Artículo original

Factores victimógenos en la denuncia de violencia de género en Cuba

Análisis desde una perspectiva social y cultural

Victimogenic Factors in the Reporting of Gender-Based Violence in Cuba.

An Analysis from a Social and Cultural Perspective

Factores victimógenos en la denuncia de violencia de género en Cuba

Análisis desde una perspectiva social y cultural

*Yaydelin Hernández Morales

https://orcid.org/0009-0003-6583-8939

Dirección Provincial de Justicia de Villa Clara, Cuba.

Resumen

El estudio analiza los elementos victimógenos que inciden en la denuncia de violencia de género en Cuba, desde una perspectiva social y cultural. Se empleó una metodología de enfoque mixto, con diseño no experimental, con alcance descriptivo, combinando métodos de tipo teóricos y empíricos. Entre los primeros, se utilizaron el histórico-lógico, análisis-síntesis e inductivo-deductivo, mientras que, dentro de los empíricos, se aplicaron análisis documental, entrevistas semiestructuradas y estudio exegético de la normativa vigente. Los resultados evidencian que la dependencia económica, el temor a represalias, la estigmatización social y la desconfianza en el sistema judicial, limitan significativamente la denuncia de estos delitos. Asimismo, se identificaron barreras institucionales que dificultan la protección efectiva de las víctimas. Se concluye que la baja tasa de denuncias responde a un entramado de condicionantes estructurales, que requieren una intervención integral, combinando estrategias de sensibilización, fortalecimiento institucional y reformas normativas, para garantizar el acceso a la justicia y la protección de las víctimas. La comprensión de estos resultados puede guiar futuras acciones y políticas destinadas a abordar de manera efectiva la problemática en cuestión.

Palabras Clave: denuncia, factores sociales, justicia, violencia de género, Cuba.

Abstract

This study examines the victimogenic elements that influence the reporting of gender-based violence in Cuba, from a social and cultural perspective. A mixed-methods approach was employed, utilizing a non-experimental and descriptive research design that integrated both theoretical and empirical methods. The theoretical methods included the historical-logical, analysis-synthesis, and inductive-deductive approaches. Among the empirical methods, documentary analysis, semi-structured interviews, and exegetical analysis of current legislation were applied. The findings reveal that economic dependency, fear of retaliation, social stigmatization, and distrust in the judicial system significantly hinder the reporting of such crimes. Furthermore, institutional barriers were identified that obstruct the effective protection of victims. The study concludes that the low reporting rate is the result of a complex web of structural factors, which require a comprehensive intervention strategy. Such a strategy should combine awareness-raising efforts, institutional strengthening, and legal reforms to ensure access to justice and victim protection. Understanding these results may inform future actions and policies aimed at effectively addressing the issue at hand.

Keywords: reporting, social factors, justice, gender-based violence, Cuba.

Resumen

El estudio analiza los elementos victimógenos que inciden en la denuncia de violencia de género en Cuba, desde una perspectiva social y cultural. Se empleó una metodología de enfoque mixto, con diseño no experimental, con alcance descriptivo, combinando métodos de tipo teóricos y empíricos. Entre los primeros, se utilizaron el histórico-lógico, análisis-síntesis e inductivo-deductivo, mientras que, dentro de los empíricos, se aplicaron análisis documental, entrevistas semiestructuradas y estudio exegético de la normativa vigente. Los resultados evidencian que la dependencia económica, el temor a represalias, la estigmatización social y la desconfianza en el sistema judicial, limitan significativamente la denuncia de estos delitos. Asimismo, se identificaron barreras institucionales que dificultan la protección efectiva de las víctimas. Se concluye que la baja tasa de denuncias responde a un entramado de condicionantes estructurales, que requieren una intervención integral, combinando estrategias de sensibilización, fortalecimiento institucional y reformas normativas, para garantizar el acceso a la justicia y la protección de las víctimas. La comprensión de estos resultados puede guiar futuras acciones y políticas destinadas a abordar de manera efectiva la problemática en cuestión.

Palabras Clave: denuncia, factores sociales, justicia, violencia de género, Cuba.

Introducción

La violencia de género es una problemática social persistente, que afecta a múltiples sociedades y se manifiesta en diferentes contextos históricos y culturales. A lo largo del tiempo, las estructuras patriarcales han legitimado la subordinación de las mujeres y otros grupos vulnerables, estableciendo normas y prácticas, que perpetúan la violencia como un mecanismo de control. En la actualidad, a pesar de los avances normativos y políticos, esta forma de violencia sigue siendo una de las principales violaciones de los derechos humanos, particularmente en América Latina y el Caribe, donde los esfuerzos para su erradicación enfrentan desafíos estructurales.

A partir del siglo XX, los movimientos feministas y de derechos humanos contribuyeron a visibilizar la problemática y a exigir respuestas estatales e institucionales. La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 sentó las bases, para el reconocimiento de la igualdad de género, mientras que la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, (CEDAW), en 1979 estableció compromisos internacionales, para erradicar la violencia y promover la equidad. En 1993, la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer de la ONU, definió la violencia de género como una violación de los derechos humanos, desde su carácter estructural y la necesidad de políticas públicas efectivas.

Desde una perspectiva conceptual, la violencia de género se define como cualquier acto de violencia basado en la identidad de género que tenga como resultado un daño físico, sexual, psicológico o económico, tanto en el ámbito público como en el privado. Su manifestación más extendida es la violencia contra las mujeres, aunque también afecta a personas con identidades de género no normativas (Hernández García, 2019).

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y otros organismos internacionales han señalado que este tipo de violencia no es un fenómeno aislado, sino una expresión de relaciones de poder desiguales que perpetúan la discriminación y la exclusión (2002).

El ámbito actual de la violencia de género refleja, tanto avances en su reconocimiento como desafíos persistentes en su erradicación. En América Latina y el Caribe, se han promulgado leyes y políticas, para su prevención y sanción, pero la implementación efectiva sigue siendo un reto (Quintana Mena et al., 2023). En muchos países, la impunidad, la revictimización y la insuficiencia de recursos destinados a la atención de víctimas dificultan la efectividad de las medidas adoptadas.

Lamentablemente, la atención, la investigación y la prevención de esta problemática social en numerosas ocasiones se realizan por derroteros paralelos, sin puntos de convergencia que faciliten una intervención más eficaz, pues la violencia basada en género muchas veces se mantiene en el anonimato, teniendo en cuenta que muchas personas sufren manifestaciones de violencia, pero la aceptan; de ahí la necesidad de la realización de un trabajo mancomunado, que en atención a la normativa internacional y nacional, se centre en la prevención y control del problema.

En Cuba, el marco legal ha evolucionado significativamente en materia de equidad de género y protección de los derechos de las mujeres. La Constitución de 2019 reconoce la igualdad de género y prohíbe la violencia basada en esta condición, mientras que la actualización del Código Penal en 2022 tipifica el feminicidio como delito. Además, políticas como el Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres (PAM) y el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social 2030 buscan integrar la perspectiva de género en diversas esferas. Sin embargo, a pesar de estos avances, persisten barreras que dificultan la denuncia de los delitos de violencia de género, lo que impide una intervención oportuna del sistema de justicia penal.

A pesar de estos esfuerzos, persisten barreras que limitan la efectividad de las medidas adoptadas. La falta de un marco legal específico contra la violencia de género, con una ley integral que unifique los procedimientos de prevención, atención y sanción, sigue siendo una demanda de activistas y especialistas en el tema (Alemán Salcedo & Páez Cuba, 2021). Además, las dificultades en la recopilación de datos oficiales impiden conocer la magnitud real del problema, lo que obstaculiza el diseño de estrategias basadas en evidencia.

Uno de los principales desafíos radica en la denuncia y persecución de los delitos relacionados con la violencia de género. Muchas víctimas no acuden a las instituciones por temor a represalias, desconfianza en el sistema judicial o falta de información sobre sus derechos y los mecanismos de protección disponibles. En zonas rurales y comunidades con menor acceso a recursos, estas dificultades se acentúan debido a componentes estructurales como la escasez de servicios especializados, la falta de transporte y la presencia de normas culturales que perpetúan la tolerancia social hacia la violencia en el ámbito doméstico, de ahí que se refleja una preocupante realidad en torno a la violencia de género, pues a pesar de registrarse un número significativo de casos, la tasa de denuncia sigue siendo baja, lo que sugiere que muchas permanecen invisibilizadas (Sanchis Crespo & Suárez Fernández, 2017); (Suárez Suárez & Rivero Pino, 2023).

El problema central de esta investigación radica en la baja tasa de denuncia de la violencia de género en Cuba y en cómo los factores socioeconómicos y culturales influyen en este fenómeno. Determinantes como la dependencia económica, el temor a represalias, la falta de confianza en las instituciones y la normalización de la violencia en ciertas comunidades, impiden que muchas víctimas acudan a las autoridades. En particular, las mujeres en espacios de vulnerabilidad, enfrentan obstáculos adicionales, como el limitado acceso a servicios de apoyo, la presión social para mantener la unidad familiar y la revictimización en el sistema judicial.

Ante este panorama, resulta fundamental fortalecer la implementación de políticas públicas que garanticen el acceso a la justicia y la protección de los derechos de las víctimas. La creación de centros especializados en la atención a la violencia de género, la capacitación del personal de salud, educación y justicia, así como la promoción de campañas de sensibilización en el ámbito comunitario, son estrategias clave para avanzar en la erradicación de esta problemática. Un estudio detallado de la violencia de género permitirá identificar los factores específicos que dificultan la denuncia y la persecución de los delitos, con el objetivo de diseñar propuestas que mejoren la intervención institucional y fortalezcan la prevención a nivel local.

Desde una perspectiva criminológica, esta investigación se fundamenta en la teoría de la anomia de Robert Merton, la cual sostiene que cuando los individuos no pueden alcanzar metas socialmente establecidas a través de medios legítimos, pueden recurrir a conductas desviadas. En el caso de la violencia de género, la ausencia de mecanismos efectivos de denuncia y protección contribuye a la perpetuación del problema. Asimismo, se retoman abordajes sobre victimización secundaria, que explican cómo la respuesta institucional deficiente puede desalentar a las víctimas de buscar justicia.

En este sentido, se plantea la hipótesis de que la prevalencia de factores socioeconómicos y culturales, tales como la dependencia económica, la falta de acceso a recursos y el estigma social, disminuye la tasa de denuncias y la persecución de delitos de violencia de género en Cuba.

El objetivo general de la investigación es analizar la incidencia de los factores socioeconómicos y culturales en la denuncia de los delitos de violencia de género en Cuba.

A diferencia de estudios previos que han abordado la violencia de género, desde una visión normativa o de derechos humanos, esta investigación aporta una visión integral al analizar la relación entre los componentes socioeconómicos, la victimización secundaria y la anomia en la falta de denuncias. La novedad del estudio radica en su enfoque multidimensional, que combina un análisis criminológico con una evaluación de las barreras estructurales en el acceso a la justicia, ofreciendo una perspectiva crítica respecto a los desafíos del sistema penal cubano.

Principales conceptualizaciones

Concepto de violencia

La violencia es un fenómeno complejo y multidimensional, cuya definición varía según la directriz desde la cual se analice. Aunque no existe una conceptualización única y universalmente aceptada, diversas disciplinas han aportado aproximaciones que permiten comprender su naturaleza y manifestaciones.

Desde una perspectiva etimológica, el término “violencia” proviene del latín violentĭa, que se refiere a la cualidad de ser violento o al acto de violentar. Se asocia con conductas que transgreden el estado natural de las cosas y que se imponen con fuerza, ímpetu o brusquedad, generalmente en contra de la voluntad de otra persona.

En el ámbito psicológico, OMS define la violencia como el uso intencional de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que produzca o tenga posibilidades de producir lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones (2002). La definición destaca no solo la violencia física, sino también las consecuencias psicológicas y estructurales de este fenómeno.

Desde una perspectiva sociológica, el investigador Johan Galtung, amplía la definición al considerar la violencia como algo previsible que entorpece la autorrealización humana, es decir, una conducta prevenible que se origina en condiciones estructurales como desigualdades económicas, discriminación y exclusión social. Galtung, introduce el concepto de violencia estructural, que se refiere a formas de violencia sistemática e institucionalizada, y la violencia simbólica, que se manifiesta en normas y discursos que perpetúan relaciones de poder desiguales (1969).

El Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat) define la violencia como una acción voluntaria que atenta contra la integridad física, psicológica y moral de cualquier persona o grupo, y que puede mostrarse en diversas dimensiones, como la violencia física, institucional y simbólica (2022).

En términos jurídicos, se ha conceptualizado la violencia como el uso de la fuerza, abierta u oculta, con la finalidad de obtener de un individuo o grupo algo que no quiere consentir libremente, considerándola una de las principales manifestaciones del deterioro de la calidad de vida en las sociedades contemporáneas (Paneque & Aponte, 2013).

Finalmente, algunos autores han destacado que, si bien existen múltiples formas de violencia, la única medible e incontestable es la violencia física, diferenciada por su brutalidad, exterioridad y dolor. Sin embargo, otros criterios se sostienen en que la violencia no debe limitarse a su manifestación física, sino que abarca dimensiones psicológicas, económicas y estructurales, las cuales pueden ser igualmente perjudiciales para las víctimas (Mirabal Requena et al., 2024).

Concepto de violencia de género

En las últimas décadas se ha ido reconociendo cada vez más en el ámbito internacional que la violencia de género es un grave problema, no sólo para las mujeres sino también, para el logro de la igualdad, el desarrollo y la paz. Asimismo, el tema emergió como una prioridad de las organizaciones de mujeres de la región y de la reflexión feminista durante el Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer y en los últimos años, también le han prestado atención los gobiernos de la región.

No podemos hablar de violencia de género, sin antes abordar el término género, que en este caso se refiere al conjunto de actitudes, creencias, comportamientos y características psicológicas que se asocian diferencialmente a los hombres y a las mujeres, mientras que se entiende, por identidad de género la experiencia subjetiva de pertenecer al grupo de los hombres o de las mujeres (Acuña Kaldman et al., 2022). Y con rol de género se alude al papel social construido a partir de las diferencias sexuales entre hombres y mujeres que comprende los comportamientos, actitudes y rasgos de personalidad que se designan como masculinos o femeninos en una sociedad, en una determinada cultura y en un determinado período histórico.

La violencia de género, se presenta como una manifestación más de la resistencia que existe a reconocer que la violencia contra las mujeres no es una cuestión biológica, ni doméstica, sino de género. Entre el concepto jurídico y la realidad social es significativo que hasta muy avanzado el siglo pasado no se encuentre ninguna referencia precisa a esa forma específica de violencia en los textos internacionales, salvo acaso como expresión indeterminada de una de las formas de discriminación contra la mujer proscrita por la Convención de Naciones Unidas de 1991.

De lo antes reseñado se centra la autora en el concepto de violencia de género específicamente y para ello se hizo partiendo desde un abordaje social, en atención a que fue a partir de los años noventa, que comenzó a consolidarse su empleo gracias a iniciativas como la Conferencia Mundial para los Derechos Humanos celebrada en Viena en 1993, la Declaración de Naciones Unidas sobre la eliminación de la violencia contra la mujer del mismo año, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer o la Conferencia Mundial de Mujeres de Beijing.

La CEDAW conceptualiza la discriminación contra la mujer como la distinción, exclusión o restricción basada en el sexo, que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, aparte de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera (Organización de Naciones Unidas, 1979).

La Convención de Belém do Para (1994), en su artículo 2 indica que se considera la violencia contra las mujeres, como aquella que tiene lugar en la comunidad y es perpetrada por cualquier persona y que comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar que sea perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, donde quiera que ocurra (Organización de los Estados Americanos, 1994).

Por otra parte, se define la violencia de género como la relación entre dos actores, uno empoderado y otro carente de poder, supone una relación de poder mantenido y es mediante y durante esta relación que, se manifiesta el maltrato verbal, social, psicológico, económico y físico, como expresión desencadenante de un cúmulo de tensiones en las relaciones de pareja que se convierte en descarga o golpe y luego en arrepentimiento o luna de miel (Hernández García, 2019).

Desde una vertiente psicológica se señala que la violencia de género tiene que ver con la violencia, que se ejerce hacia las mujeres por el hecho de serlo, e incluye tanto malos tratos de la pareja, como agresiones físicas o sexuales de extraños, mutilación genital, infanticidios femeninos (Paneque & Aponte, 2013). Por su parte, define la violencia de género como: la que sufren las mujeres por su condición de mujer y como consecuencia del rol que desempeñan en nuestra sociedad (Acuña Kaldman et al., 2022). Es la violencia sexista, específica y con rasgos diferentes a algún tipo de violencia.

Desde una perspectiva jurídica en su definición de violencia de género se amplía que, abarca todos los actos mediante los cuales se discrimina, ignora, somete y subordina a las mujeres en los diferentes aspectos de su existencia. Es todo ataque material y simbólico que afecta su libertad, dignidad, seguridad, intimidad e integridad moral y/o física, concepto que a criterio de la autora se limita únicamente a la violencia que tiene lugar contra el sexo femenino, en tanto obvia al sexo opuesto, de manera que se considera excluyente en este sentido, pues, aunque con menor incidencia, también los hombres, puede ser víctima de este fenómeno social.

Manifestaciones de la violencia de género

La violencia de género es una de las violaciones más extendidas de los derechos humanos a nivel mundial, con casos registrados diariamente en diversas partes del planeta. Sus efectos no solo afectan a las víctimas directas, sino que impactan a sus familias y comunidades, generando consecuencias físicas, emocionales, económicas y sociales que pueden perdurar a lo largo del tiempo (Del Pozo Franco et al., 2022).

La violencia física comprende cualquier acto que cause daño corporal a la víctima, incluyendo golpes, empujones, patadas, mordiscos, quemaduras o el uso de objetos para infligir heridas. En muchos casos, este tipo de agresión deja marcas visibles, aunque en ocasiones el agresor busca dirigir los golpes a zonas menos expuestas para dificultar su detección.

La violencia psicológica se manifiesta a través de insultos, humillaciones, amenazas y manipulación emocional, con el objetivo de degradar la autoestima de la víctima y generar sentimientos de miedo, culpa o indefensión, aunque no deja huellas físicas evidentes, puede ser altamente dañino, afectando la estabilidad emocional y la salud mental de quien la sufre. Mientras que, la violencia económica ocurre cuando el agresor restringe el acceso de la víctima a recursos financieros, impidiendo que trabaje o tenga autonomía económica, para generar una dependencia total de la víctima hacia su agresor, limitando su capacidad para abandonar la relación abusiva y asegurando el control sobre su vida.

La violencia social se basa en el aislamiento de la víctima de su entorno cercano, evitando que tenga contacto con familiares, amigos o cualquier persona que pueda ofrecerle apoyo, que puede incluir restricciones en el uso del teléfono, prohibición de salir del hogar o desacreditación de su entorno afectivo, lo que contribuye a que la víctima se sienta sola y sin alternativas para buscar ayuda.

Por su parte, la violencia sexual implica cualquier acto de carácter sexual impuesto sin el consentimiento de la víctima, ya sea a través de la fuerza, la intimidación o la coacción. Incluye violaciones, abusos, acoso y cualquier otra conducta que atente contra la integridad y dignidad sexual de la persona. Es una de las formas de violencia más graves, ya que no solo vulnera el cuerpo, sino que deja profundas secuelas emocionales y psicológicas en la víctima.

La violencia patrimonial se manifiesta a través de la destrucción, sustracción o control de bienes materiales de la víctima, con el fin de generar daño emocional o dependencia económica. Se evidencia en la retención de documentos personales, la apropiación de bienes o el impedimento de acceso a propiedades compartidas.

Por ello, la violencia vicaria ocurre cuando el agresor utiliza a los hijos o familiares cercanos de la víctima para causarle daño, ya sea a través de amenazas, manipulación o incluso agresiones directas contra ellos. En su forma más extrema, esta violencia puede derivar en el asesinato de los hijos, con el propósito de infligir el mayor sufrimiento posible a la víctima.

Cada una de estas manifestaciones de violencia de género contribuye a perpetuar relaciones de poder desiguales, afectando la seguridad, la autonomía y el bienestar de quienes la padecen. Su reconocimiento es fundamental para el diseño de estrategias de prevención y atención integral a las víctimas.

Factores victimógenos asociados a la violencia de género

La violencia de género es un fenómeno complejo que no puede atribuirse a una única causa, sino que resulta de la interacción de diversos factores presentes, tanto en la sociedad como en la persona afectada, que interactúan de manera simultánea, aunque no se ha determinado con exactitud cuáles tienen una mayor incidencia en la perpetuación de esta violencia.

El término factores victimógenos hace referencia a aquellas circunstancias, condiciones o situaciones que hacen a una persona más vulnerable a convertirse en víctima de un delito. Desde una perspectiva jurídica, se consideran elementos que favorecen la victimización, al aumentar las probabilidades de que una persona sea seleccionada como víctima.

Los factores victimógenos pueden clasificarse de diversas maneras. Una de las más utilizadas en criminología los divide en factores endógenos y exógenos, clasificación que se adopta en esta investigación. Mientras que los factores endógenos son aquellos atributos inherentes a la persona, relacionados con su biología, psicología y entorno social inmediato.

En el caso de la violencia de género, ciertos antecedentes y experiencias individuales pueden aumentar el riesgo de que una mujer se encuentre en una relación abusiva y permanezca en ella.

Entre los principales factores endógenos asociados a la víctima se encuentran los antecedentes familiares de violencia, ya sea porque la mujer ha sido testigo de violencia en su hogar durante la infancia o porque ha crecido en un ambiente donde los roles de género tradicionales han sido fuertemente marcados. Asimismo, la dependencia económica, el aislamiento social, la falta de redes de apoyo y la interiorización de creencias que normalizan los celos y el control en la pareja pueden influir en la permanencia en una relación violenta.

En cuanto al agresor, algunos de los factores endógenos que pueden propiciar la violencia incluyen la interiorización de modelos de masculinidad rígidos y autoritarios, donde el uso de la fuerza es visto como una forma legítima de control sobre la pareja. También, se ha identificado que hombres criados en entornos familiares con una educación autoritaria, pueden desarrollar una estructura mental jerárquica que los lleva a considerar que la mujer ocupa una posición inferior dentro de la relación.

Por otro lado, aquellos criados en ambientes sobreprotectores pueden presentar dificultades para asumir responsabilidades y, en consecuencia, culpar a la pareja por sus propios problemas. La presencia de trastornos emocionales como inseguridad, baja autoestima, miedo al abandono, celos patológicos, impulsividad o conductas de hipercontrol, así como el abuso de sustancias tóxicas, son otros componentes que pueden predisponer a un hombre a ejercer violencia.

Los factores exógenos son aquellos que no dependen directamente del individuo, sino que están determinados por el entorno en el que vive, que pueden incluir aspectos socioculturales, económicos, políticos y administrativos, que influyen tanto en la víctima como en el agresor.

En relación con la víctima, algunos factores exógenos clave incluyen la falta de apoyo institucional, las deficiencias en la respuesta policial y judicial, y la insuficiencia de recursos para brindar asistencia a mujeres en situación de violencia. En muchos casos, la carencia de mecanismos de protección adecuados y la revictimización dentro del sistema de justicia disuaden a las víctimas de presentar denuncias y abandonar la relación abusiva.

En cuanto al agresor, la cultura patriarcal juega un papel central al fomentar la desigualdad de género y justificar el dominio del hombre sobre la mujer. En este sentido, la existencia de instituciones educativas, laborales y judiciales que reproducen modelos de poder verticales, autoritarios y sexistas puede contribuir a la naturalización de la violencia de género. Además, la tolerancia social hacia la violencia en el ámbito privado refuerza la impunidad y dificulta la intervención de terceros.

Otro factor exógeno relevante es la exposición a modelos de violencia en los medios de comunicación. La publicidad sexista, la cosificación de las mujeres en la televisión y la representación de relaciones abusivas como normales o románticas, pueden influir en la percepción social de la violencia de género y en su perpetuación.

Finalmente, aspectos como el estado civil, la escolaridad, la procedencia, la ocupación y las presiones del entorno, también pueden desempeñar un papel en la dinámica de la violencia de género, al influir en la percepción de roles y expectativas dentro de la relación de pareja.

Los factores victimógenos asociados a la violencia de género no pueden analizarse de manera aislada, ya que se interrelacionan y se refuerzan mutuamente dentro de un entramado social y cultural. Tanto los factores endógenos, ligados a la historia personal de la víctima y el agresor, como los factores exógenos, determinados por el entorno social y las estructuras de poder, contribuyen a la perpetuación de la violencia. Comprender estos factores resulta fundamental para diseñar estrategias efectivas de prevención y atención, así como para fortalecer las políticas públicas orientadas a erradicar la violencia de género.

Instrumentos nacionales asociados a la violencia de género en el contexto de la sociedad cubana actual

Compromisos internacionales y evolución del marco normativo cubano

Cuba ha suscrito y ratificado diversos tratados internacionales que reconocen y protegen los derechos de las mujeres, niños, niñas y adolescentes, garantizando su derecho a una vida libre de violencia. Esos compromisos han impulsado una transformación legislativa progresiva en el ámbito nacional, alineando la normativa interna con las recomendaciones de organismos internacionales en materia de equidad de género y derechos humanos.

El modelo económico y social cubano, basado en los principios de justicia social, igualdad de oportunidades y no discriminación, ha promovido la adopción de medidas legales y políticas públicas dirigidas a erradicar la violencia de género. Su visión implica la promulgación de leyes y, la implementación de estrategias institucionales, para garantizar la protección y el empoderamiento de las personas en situación de vulnerabilidad.

Normativa constitucional y su impacto en la equidad de género

La Constitución de 2019 constituye el pilar fundamental del ordenamiento jurídico cubano en materia de igualdad y no discriminación. En su artículo 42, establece el derecho de todas las personas a la igualdad y prohíbe cualquier forma de violencia de género. Además, los principios de dignidad humana, equidad y solidaridad son reconocidos como garantías esenciales dentro del marco jurídico del país.

Ante la vulneración de estos principios, la Carta Magna prevé mecanismos de tutela judicial efectiva, permitiendo a las víctimas acceder a procesos judiciales justos, gratuitos y con el derecho a la defensa. La justicia cubana, a través de este marco constitucional, tiene la responsabilidad de garantizar que los derechos de las mujeres y otros grupos vulnerables sean protegidos de manera efectiva.

Principales leyes y normativas en materia de violencia de género

El marco legal cubano incorpora diversas leyes que abordan la violencia de género desde diferentes perspectivas:

Código Penal (Ley No. 151 de 2022): Por primera vez en la historia del país, tipifica el feminicidio como delito y refuerza las sanciones contra agresores. Su inclusión representa un avance significativo en la visibilización y penalización de la violencia extrema contra las mujeres.

Código de las Familias (2022): Introduce el enfoque de equidad de género dentro del Derecho familiar, garantizando la protección de las mujeres en situaciones de violencia intrafamiliar. En su artículo 3, reconoce el principio de igualdad y no discriminación, mientras que el artículo 4 inciso f) establece el derecho a la igualdad plena entre mujeres y hombres, incluyendo la distribución equitativa del trabajo doméstico y de cuidados.

Código de Procesos: Adecua el sistema judicial a los estándares internacionales de protección de los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad. Refuerza el rol del Tribunal en la adopción de ajustes razonables, para garantizar la participación efectiva de las víctimas de violencia de género en los procesos judiciales.

Ley del Proceso Penal (2021): Alinea el procedimiento penal con los convenios internacionales firmados por Cuba. Fortalece los derechos de las víctimas al permitirles convertirse en parte dentro del proceso penal (artículo 142), acceder a asistencia jurídica gratuita y evitar la revictimización a lo largo del juicio (artículo 141).

Políticas públicas y planes de acción institucional

Además del marco legal, el Estado cubano ha desarrollado estrategias dirigidas a la prevención y atención de la violencia de género, entre las que destacan:

PAM (2021): Decreto presidencial que agrupa en un solo documento las políticas y medidas orientadas a lograr la igualdad de género en Cuba. Su implementación busca fortalecer la capacidad institucional para incorporar la perspectiva de género en la toma de decisiones y en la prestación de servicios públicos.

Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta 2030: Integra la equidad de género como uno de sus pilares estratégicos, estableciendo la necesidad de garantizar entornos libres de violencia y fomentar el desarrollo pleno de todas las personas, sin distinción de género.

Grupo de Trabajo Nacional para la Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar (1997): Coordinado por la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), agrupa a diversas instituciones como el Ministerio del Interior, el Tribunal Supremo Popular y el Centro Nacional de Educación Sexual, promoviendo acciones conjuntas en la lucha contra la violencia de género.

Protocolos de actuación judicial y fiscal: Emitidos como guías prácticas para la identificación y tratamiento de casos de violencia de género en los procesos judiciales, con el objetivo de reducir las brechas de género en la administración de justicia.

Desafíos y oportunidades en la implementación del marco normativo

A pesar de los avances legislativos, persisten desafíos en la aplicación efectiva de estos instrumentos jurídicos. La falta de un marco legal integral específico sobre violencia de género, que unifique procedimientos de prevención, protección y sanción, sigue siendo una de las principales demandas de especialistas y organizaciones feministas.

Además, la recopilación de datos oficiales sobre violencia de género en Cuba sigue siendo limitada, lo que dificulta el diseño de políticas públicas basadas en evidencia. La falta de acceso a recursos para la atención de víctimas, la insuficiente capacitación de operadores judiciales en enfoque de género y la persistencia de normas culturales que minimizan la gravedad de la violencia, también representan obstáculos en la lucha contra este fenómeno.

El marco normativo cubano ha avanzado en la protección de los derechos de las mujeres y en la penalización de la violencia de género, incorporando principios de igualdad en sus leyes y políticas públicas. Sin embargo, persisten desafíos en su implementación, lo que requiere una mayor articulación entre las instituciones, el fortalecimiento de la capacitación desde la perspectiva de género y la adopción de medidas que garanticen un acceso real y efectivo a la justicia para las víctimas.

Método y materiales

La investigación empleó una metodología mixta, integrando métodos teóricos y empíricos con el objetivo de obtener una comprensión integral de los delitos asociados a la violencia de género en Cuba. Para ello, se llevó a cabo un análisis detallado de fuentes documentales, así como la aplicación de técnicas cualitativas dirigidas a examinar la evolución del marco normativo, la influencia de los factores socioeconómicos en la denuncia y persecución de estos delitos, y la percepción de especialistas en el sistema de justicia penal cubano.

En primer lugar, desde el concepto teórico, se utilizó el método histórico-lógico, el cual permitió examinar la evolución de la legislación y las políticas públicas en materia de violencia de género en Cuba, lo que posibilitó identificar continuidades y cambios en la normativa vigente, así como su impacto en la respuesta institucional. Asimismo, el método análisis-síntesis fue aplicado en el estudio de casos individuales de violencia de género y violencia familiar, facilitando la identificación de patrones y tendencias emergentes. A partir de estos casos concretos, se generó una síntesis general sobre la problemática y se establecieron conexiones entre los distintos elementos que influyen en la violencia de género.

Además, el método inductivo-deductivo permitió partir del análisis de situaciones específicas con el propósito de identificar regularidades y formular principios generales aplicables al marco cubano. Posteriormente, estos principios fueron evaluados en relación con el marco legal y las políticas públicas existentes, lo que contribuyó a valorar la pertinencia y efectividad de las estrategias implementadas. Junto a estos métodos, el estudio exegético-analítico fue clave para analizar en profundidad el contenido normativo, descomponiendo e interpretando las disposiciones legales con el fin de evaluar su coherencia y aplicabilidad en la persecución y sanción de la violencia de género en Cuba.

Por otro lado, desde el método empírico, se llevó a cabo un análisis documental exhaustivo, el cual incluyó la revisión de informes oficiales, normativas vigentes, protocolos de actuación y documentos internos de organizaciones y organismos encargados de la persecución y denuncia de delitos relacionados con la violencia de género, permitiendo contextualizar el problema y evaluar la consistencia de las normativas con las necesidades reales de las víctimas.

Además del análisis documental, se aplicaron la técnica de las entrevistas semiestructuradas, las cuales fueron dirigidas a profesionales del sistema de justicia penal cubano y especialistas en materia de género. A través de estas entrevistas, se obtuvo información cualitativa sobre los componentes socioeconómicos y culturales, que influyen en la respuesta institucional ante estos delitos, lo que permitió conocer las limitaciones y oportunidades en la implementación de las políticas de protección y acceso a la justicia.

Asimismo, se realizaron encuestas, las cuales estuvieron dirigidas a especialistas en género, operadores del sistema de justicia penal y ciudadanos de la demarcación territorial seleccionada. Mediante estas encuestas, se pudo valorar críticamente las políticas y prácticas de persecución y notificación de delitos asociados a la violencia de género, con el fin de obtener una perspectiva más amplia sobre su efectividad y los obstáculos que enfrentan las víctimas al intentar acceder a la justicia.

En definitiva, la combinación de estos métodos teóricos y empíricos permitió un análisis integral del fenómeno de la violencia de género en Cuba, facilitando una mejor comprensión de los elementos que inciden en la denuncia y persecución de estos delitos. A través de esta metodología, se logró identificar tanto las fortalezas como las debilidades del marco normativo y de las estrategias implementadas, lo que proporcionó información clave para, las propuestas de mejora en la protección de los derechos de las víctimas y en la eficiencia del sistema penal.

Análisis de los resultados

Los resultados de la investigación evidencian que, a pesar de los avances normativos y del compromiso del Estado cubano en la erradicación de la violencia de género, persisten limitaciones estructurales, deficiencias institucionales y barreras socioculturales que obstaculizan el acceso a la justicia y la protección efectiva de las víctimas.

Deficiencias en la aplicación de las políticas y normativas

Si bien Cuba ha desarrollado un marco legal progresista en materia de equidad de género, los resultados de la investigación evidencian una brecha significativa entre la legislación y su implementación efectiva. En la práctica, la aplicación de los protocolos diseñados para la protección de las víctimas sigue enfrentando limitaciones institucionales y operativas que afectan el acceso a la justicia y la garantía de derechos.

Uno de los principales problemas identificados es el desconocimiento de los operadores del sistema de justicia penal, sobre los procedimientos específicos para la atención de víctimas de violencia de género. La falta de formación en perspectiva de género y derechos humanos ha llevado a respuestas inadecuadas y, en muchos casos, a la revictimización de las mujeres que buscan protección. A pesar de la existencia de lineamientos establecidos en el Código Penal y el Código de Procesos, en numerosas ocasiones estos no se aplican correctamente debido a la insuficiente capacitación del personal encargado de su ejecución. Como consecuencia, se generan resoluciones judiciales ineficaces, retrasos en la adopción de medidas de protección y una percepción de impunidad que desmotiva a las víctimas a continuar con los procesos legales.

Además, se identificaron vacíos normativos que limitan la capacidad del Estado para actuar de manera efectiva en determinados casos de violencia de género. En particular, la legislación no contempla sanciones adecuadas para agresiones físicas, que no requieran atención médica inmediata, lo que deja a muchas víctimas sin respaldo legal. Esa omisión normativa permite que ciertos actos violentos queden impunes, lo que refuerza la desprotección de las víctimas y la falta de credibilidad en las instituciones encargadas de impartir justicia.

Para ilustrar estas deficiencias, se presenta a continuación una tabla comparativa entre el marco normativo vigente y las principales limitaciones identificadas en su aplicación:

Tabla 1

Brechas en la aplicación de la normativa sobre violencia de género en Cuba

La tabla evidencia cómo las deficiencias en la aplicación de la normativa afectan la eficacia de las políticas destinadas a prevenir y sancionar la violencia de género. La falta de formación en los operadores del sistema de justicia, junto con las lagunas legales existentes, impiden una protección efectiva de las víctimas y refuerzan la desconfianza en las instituciones encargadas de garantizar su seguridad.

Es imprescindible que las autoridades competentes fortalezcan la capacitación en género para jueces, fiscales y fuerzas de seguridad, así como la creación de mecanismos de monitoreo que aseguren el cumplimiento de las leyes y protocolos vigentes. Solo a través de una correcta implementación normativa se podrá garantizar el acceso efectivo a la justicia y la protección integral de las víctimas de violencia de género en Cuba.

Barreras socioculturales y su impacto en la denuncia

Los resultados de la investigación evidencian que la baja tasa de denuncias de violencia de género en Cuba no solo responde a componentes institucionales y jurídicos, sino que también está profundamente influenciada por factores socioculturales que perpetúan el silencio y la impunidad.

En primer lugar, la presión social y la estigmatización juegan un papel determinante en la decisión de las víctimas de no denunciar. En muchas comunidades, persisten normas tradicionales que consideran la violencia doméstica como un asunto privado, lo que desincentiva la intervención de terceros y refuerza la dependencia emocional y económica de las víctimas hacia sus agresores. Las mujeres que intentan romper este ciclo y buscar ayuda suelen enfrentarse a juicios morales, rechazo social e incluso represalias por parte de su entorno cercano.

Por otro lado, los prejuicios machistas continúan arraigados tanto en la sociedad como en las instituciones, afectando la manera en que los profesionales del derecho y las fuerzas de seguridad abordan estos casos. Testimonios recogidos en las entrevistas evidencian que, en numerosas ocasiones, las víctimas son cuestionadas sobre su comportamiento, en lugar de recibir una atención basada en la protección de sus derechos. Esa actitud institucionalizada de desconfianza y culpabilización refuerza la revictimización, lo que desmotiva a muchas mujeres a formalizar denuncias por temor a no ser tomadas en serio o a ser responsabilizadas por la violencia.

Otro factor determinante es la dependencia económica, que limita la capacidad de las víctimas para abandonar relaciones violentas y acceder a los recursos necesarios para garantizar su autonomía. La falta de empleo estable, la escasez de viviendas de protección y la insuficiente oferta de programas de asistencia económica son barreras estructurales que contribuyen a que muchas mujeres permanezcan en entornos de abuso. Sin opciones viables de independencia económica, la posibilidad de denunciar a su agresor se ve reducida, ya que muchas temen perder su hogar, su estabilidad financiera e incluso la custodia de sus hijos.

En este sentido, la interacción de estos factores socioculturales genera un círculo vicioso de violencia y silencio, en el que la víctima enfrenta la agresión de su pareja, el aislamiento social y la falta de apoyo institucional, lo que dificulta aún más la ruptura del ciclo de violencia. Para ilustrar la relación entre estos componentes, se presenta la siguiente gráfica:

Figura 1.

Barreras socioculturales que dificultan la denuncia de la violencia de género

Las barreras socioculturales no sólo perpetúan la violencia de género, sino que también debilitan la eficacia de las políticas diseñadas para su prevención y sanción. Es fundamental que las estrategias de intervención no se limiten a mejorar los marcos normativos, sino que incluyan programas de sensibilización comunitaria, capacitación institucional y fortalecimiento de redes de apoyo que permitan transformar las percepciones sociales sobre la violencia de género y garantizar entornos más seguros para las víctimas.

Para superar estos obstáculos, se requiere un enfoque integral que combata las normas patriarcales, fortalezca los mecanismos de protección y garantice el acceso a recursos económicos y sociales para las víctimas. Sin un cambio en la percepción social y una intervención efectiva de las instituciones, la denuncia seguirá siendo un camino difícil para muchas mujeres, lo que prolonga el ciclo de violencia y desprotección.

Desafíos en la intervención institucional y comunitaria

Los resultados de la investigación reflejan que las instituciones responsables de la prevención y atención de la violencia de género en Cuba enfrentan importantes limitaciones estructurales y operativas. La falta de recursos, la insuficiente coordinación interinstitucional y la carencia de programas efectivos de intervención comunitaria han dificultado la erradicación del problema.

En primer lugar, se evidenció que la FMC, que desempeña un papel clave en la protección de las víctimas, carece de personal capacitado y programas de intervención eficaces. La ausencia de mecanismos de detección temprana y de campañas de sensibilización dirigidas a la población impide la identificación oportuna de casos de violencia y la adopción de medidas preventivas.Como consecuencia, muchas víctimas no acceden a los servicios de apoyo antes de que la situación se agrave.

A nivel comunitario, se identificó una falta de articulación entre las organizaciones locales, el sistema de salud y las autoridades judiciales, lo que genera una atención fragmentada y poco efectiva para las víctimas. En numerosos casos, la intervención institucional se limita a la emisión de advertencias, sin la implementación de medidas de protección adecuadas, dejando a las mujeres en situación de riesgo y sin garantías de seguridad.

Asimismo, se constató que los centros de atención a la mujer y los espacios de refugio son insuficientes en diversas localidades, lo que restringe las opciones para las víctimas que desean escapar de entornos violentos. La ausencia de una red de apoyo integral, que incluya asistencia psicológica, legal y social, limita las posibilidades de recuperación de las afectadas y perpetúa los ciclos de violencia intergeneracional.

Para ilustrar estas deficiencias y sus posibles soluciones, se presenta la siguiente tabla:

Tabla 2

Principales desafíos en la intervención institucional y comunitaria

El análisis de estos desafíos demuestra que la violencia de género no puede abordarse únicamente desde una perspectiva judicial, sino que requiere una mirada multidimensional que integre acciones institucionales y comunitarias. Para ello, es fundamental fortalecer la capacitación de los operadores de justicia y agentes comunitarios, mejorar la infraestructura de atención a las víctimas y establecer mecanismos de monitoreo que permitan detectar y prevenir la violencia de manera oportuna.

La persistencia de estos desafíos refleja la necesidad de reforzar las estrategias de intervención desde una perspectiva integral, garantizando una mejor respuesta del sistema de justicia penal, unido a un acceso real a la protección y a la recuperación de las víctimas. Sin una intervención coordinada y efectiva, la violencia de género continuará siendo un problema estructural que afecta a miles de mujeres en el país.

Impacto de la violencia de género en el acceso a la justicia y la seguridad de las víctimas

El análisis de los casos revisados revela que muchas víctimas desisten de continuar con los procesos judiciales debido a la lentitud y burocracia del sistema judicial, lo que refuerza la percepción de impunidad y limita el acceso efectivo a la justicia. La falta de acompañamiento institucional y el desgaste emocional que supone un proceso prolongado sin resultados concretos desmotivan a las víctimas, quienes en ocasiones optan por no seguir adelante con la denuncia.

Uno de los principales problemas identificados es la ausencia de mecanismos de protección efectivos para garantizar la seguridad de las víctimas durante y después del proceso judicial. En muchos casos, la recolección de pruebas en delitos de violencia doméstica es deficiente, lo que dificulta la judicialización de los casos y genera un bajo índice de condenas a los agresores, que alimenta un círculo de impunidad que desalienta a otras mujeres a denunciar y buscar apoyo en las instituciones.

Por otro lado, la falta de formación en perspectiva de género dentro de las instituciones de seguridad y justicia impide que las denuncias sean atendidas con la celeridad y sensibilidad necesarias. En diversas ocasiones, se observó que las víctimas reciben respuestas desalentadoras por parte de las autoridades, quienes minimizan la gravedad de los hechos o incluso responsabilizan a las mujeres por la violencia sufrida.

Más allá del impacto directo en las víctimas, los resultados evidencian que la violencia de género afecta a las comunidades en su conjunto. La exposición continua a situaciones de violencia dentro del hogar genera traumas en menores de edad, quienes crecen en entornos donde la agresión es vista como un mecanismo legítimo de control, para perpetuar patrones de comportamiento violentos en futuras generaciones, dando lugar a un ciclo intergeneracional de violencia que es difícil de erradicar sin intervenciones efectivas y sostenibles.

Para ilustrar el impacto de la violencia de género en el acceso a la justicia y la seguridad de las víctimas, se presentan los principales obstáculos identificados y sus consecuencias:

Tabla 3

Obstáculos en el acceso a la justicia para víctimas de violencia de género

Los resultados de la investigación reflejan que la violencia de género no solo es un problema de derechos humanos, sino también un desafío estructural que limita el acceso a la justicia y perpetúa la inseguridad de las víctimas. La falta de protocolos efectivos de protección, el déficit en la formación de operadores judiciales y la ausencia de una orientación integral en la respuesta institucional continúan siendo barreras que impiden una atención efectiva.

Para garantizar un acceso real a la justicia, resulta fundamental reformar los procedimientos judiciales para acelerar los procesos, fortalecer los mecanismos de protección, mejorar la recolección de pruebas y asegurar que los operadores judiciales reciban capacitación obligatoria en género. Asimismo, es imprescindible diseñar estrategias para romper el ciclo intergeneracional de violencia, asegurando que los menores expuestos a situaciones de abuso reciban apoyo psicológico y educativo que les permita desarrollar relaciones libres de violencia en su vida adulta.

Retos y propuestas para una mejor intervención

Los resultados obtenidos en la investigación evidencian la necesidad de abordar una serie de desafíos fundamentales para mejorar la respuesta ante la violencia de género en Cuba. En este sentido, uno de los aspectos prioritarios es el fortalecimiento de la capacitación de los operadores del sistema de justicia penal y del personal de instituciones clave, asegurando que cuenten con formación especializada en género y derechos humanos. La sensibilización y educación en estas áreas permitirán una atención más adecuada a las víctimas y una aplicación más efectiva de las normativas vigentes. A su vez, es imprescindible la implementación de mecanismos de supervisión y evaluación que garanticen el cumplimiento de los protocolos establecidos, evitando que queden como simples directrices sin impacto real en la protección de las mujeres.

Desde una perspectiva comunitaria, se requiere una mayor inversión en programas de sensibilización y prevención que contribuyan a transformar los patrones socioculturales que perpetúan la violencia de género. La educación en equidad, tanto en el ámbito escolar como en espacios comunitarios, es una herramienta clave para generar un cambio de mentalidad y fomentar redes de apoyo efectivas para las víctimas. Asimismo, la participación activa de líderes comunitarios, organizaciones sociales y medios de comunicación en la visibilización del problema puede ser una estrategia esencial para reducir la tolerancia social hacia la violencia de género y aumentar el número de denuncias.

Otro reto crucial es la ampliación de los recursos destinados a la atención de las víctimas, lo que incluye la creación de más centros de refugio, el fortalecimiento de los programas de asistencia legal gratuita y la implementación de mecanismos de apoyo económico que permitan a las mujeres en situación de violencia lograr su autonomía financiera. La independencia económica es un factor clave para que las víctimas puedan salir del círculo de violencia, evitando la dependencia de sus agresores. Sin estas garantías, muchas mujeres permanecen en entornos de maltrato por la falta de alternativas viables para su sostenibilidad y la de sus hijos.

Además, es fundamental promover una mayor coordinación interinstitucional entre el sistema de justicia, los organismos de salud, las instituciones de protección social y las organizaciones de la sociedad civil, con el objetivo de garantizar una respuesta integral que abarque los aspectos legales, psicológicos y sociales de la violencia de género. En aras de permitir una atención más eficiente y una reducción de la revictimización, brindando un acompañamiento adecuado a las mujeres durante todo el proceso de denuncia y recuperación.

Los resultados de la investigación reflejan que, si bien en Cuba se han logrado avances en la legislación sobre violencia de género, la brecha entre la normativa y su aplicación efectiva sigue siendo un problema estructural. Las barreras socioculturales, la falta de formación especializada en los operadores judiciales, la insuficiencia de mecanismos de intervención institucional y la escasez de recursos destinados a la protección de las víctimas continúan limitando el acceso a la justicia y perpetuando este fenómeno. Por ello, resulta imprescindible fortalecer las estrategias de prevención, mejorar la atención integral a las víctimas y garantizar que las políticas públicas en esta materia sean efectivas y sostenibles en el tiempo.

Conclusiones

La investigación evidenció que la violencia de género en Cuba sigue siendo un problema estructural que afecta gravemente el acceso a la justicia y la seguridad de las víctimas. A pesar de los avances en la legislación y el compromiso estatal para erradicarla, persisten deficiencias significativas en la aplicación de las normativas, la formación de los operadores judiciales y la implementación de mecanismos efectivos de protección. La brecha entre el marco normativo y su ejecución real limita el impacto de las políticas públicas, lo que genera una sensación de impunidad y desconfianza en las instituciones encargadas de atender estos casos.

Uno de los principales resultados de la investigación es que los factores socioculturales desempeñan un papel determinante en la baja tasa de denuncias. La presión social, los estereotipos de género y la dependencia económica dificultan que las víctimas busquen apoyo institucional y opten por romper el ciclo de violencia. En muchos casos, la normalización de la violencia dentro de la comunidad y la revictimización por parte de las autoridades refuerzan el silencio y perpetúan la agresión.

Asimismo, se identificaron importantes deficiencias en la intervención institucional y comunitaria. La falta de recursos, la escasez de centros de refugio y la poca articulación entre las entidades responsables generan respuestas fragmentadas y poco efectivas. La ausencia de estrategias de detección temprana y la falta de inversión en programas de prevención y sensibilización dificultan la erradicación del problema desde sus raíces.

El impacto de la violencia de género no se limita a las víctimas directas, sino que afecta a toda la sociedad. La exposición continua a situaciones de violencia dentro del hogar tiene efectos devastadores en las nuevas generaciones, perpetuando patrones de comportamiento agresivos y consolidando ciclos intergeneracionales de violencia. En este sentido, se vuelve imprescindible fortalecer los programas educativos y comunitarios que promuevan una cultura de equidad y prevención.

Para mejorar la respuesta ante la violencia de género, la investigación destaca la necesidad de reforzar la formación en enfoque de género y derechos humanos dentro del sistema de justicia, así como de establecer mecanismos de supervisión que garanticen el cumplimiento efectivo de las normativas vigentes. También se requiere ampliar los recursos destinados a la protección de las víctimas, incluyendo asistencia psicológica, refugios seguros y apoyo económico para fomentar su autonomía. Además, se deben implementar estrategias de articulación interinstitucional que aseguren un abordaje integral del problema y una respuesta eficiente ante cada caso.

Por tanto, aunque Cuba ha dado pasos importantes en la lucha contra la violencia de género, los desafíos actuales requieren acciones concretas y sostenidas en el tiempo. La erradicación de este fenómeno sólo será posible mediante un compromiso real del Estado y la sociedad en su conjunto, con políticas públicas efectivas, mayor acceso a la justicia y una transformación profunda de las estructuras sociales que perpetúan la desigualdad y la violencia de género.

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Recibido: 05/03/2025 Aceptado:05/05/2025 Publicado:30/05/2025

*Notario con competencia en la provincia de Villa Clara, República de Cuba, sede en el municipio de Santo Domingo. Email: yaydelin7@gmail.com

Especialista de la Dirección Provincial de Justicia de Villa Clara (2012-2013). Jueza del Tribunal Provincial Popular de Villa Clara, Sala Primera de lo Penal (2013-2022), Notario con competencia en la provincia de Villa Clara, sede en el municipio de Santo Domingo de la República de Cuba (2023- hasta la actualidad)

ISSN 2415-5063 Versión impresa ISSN 2415-5071 Versión en línea

https://ojs.ministeriopublico.gov.py Contacto: revistajuridica-isemp@ministeriopublico.gov.py

Artículo de acceso abierto. Licencia Creative Commons 4.0

Normativa vigente	Brechas en su aplicación
Código Penal (Ley No. 151 de 2022) - Tipifica el feminicidio y endurece penas para delitos de violencia de género.	No se aplican sanciones efectivas en casos de agresiones leves sin lesiones físicas evidentes.
Código de Procesos - Establece medidas de protección para las víctimas.	Los operadores de justicia desconocen o no aplican de manera oportuna estas medidas, dejando a las víctimas en riesgo.
Protocolo de Atención a Víctimas de Violencia de Género	Falta de capacitación del personal judicial y policial para su correcta implementación.
Ley del Proceso Penal (2021) - Refuerza los derechos de las víctimas en el proceso penal.	Persisten prácticas de revictimización en las declaraciones y procesos judiciales.
PAM	Falta de recursos y monitoreo efectivo para garantizar su cumplimiento en todas las regiones del país.

Desafío identificado	Impacto en la respuesta institucional	Soluciones propuestas
Falta de personal capacitado en la FMC y otras instituciones	Respuestas inadecuadas y revictimizantes para las víctimas	Implementar programas de formación continua con enfoque de género
Insuficiente articulación entre organismos judiciales, salud y organizaciones locales	Atención descoordinada y poco efectiva	Crear protocolos interinstitucionales para mejorar la coordinación en la atención a las víctimas
Escasez de centros de refugio y atención a la mujer	Falta de espacios seguros para las víctimas	Ampliar la infraestructura de refugios y mejorar su financiamiento
Ausencia de mecanismos de detección temprana	Mayor dificultad para identificar y prevenir la violencia	Establecer sistemas de monitoreo comunitario y líneas de denuncia accesibles
Falta de campañas de sensibilización y prevención	Normalización de la violencia en la sociedad	Implementar estrategias educativas y mediáticas que fomenten la denuncia y la igualdad de género

Obstáculo identificado	Consecuencias para las víctimas
Lentitud y burocracia en los procesos judiciales	Desmotivación y abandono del proceso judicial
Falta de mecanismos de protección	Víctimas expuestas a nuevas agresiones y represalias
Recolección deficiente de pruebas	Dificultad para judicializar los casos y baja tasa de condenas
Falta de formación en género del personal judicial	Atención revictimizante y respuestas desalentadoras
Normalización de la violencia en la comunidad	Desconfianza en las instituciones y baja tasa de denuncias
Impacto en menores expuestos a violencia doméstica	Reproducción de patrones de violencia en futuras generaciones