación del dinero y los bienes productos de la comercialización y el tráfico de drogas.

En ese entendimiento, los agentes fiscales que compusieron estas unidades ejercieron su rol de titular de la acción penal pública, en la lucha antidrogas en todo el territorio nacional y actuaron bajo la supervisión de la Fiscalía Adjunta ubicada en la Capital del país (Ministerio Público, 2021).

Al respecto, la mayor cantidad de unidades fiscales se instalaron en Asunción y Central, nueve en la primera y cuatro en la segunda. Esta circunstancia se debe primeramente al peso demográfico de ambas zonas, en atención a que son las más pobladas del país, pero además, por la burocracia excesivamente centralizada de la administración paraguaya. Ahora bien, en el caso de Canindeyú, Concepción y Amambay, se asentaron en el tercer puesto, con dos unidades especiales contra el narcotráfico.

Se debe tener presente que, contar con dichas representaciones supuso una labor más efectiva, ya que no se encuentran en todo el país y, tenerlas significaría incluso más agentes fiscales, otros medios y recursos propios dedicados esencialmente a las cuestiones del tráfico ilegal de drogas.

Secretaría Nacional Antidrogas en los departamentos de: Amambay, Canindyú y Concepción

Con respecto a la SENAD, como tercer indicador de la presencia estatal, se puede indicar que del total de agentes comisionados en el interior del país, 12 de ellos se designaron en Amambay, siendo la zona geográfica, fuera de Asunción y Central ‒con 153 oficiales‒, que mayor cantidad obtuvo.

Igualmente, en Concepción y Canindeyú, se les designó agentes especializados que, sumando con la cifra de Amambay, los tres departamentos arrojaron el número final de 22 funcionarios, de los 55 que se desempeñan más allá de la Capital y sus alrededores.

De todas las instituciones estudiadas, la SENAD fue la más importante y trascendente en la lucha frontal contra el tráfico de estupefacientes. Su misión se define: «en aplicar la Política Nacional sobre drogas y delitos conexos, en beneficio de la sociedad» . En cuanto a su visión se describe de la siguiente manera: «Ser una institución profesional y científica, comprometida con la seguridad nacional relacionada al crimen organizado y con la salud pública en materia de reducción de la demanda de drogas» (SENAD, 2022).

Así, por las funciones que cumple, responde directamente al Poder Ejecutivo, goza de un carácter reservado en sus asignaciones presupuestarias y acciones en el terreno y sus miembros, además, sus funcionarios fueron uno de los pocos que se sometieron al polígrafo u otras operaciones de contrainteligencia en beneficio de la integridad. De hecho, un personal asignado en las llamadas ‒zona caliente‒, por lo general, se queda como máximo entre 6 y 10 meses evitando su arraigo en las dinámicas locales que le tocó combatir (SENAD, 2022).

Conclusión

La presente investigación demostró que el Estado paraguayo se encuentra presente en los departamentos estudiados, o dicho de otra manera: el Estado no está totalmente ausente, en los territorios de Amambay, Canindeyú y Concepción, ‒zonas calientes del tráfico de drogas‒, sin embargo, el narcotráfico consiguió avanzar y complejizarse en dichas áreas. Es por ello, que razonar en teorizar e indagar solamente desde el factor de ausencia estatal sería un error respecto a la realidad del problema, cuyas circunstancias y contextos son mucho más complejos, discontinuos, cambiantes y multivariables.

En ese entendimiento, si se afirma la premisa antes dicha permitiría nuevos enfoques en la comprensión del fenómeno. Como se ha dicho, el Estado se personalizó geográficamente, ya sea a través del personal de la Policía Nacional, funcionarios del Ministerio Público, agentes especiales de la SENAD.

A pesar de ello, la criminalidad relacionada al tráfico de estupefacientes se volvió más extensiva, cotidiana, diversa y enraizada en la estructura de la sociedad. Entonces, la pregunta continúa es la misma que se manifestó en el apartado de la introducción; ¿cuál es la causa de la expansión del narcotráfico en el territorio paraguayo?

En razón a que conforme los resultados expuestos, se pudo inferir que contar con la presencia del Estado de manera represiva no significa menos narcotráfico, la realidad sentencia que es lo contrario y esto constituye el aporte fundamental de la pesquisa versada.

En segundo lugar, se consolidaron varias aproximaciones teóricas que consideraron que lo ilegal se dio mediante la legalidad, es decir: Lo ilícito no solo se pudo explicar a partir del mundo sumergido o de individuos provenientes del sector informal o mercado negro o criminal, este poseyó su razón en representantes legales que propiciaron, regularon o fueron cómplices directos, con actos de corrupción de tales hechos. En definitiva, se borraron las fronteras y, para entender lo ilegal, se debería analizar a las figuras legales y sus respectivos procedimientos.

Como tercer punto, hay que considerar que el Estado se manifestó en su forma represiva, pero estuvo ausente en su carácter social. Ante una ciudadanía con múltiples carencias y pocas oportunidades, características históricas de la sociedad paraguaya, florecieron ofertas de progreso y subsistencia desde los mercados y sectores prohibidos. Esta explicación quizás sea la más peligrosa y nefasta en la proyección de escenarios futuros, pues aquí se produciría un colapso de una sociedad tentada o sumergida por lo clandestino. Un orden social que estructuraría una realidad, ya no más desde lo legal, sino desde lo ilegal.

A lo complejizado, en resumen se puede decir: Cuando se padeció de un Estado corrupto y presente solo en su carácter represivo, fue hasta normal y esperable que el narcotráfico haya crecido. Por lo que, mayor figura estatal no significó menos tráfico de estupefacientes. Se debería analizar otras causales.

Tal vez la clave se encuentra en la manifestación social del Estado, brindando oportunidades, contención y dejando de lado el imaginario que: «A mayor represión o control, más cerca se toparía la sociedad de la tan anhelada seguridad».

Al terminar este trabajo se recomienda e invita continuar desarrollando tal línea de observación científica. Aquellos que, gracias a la presente investigación, tendrán una mayor amplitud conceptual y coyuntural en la comprensión y análisis del fenómeno del narcotráfico en el Paraguay.

Referencias

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Artículo original

Desmitificando: Presencia del Estado en relación al crecimiento del narcotráfico en Paraguay

Demystifying: State presence in relation to the increase of drug trafficking in Paraguay.Ñemyesakãrã: Estado rembiapo oñembojovake narcotráfico jekakuare Paraguáipe

*Carlos Aníbal Peris Castiglioni

https://orcid.org/0000-0002-8205-3768

Universidad Nacional de Asunción. Asunción, Paraguay.

Recibido: 07/10/22 Aprobado: 11/11/22

*Investigador categorizado en el PRONII – CONACYT Nivel 1 y en la Universidad Nacional de Asunción, Asunción – Paraguay. Labores en Insight Crimen y en GIGA de Hamburgo. Email: carlosperisc@gmail.com

Sociólogo por la Universidad Católica “Ntra. Sra. de la Asunción”, Paraguay. Máster en Acción Social por la Universidad Carlos III de Madrid, España. Doctor en Humanidades y Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de Misiones, Argentina. Postdoctorado en la Universidad Sorbona – París 3, Francia.

ISSN 2415-5063 Versión impresa ISSN 2415-5071 Versión en línea

https://ojs.ministeriopublico.gov.py Contacto: dip.informaciones@ministeriopublico.gov.py

Artículo de acceso abierto. Licencia Creative Commons 4.0

Tabla 4

Cantidad de policías por departamentos del Paraguay al mes de diciembre de 2021

	Departamento:	Oficial Superior:	Oficial Jefe:	Oficial Subalterno:	Suboficial:	Total
1	Central	1	183	298	2.149	2.631
2	Asunción	1	77	219	1.661	1.958
3	Alto Paraná	1	61	62	1.239	1.363
4	Caaguazú	0	32	37	1.048	1.117
5	Cordillera	1	38	40	845	924
6	Itapúa	1	20	27	712	760
7	San Pedro	1	26	34	683	744
8	Amambay	0	60	51	628	739
9	Paraguarí	0	20	36	632	688
10	Concepción	0	12	14	644	670
11	Canindeyú	1	41	43	466	551
12	Guairá	1	16	20	470	507
13	Caazapá	0	7	10	443	460
14	Misiones	1	9	14	401	425
15	Ñeembucú	0	14	15	398	427
16	Pdte. Hayes	0	40	14	289	343
17	Boquerón	0	17	15	143	175
18	Alto Paraguay	0	8	3	73	84
Total		9	681	952	12.924	14.566

Fuente: Acceso a la Información Pública, Institución: Policía Nacional, 2022.