(untitled) (Revista jurídica. Investigación en ciencias jurídicas y sociales, 2017)
Mucho se ha escrito respecto a las innovaciones elementales del Código Penal vigente y a sus diferentes modificaciones introducidas en la transición de su aplicación con el fin de una mejor adaptación o de una adopción legal foránea más conveniente en el derecho positivo nacional. Con la finalidad de establecer, desde el Estado, una protección a la fami- lia o a la integridad física en específico, se han tipificado o creado reglas que califiquen mejor una determinada conducta, como un tipo penal de aplicación vigente: La Violencia Familiar. Es este el tipo penal finalmente adoptado por la legislación nacional y es consecuencia de una larga lucha de mujeres y organizaciones comprometidas con la materia, en la defensa de los derechos de las mujeres y con mayor especi- fidad de quienes, en el ámbito familiar, son objeto de agresiones de naturaleza física, sicológica o sexual, que a la larga se traducen en trastornos familiares. Es sabido que el Estado fija y promueve políticas públicas cuyo fin es evitar la vulneración de una franja bastante victimizada en torno al asunto. El propio Código Penal, en los artículos 14, 49, 54, 60, concordantes con otros capítulos y artículos, impone la obligación de la toma de razón. En el Código Penal (Ley 1160/97) se ha tipificado como hecho punible la Violencia Familiar, al definirla certeramente como una figura penal adoptada por política criminal de Estado, para obtener resultados alentadores que permi- tan establecer una disminución de los casos de violencia intrafamiliar.