(untitled) (Revista jurídica. Investigación en ciencias jurídicas y sociales, 2017)
En el año 2000, se ha dado inicio a la implementación del nuevo proceso penal, enmarcado en características de publicidad, contradicción y oralidad. Este nuevo proceso, a los efectos de establecer una clara evolución, busca sobre todo garantizar los derechos de aquel a quien se somete a un proceso penal, por medio de diversas garantías procesales acordes todas ellas a las previstas por la Constitución Nacional y los tratados ratificados por nuestro país en el año 1989.Un instrumento importante dentro de este nuevo proceso penal es el acta de imputación, que, y a pesar de las consideraciones de los proyectistas, aparentemente, se ha constituido en un elemento criminalizante no solo desde el punto de vista social sino jurídico. Si en los medios de comunicación pesa más el acta de imputación que la acusación fiscal o la propia condena, ella podría constituirse con claridad en un elemento que aun sin tener fuertes bases probatorias de la existencia o no del hecho punible, señala a un ciudadano como autor de un hecho punible, autoría labrada bajo la sospecha y que redactada en un acta, pasará a formar parte de los antecedentes penales de un ciudadano. Entonces, analizar las consecuencias sociales y jurídicas que conlleva la formulación del acta de imputación contra un ciudadano, bajo una disciplina científica tendría por efecto necesario, extender las posibilidades de comprender las verdaderas consecuencias de la formulación del acta de imputación.