Programa de Protección a testigos • María E. Segiovia Cabrera Viedma • 181-210
crea el Programa de Acompañamiento y Protección a Testigos y Víctimas en
Procesos Penales”, que en su Artículo 1º establece su objeto y finalidad al enun-
ciar que se implementarán medidas de acompañamiento, asistencia y seguridad,
como medidas de protección, cuando exista un riesgo o peligro como conse-
cuencia de la participación del testigo, víctima, intervinientes o colaboradores
dentro de un proceso penal, limitando el ámbito de protección especial –excep-
cional– por parte del Estado.
Este deber legal recae en el Ministerio Público e impone el cumpli-
*
miento irrestricto del Principio de Objetividad en la investigación penal, guia-
do por los principios y valores éticos, de manera a no confundir la medida de
protección como un favor que debe ser retribuido por el testigo, la víctima,
interviniente o colaborador, por lo que, siguiendo las directrices de las Naciones
Unidas, de la Organización de Estados Americanos y las “Guías de Santiago
**
sobre protección de víctimas y testigos” , se crea una estructura independiente
jerárquicamente al agente fiscal actuante.
El programa está a cargo de una Dirección, dependiente de la Fiscalía
General del Estado, creado por Ley n.º 4083/11 e incorporado al organigrama
*
- Código Procesal Penal, Art. 54: “El Ministerio Público regirá su actuación por un criterio
objetivo, velando por la correcta aplicación de la ley y tomando en consideración los elementos
de cargo y de descargo en relación al imputado”, cuya interpretación está dada por las Guías de
Santiago sobre protección de víctimas y testigos, ítem 1, Capítulo I, explica que el Ministerio
Público: “…aborda su relación con las víctimas bajo un principio de discriminación positiva,
fundada en el grado de vulnerabilidad; esa vulnerabilidad viene esencialmente determinada por
el tipo de delito, la relación de la víctima con el agresor, la disponibilidad para acceder a medios
de ayuda y asistencia y el perfil psicológico, anímico, económico y social de la víctima. Con esos
parámetros, el Ministerio Público adecuará la forma e intensidad de su intervención”.
*
*- Conforme a las Guías de Santiago, la Ley n.º 4083/11 establece que la Dirección del Programa
no mantenga relación de jerarquía o dependencia respecto al agente fiscal actuante en el proceso
penal, con un presupuesto independiente de acuerdo a su necesidad operativa.
1
99
